Un miembro de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) habla con un grupo de refugiados eritreos antes de viajar a Suecia.

La llegada de los primeros refugiados, que se enmarca dentro de la cuota asignada por la Unión Europea a España y cuya cifra total supera las 15.000 personas, distribuidas en dos años, es inminente. Si bien nadie se atreve a dar una fecha concreta –el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró el jueves en Bruselas que el primer grupo llegaría «en breve»–, todo apunta a que será a finales de este mes o primeros de noviembre. «No tenemos conocimiento del día exacto. Tras la reunión del pasado 28 de septiembre, se nos dijo que aproximadamente llegarían en un mes», indica Pablo Gómez Tavira, director general de Servicios Sociales e Integración Social, de la Comunidad de Madrid, uno de los organismos implicados en la reubicación de refugiados.

En cuanto al número de personas que vendrán en este primer viaje, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, avanzó la semana pasada desde Luxemburgo que España se había comprometido a recibir a 50 asilados de manera «inmediata». Cifra que corrobora Marina del Corral, secretaria general de Inmigración y Emigración del ministerio de Empleo y Seguridad Social. «Eso es un dato público. Nosotros estamos preparados ya aunque la fecha específica está aún en el aire porque estamos sujetos a cuando Italia pueda estar más operativa, pues este proyecto es con ella. En cuanto Grecia esté preparada lo haremos con ese país».

Del Corral se refiere a la operatividad de los hot spots, centros logísticos –físicos y virtuales–, creados en los países de primera entrada, en este caso Italia y Grecia, «donde se identifica a los refugiados que llegan y donde, según el Reglamento de Dublín, deben pedir asilo». Un texto que ha sido flexibilizado en los últimos meses por la UE ante la masiva llegada de refugiados a un reducido número de países (Italia, Grecia y Hungría), permitiendo «derogar parcialmente» el reglamento para poder «subrogar la responsabilidad» sobre el refugiado a un segundo país, en este caso España. «Se trata de un mecanismo excepcional y temporal», subraya.

Distribución sin cuotas

En cuanto a la nacionalidad de los refugiados que llegarán a nuestro país en unos días, Del Corral quiere puntualizar que no debe «asimilarse la palabra refugiado a sirio. Es cierto que esta población obtiene casi al 100% el estatuto de protección internacional, pero no son los únicos que solicitan asilo. Es más, las decisiones europeas no concierten solo a sirios, también a iraquíes y eritreos». Son estos últimos los que podrían participar en esta experiencia piloto. «Lo más probable es que si el primer grupo viene de Italia, donde la gran mayoría son de Eritrea, los que vengan sean de allí», señala Gómez Tavira.

Los organismos oficiales, tanto estatales como autonómicos, contarán con la colaboración de tres ONG –Cruz Roja, ACCEM y CEAR–, para las que el Gobierno aprobó el mes pasado por Real Decreto la concesión de una subvención directa y excepcional por valor de 13 millones de euros para este año y 2016.

Su labor consiste en la acogida y supervisión de los refugiados los dos próximos años, periodo que se distribuyen en tres fases. «Cuando llegan los recibimos en los centros de acogida, donde permanecerán seis meses», explica a ABC Almudena Echevarría, responsable del programa de refugiados de la Cruz Roja en España. La única ONG de las tres que al parecer sí ha recibido una reserva de plazas para «entre veintitantos y treinta y tantos refugiados», cuya llegada es inminente, aunque no ha podido precisarnos en qué ciudades serán alojados.

«Tenemos casas de acogida en once provincias y estamos en plena creación de plazas nuevas. Creemos que algunos se quedarán en Madrid, donde tenemos un piso de 18 plazas, y algunas las hemos reservado», explica Echevarría. También han bloqueado camas en Navarra y Vizcaya. «Pero esto es movible, porque depende de la disponibilidad de plazas». La distribución geográfica de los refugiados se hará conforme a esa disponibilidad y «no por cuotas autonómicas ni provinciales», matiza.

Cubrir las necesidades básicas

En esta primera fase se cubrirá todas las necesidades básicas de los asilados: «alojamiento, manutención, higiene, vestuario…». También se les proporcionará «el aprendizaje del idioma y del entorno para que conozcan el país en el que están, cómo manejarse aquí, la sanidad, cómo se accede a un empleo, la vivienda… En el caso de los adultos se trabajaba su sector laboral y su formación, y en el de los niños su integración en el colegio. Se trata de normalizar su situación: que tengan su tarjeta sanitaria, que estén empadronados…». Recibirán además un dinero de bolsillo de 51 euros mensuales por refugiado, cantidad marcada por el Estado.

Desde el momento que llegan a España, los refugiados tendrán permiso legal para vivir (no para circular por la UE) y trabajar (aunque no podrán hacerlo en los seis primeros meses). Los menores que lleguen solos pasarán a ser tutelados por Protección de Menores de cada comunidad autónoma.

Este periodo de seis meses se podrá prorrogar en casos excepcionales, como el de las personas con una vulnerabilidad especial –menores, mayores de 65 años, víctimas de tortura y trata de seres humanos, con alguna patología mental…–, que podrán permanecer en el centro hasta tres meses más.

Para afrontar la segunda fase, de integración o autonomía, en la que los asilados salen del centro y se tienen que buscar su propia vivienda y un trabajo, «se les facilita unas ayudas económicas para que puedan salir a la calle, y hacemos un seguimiento jurídico y psicológico de todo su proceso», indica Echevarría.

Integración y refuerzo

Estas ayudas se dividen en varias partidas. Una de ellas sirve para pagar el alquiler de la casa mientras buscan trabajo, cantidad que puede variar dependiendo del número de miembros del que se compone la familia, siendo la cifra máxima «para una familia de cinco miembro, de algo más de 700 euros. También se les da una ayuda para pagar la comida, la escolarización, clases de castellano…», explica Mónica López, portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). La duración de esta fase es de quince meses.

La tercera fase es de refuerzo puntual a los acogidos y dura tres meses. «Se supone que en este punto las personas deben tener un nivel de autonomía alto». Una vez transcurridos estos dos años, «consideramos que la persona ha terminado su itinerario de integración y está en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. Tendrá acceso a servicios sociales generales, pero no necesitará un acompañamiento por ser refugiados», concluye.

¿Por qué los sirios sí y los afganos no?

No todo el mundo tiene derecho a participar en el programa de reubicación de refugiados pues está solo pensado para solicitantes de protección internacional de nacionalidades cuya concesión del Estatuto supere el 75% de las solicitudes generales, «algo que se aplica a sirios, eritreos e iraquíes. De ahí que la nacionalidad afgana se haya quedado al borde, aunque su porcentaje esté muy cerca», explica Mónica López de CEAR.

«Afganistán dentro del marco de la UE es una nacionalidad que tiene un 70% de concesión de Estatuto y otro tipo de protección, y un 30% que se le deniega. Esas personas pueden seguir solicitando asilo a cualquiera de los países europeos a los que lleguen pero no entrarán en el programa de reubicación de Italia y Grecia –indica–. Si un afgano llegase a España se estudia su caso y se le puede dar algún tipo de protección subsidiaria».

Fuente: ABC