Sesión conjunta de las Cortes

Las retribuciones que perciben sus señorías son generosas comparadas con las del resto de los ciudadanos y también privilegiado es el fin de su «contrato temporal» como representantes de todos los españoles, que con la próxima disolución de las Cámaras será el escenario forzoso de todos los diputados y senadores, a excepción de los 103 y 38 que componen las respectivas Diputaciones Permanentes.

Estos miembros de las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo como sustitutos del Pleno y cobrando su nómina, pero los demás también. Y es que, según prevé el «Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas a favor de los exparlamentarios», los que terminan ahora su misión en el escaño tienen derecho a una «indemnización de transición», según la cualrecibirán de golpe su sueldo íntegro de dos meses como si tal cosa.

Es decir, la asignación constitucional de 2.813,87 euros que es común a todos, 870,56 euros para manutención si viven en Madrid o 1.823,86 euros si viven fuera y todos complementos que les correspondan por su pertenencia a comisiones, portavocías, etcétera.

La media se sitúa en 5.730,68 euros brutos al mes, de modo que verán ingresados en su cuenta de un día para otro más de 11.000 euros.

En su exposición de motivos, la ley indica que el objetivo de esta paga de transición es que sus señorías puedan hacer frente al periodo que va entre la disolución de Congreso y Senado y la constitución de los siguientes tras las elecciones, periodo «en el que no es evidente si se va a continuar en el desempeño del cargo pues ello depende de la voluntad de los ciudadanos».

No obstante, aunque el texto pueda dar lugar a confusiones, la indemnización puede ser solicitada por los diputados que estén en las listas de los partidos políticos con posibilidad de ser reelegidos, pero también por los que no figuren en ninguna lista.

En este último caso, se trata de que dispongan de dinero esos dos meses “mientras encuentran un trabajo”, aunque si no tienen éxito pueden recurrir a la siguiente vía de ingresos, la indemnización por cese.

De acuerdo con la normativa en vigor, la cantidad es la resultante de multiplicar cada año o fracción superior a seis meses en el escaño por 2.813,87 -cantidad de la asignación constitucional- con un tope de 24 meses.

En virtud de ello, al exdiputado Gaspar Zarrías, que entregó su acta tras ser imputado en el caso de los ERE, le fue reconocida en juliouna indemnización equivalente a ocho meses, es decir, 22,510,96 euros brutos. Y si los va a recibir fue porque los solicitó, ya que este derecho es «rogado», -esto es, hace falta pedirlo- al igual que la «indemnización de transición». Y todo, dinero público.