Manifestación el pasado 7 de septiembre de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Público Gaspar de Portolá

Por José Luis Román.-El pasado 7 de septiembre, un grupo de personas convocadas por la Asociación de Padres de Alumnos del colegio público Gaspar de Portolá de la localidad leridana de Balaguer, se manifestaron a las puertas del Centro enarbolando banderas independentistas exigiendo el DESACATO a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenaba impartir el 25% de asignaturas en castellano. Asimismo, se pudieron leer pancartas llamando a la desobediencia y en defensa de la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán -como se viene aplicando-, a pesar de ser un modelo prohibido por Ley.

La concentración fue apoyada a su vez por los partidos políticos: CDC, UNIO, ERC, la CUP y el PSC que, como todos sabemos, son partidos políticos que están siendo subvencionados con dinero de todos los españoles, pero cuyos dirigentes odian a España con toda su alma.

La reintroducción del bilingüismo, tal y como recoge la sentencia, nace de la denuncia de una familia residente en Balaguer para que se les garantice el derecho que tienen sus hijos a recibir clases para su educación y formación, en castellano.

La  “AEB” (Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña) -que se ha encargado de asesorar jurídicamente a esa familia-, ha denunciado que estos padres han sufrido presiones por parte de la dirección del Centro y del responsable de los Servicios Territoriales de Enseñanza de la Generalidad en Lérida, Miquel Àngel Cullerés, para que renuncien a ejercer el derecho que les reconoce el TSJC, ofreciéndoles a cambio, clases extraescolares en castellano.

Pero, las intimidaciones han ido más allá. Según los denunciantes, la Asociación de Padres de Alumnos del colegio ha instado al resto de padres, a no llevar a sus hijos a la escuela por considerar que la sentencia les deja “marginados” al obligarles a recibir seis horas semanales de educación en castellano.

Y no contentos con esto, la dirección del colegio ha filtrado los datos personales de los padres que exigen el derecho a que sus hijos estudien en castellano, a la prensa nacionalista, por lo que la familia ha empezado a sufrir un boicot en el pequeño negocio que regentan en el pueblo.

A todas estas intimidaciones, al más puro estilo de la mafia calabresa o siciliana, se suma también el llamamiento que se hace a través de las redes sociales, para que se haga “bullying” (acoso físico o psicológico a un alumno por parte de sus compañeros) a los hijos de los padres denunciantes.

Y para terminarlo de arreglar, la candidata de ERC en las pasadas elecciones municipales Roser Jurado Regué, ponía de manifiesto tener un cementerio particular al declarar lo siguiente: “¡Esto no quedará así! Al inicio de curso ya se verá cómo se recibe a esa familia”.

Esto que ocurre en Balaguer no es algo nuevo. No es la primera vez que se llevan a cabo presiones de este tipo a familias que han conseguido que los Tribunales de Justicia les reconozcan el derecho a una educación bilingüe para sus hijos. Recuerdo que en el mes de mayo, cientos de personas se concentraron a las puertas de un colegio de Mataró (Barcelona) -encabezados por dirigentes y concejales de CiU, ERC, ICV y la CUP-, para exigir también el DESACATO a otra sentencia Judicial en el mismo sentido.

Pero, mientras todo esto tiene lugar, ¿que hace la Justicia española frente al desacato de estas sentencias y el comportamiento de estas hordas secesionistas? ¿Qué hace el gobierno de Rajoy para proteger a los ciudadanos españoles víctimas de éstos totalitarios y sectarios independentistas? Pues no hacen absolutamente nada. Y como no hacen absolutamente nada, y vemos como con total impunidad se desoyen sentencias judiciales y se amenaza además a los denunciantes con desafiante chulería, considero oportuno, justo y necesario, como miembro de esa familia de Balaguer por el hecho de considerarlos compatriotas míos, formular públicamente las siguientes preguntas: ¿Dónde está aquel que fuera “Señor de Balaguer” antes de ser coronado Rey? ¿Dónde está quien asumió ese Título en 1990 en aquella ciudad catalana? ¿Por qué no intercede de una vez ejerciendo su autoridad, para defender con gallardía y como Jefe Supremo del Estado, a una humilde familia española, acosada, amenazada, asediada y abandonada por el Gobierno y la Justicia?

Convendrán conmigo, que llegados a un punto de desamparo total y absoluto por parte del Gobierno de la nación y de la Justicia española, de tantas familias a las que han abandonado a su suerte en un territorio sin Ley como es Cataluña, sea el momento de apelar a la más alta magistratura del Estado para que ejerza de una vez su autoridad -si es que la tiene-, y dé un paso al frente para defender a miles de españoles, que están viendo conculcado y pisoteado su derecho a estudiar en castellano y ser y sentirse españoles en Cataluña, como reza en esa Carta Magna a la que tanto se alude y se invoca, y a la que un día aquel “Señor de Balaguer” juró lealtad.