De los 37 opositores a la Policía Local en 2012 que están ya formalmente acusados por la Fiscalía de delitos de revelación de secreto por haberse beneficiado supuestamente de la filtración del examen, sólo cuatro carecen de relación familiar directa con otros miembros del Cuerpo, aunque el escrito de acusación de la fiscal aclara que son conocidos, o incluso «amigos íntimos», de algunos de los aspirantes que en teoría accedieron a la plantilla de corrección y a 80 preguntas de las cien que formaban el examen tipo test con anterioridad a la celebración de la prueba.

A otros cinco de ellos no se le hace constar ningún tipo de parentesco porque, a pesar de que tanto el juez instructor como el Ministerio Público consideran que hay pruebas suficientes como para que sean juzgados por la obtención previa del examen, ni aun así lograron superarlo y acceder a la institución. El resto del listado, compuesto por otros 28 aspirantes más, mantiene nexos claros deparentesco con policías que ya estaban en activo, con miembros del sindicato Sppme o con altos mandos de otras localidades.

La Fiscalía hace constar estas relaciones en su informe por dos razones: porque en el tribunal había dos personas que tenían que haberse abstenido de examinar a los aspirantes dado su nexo con varios de ellos y porque esta circunstancia refuerza la hipótesis de que el examense filtró en un círculo muy reducido de personas «con la intención de favorecerlas».

En el primero de los supuestos incurren el superintendente de la Policía, Juan José García, para quien el Ministerio Público pide hasta trece años de inhabilitación por delitos continuados de revelación de secretos y prevaricación, y el miembro del sindicato Manuel Baso. De García asegura que coló a su cuñado y a un sobrino. Del segundo, que favoreció la entrada del hijo del presidente de dicho sindicato. En los dos casos, la Fiscalía considera que esta relación es «causa de abstención» en el tribunal. Y ninguno de los dos se inhibió. A Baso, por cierto, también le pide dos años de prisión por un presunto delito de cohecho, ya que uno de los «enchufados» fue el hijo del delegado de ventas de la empresa que suministra ropa a la Policía Local desde 2007 a 2013. A cambio, según el escrito, este empresario invitó al citado miembro del tribunal «por cuenta de su empresa y sufragando los gastos ésta a pasar dos días en Madrid».

El resto de beneficiados forma parte de una lista de «aspirantes a los que tenían intención de favorecer» tanto el superintendente como el otro mando policial que se sentó en el tribunal, Gabino S.C. La enumeración de acusados por la obtención del examen gracias a esta «filtración selectiva no sólo de la plantilla de correción del cuestionario tipo test, sino también y especialmente, de la plantilla de corrección del caso práctico» es casi un árbol genealógico.

La fiscal que lleva el caso, Ana María Linares, deja constancia, por ejemplo, de que dos de los opositores que supuestamente aprobaron por esta vía son hermanos y, a su vez, hijos de un actual subinspector del cuerpo. Éste es el parentesco que más se da. Concretamente hay 16 hijos de actuales policías implicados en este escándalo. El resto de relaciones se completa con cuatro sobrinos, cuatro hermanos, tres parejas y el citado cuñado del superintendente.