Zaida Cantera, Sara Hernández, Pedro Sánchez y Meritxell Batet, el pasado 30 de septiembre en Madrid.

Ya se sabía que Cristina González Álvarez es una persona de la máxima confianza de la secretaria general del PSOE de Madrid (PSOE-M) y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández. Que actúa como su mano derecha en la sede regional y, de hecho, se la puede ver en los actos con su jefa.

Ahora, ella y su dirección han colocado a González en un lugar preeminente en un órgano clave de cara a las generales del 20 de diciembre: el comité electoral. En concreto, ejerce de coordinadora adjunta, de número dos. No se trataría de un nombramiento polémico de no concurrir otra circunstancia: González Álvarez está imputada y procesada por varios delitos de corrupción en el ‘caso aparcamientos’, que todavía sigue vivo a la espera de que la Audiencia Provincial decida si se archiva la causa, como quiere la Fiscalía, o se abre juicio oral.

La conformación del comité electoral del PSOE-M se cerró en la reunión de la ejecutiva regional celebrada el pasado 16 de octubre, en pleno incendio en el partido por la entrada de Irene Lozano  en las listas a las generales.

Fue en el mismo encuentro en el que Hernández aseguró que haría todo lo posible por que la incorporación de la exdiputada de UPyD no afectase a los puestos reservados en la candidatura a los hombres y mujeres más ligados al PSOE-M. Objetivo que consiguió gracias a una carambola, ya que la Comisión Federal de Listas desplazó a la que iba a ser número cuatro por Madrid, Luz Rodríguez, a la cabecera de cartel de Guadalajara.

Quien iba de uno por la provincia manchega renunció al seguir imputado por estafa. Rodríguez, pues, se quedó con la primera plaza de Guadalajara –hecho que le indignó y digirió muy mal– y la cuarta por Madrid quedó para Lozano.

En esa reunión de la ejecutiva regional se decidió que el director de la campaña madrileña (técnicamente, el coordinador general del comité electoral del PSOE-M) fuera el responsable de Organización, Enrique Rico.

De él dependen directamente dos coordinadores adjuntos, Cristina González –que hace las veces de jefa de Gabinete de Sara Hernández– e Ignacio Pérez, responsable de la Organización de Villaverde, la agrupación de distrito de la que es secretario general el propio Rico.

Por debajo quedan cuatro vicecoordinadores: Daniel Viondi (Acción Electoral y Movilización), Puri Causapié (que se encarga de la capital, ella es la portavoz en el Ayuntamiento tras la destitución fulminante de Antonio Miguel Carmona) y Natacha de Andrés y Cristina Vélez (que asumen el resto de la Comunidad).

El equipo se completa con 12 áreas: administración y recursos, apoyo a candidatos, asesoría jurídica, campaña sectorial, campaña exterior, comunicación, coordinación institucional, actos públicos, igualdad, estudio y planificación electoral, campaña joven y día D (o sea, la logística de la jornada electoral del 20 de diciembre, que pilota la diputada nacional Ángeles Álvarez,número ocho por Madrid).

En total, cerca de 50 dirigentes y técnicos integran el comité, cuya función es apuntalar y dar cobertura a toda la actividad electoral en Madrid, en coordinación con Ferraz, especialmente en los actos protagonizados por el número uno de la lista, Pedro Sánchez. El comité mantuvo su primera reunión este pasado viernes, 23 de octubre, por la mañana.

Así que conforman el órgano una cincuentena de dirigentes –de cada área cuelgan sus respectivos adjuntos–, sí, pero en la cúspide figuran, en efecto,Rico, González y Pérez. González está imputada y procesada desde febrero de 2014

La exconcejala dimitió en 2014 y está a la espera, como el resto de imputados, de que la Audiencia resuelva si archiva la causa o sigue adelante

Fue en esa fecha cuando se conoció el auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Getafe, que ponía contra las cuerdas al que fuera alcalde de la localidad del cinturón rojo madrileño durante 28 años, Pedro Castro; a tres ediles socialistas -su hijo, David Castro, exconcejal de Hacienda; José Manuel Vázquez, exresponsable de Urbanismo, y la propia Cristina González, extitular de Obras- y la concejala de IU Silvia Uyarra.

El auto les acusaba de presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude, cohecho, negociación prohibida a funcionarios, malversación y tráfico de influencias en el llamado ‘caso aparcamientos’, que investiga la supuesta adjudicación irregular de las obras de cinco parkings de Getafe en 2007, cuando el PSOE aún gobernaba la ciudad, de 173.000 habitantes.

Sara Hernández, en un acto con alcaldes socialistas el pasado 18 de septiembre en Madrid.

El proceso judicial comenzó a raíz de una denuncia del PP local en 2009 -entonces estaba ocupando el banquillo de la oposición-, que llevó a la Justicia las supuestas irregularidades en la concesión de los garajes. González fue la primera imputada en la causa por otorgar las obras y explotación de uno de los cinco aparcamientos, de casi 500 plazas, a la cooperativa Jilguero, presidida por su marido, José Miguel Vieito, y en la que el padre y la madre de la edil figuraban como secretario y tesorera.

González fue a declarar como imputada en marzo de 2011. Casi un año más tarde, en enero de 2012, el PP de Madrid, que había conquistado el Gobierno local con Juan Soler al frente, se presentó como acusación particular por considerar que Castro y su hijo estaban implicados en la trama supuestamente corrupta, con un beneficio de unos 12 millones de euros para los gestores y concesionarios de los parkings. En octubre, acudieron como imputados al juzgado.

El auto de procesamiento se hizo público el 7 de febrero de 2014. Los socialistas anunciaron recurso y alegaron que la Polícia había dejado claro que entre los señalados no se habían detectado “incrementos patrimoniales”que pudieran tener un origen “desconocido”.

También argumentaron que la Fiscalía pedía el archivo de la causa. No obstante, el peso de la imputación hizo dimitir a los cuatro ediles socialistas y ala concejal de IU. Todos dimitieron y dejaron sus actas. Incluida González.

Para entonces, González ya se sentaba, en calidad de responsable de Política Municipal en la ejecutiva local de Sara Hernández, que asumió las riendas del partido en Getafe de 2012. La exedil estuvo cobrando, no obstante, un sueldo público procedente del Parlamento Europeo, como asesora local, radicada en Madrid, de la delegación socialista española.

Sin embargo, loseurodiputados del PSOE tramitaron su baja durante el verano. Pero ella  sigue figurando en la nómina de asistentes locales del secretario general del equipo de europarlamentarios socialistas españoles, el manchego Sergio Gutiérrez. En el entorno del dirigente insisten en que si continúa apareciendo en el listado es por la lenta burocracia de la Eurocámara.

“Cristina no tiene un puesto de primera línea, y no es un cargo político. Ella dejó su acta y pagó su precio político“, la defienden en la ejecutiva regional

Fuentes oficiales del PSOE-M, sin embargo, rehusaron aclarar hace un mes si González recibe ahora mismo un salario público o si trabaja “voluntariamente” con la baronesa madrileña. De donde no cobra una remuneración es del Ayuntamiento que gobierna Hernández.

Ahora Getate, la plataforma municipalista apadrinada por Podemos, pidió que González no acudiera a ninguna negociación de cara a la investidura, después de que fuera a la primera en representación de su partido. Y exigió que la Corporación no pagara ninguna remuneración a una imputada.

González no figura en la relación de personal eventual. Y quien ejerce como la jefa de Gabinete de la alcaldesa es Silvia Gómez Martín.

Otra cosa es el partido. González apoyó a Hernández en su ascenso al liderazgo del PSOE-M, que logró el pasado julio tras vencer en primarias internas al diputado autonómico  y tras sacar adelante su dirección en un crispado congreso en el que no integró a su rival y dejó un reguero de descontentos.

González sigue al lado de Hernández como su fiel escudera y “amiga” suya que es, como la definen en el partido. Prueba de ello es que la acompaña a los actos públicos, igual que Juanma Serrano sigue los pasos del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en calidad de jefe de Gabinete.

Ahora, tras la decisión de la ejecutiva regional, González es, formalmente,número dos del comité electoral, a la par que Ignacio Pérez. Su nombramiento no chocó, pese a que la causa judicial sigue viva. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) señalaron que es probable que la Sección Primera de la Audiencia Provincial no tarde mucho en resolver, dado los meses que lleva el recurso atascado. Impugnación presentada por el PSOE y por la propia Fiscalía, que pide el sobreseimiento del caso. El ponente es el magistrado Manuel Chacón.

El PSOE-M prefiere no comentar más del ‘caso González’ y Ferraz responde con el silencio

“Cristina no tiene un puesto de primera línea, y no es un cargo político. Además, los adjuntos trabajan con el responsable del área. En este caso, con Kike Rico. Ella dejó su acta de concejala y pagó su precio político.

Así que su imputación sí tuvo consecuencias”, señala una dirigente de la ejecutiva de Hernández, que rechaza todo tipo de comparaciones con otros casos, como el del líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, imputado por varios delitos de corrupción y al que Sánchez no ha retirado su confianza ya que no se ha abierto juicio oral y, por tanto, no se ha incumplido el código ético del partido. Otra compañera de la dirección regional apuntala esta versión: “Cristina hace un trabajo técnico. No hubo ningún problema ni ningún comentario cuando se la nombró”.

Juan Segovia, tras votar en la agrupación de Fuencarral en las primarias del PSM, el pasado 26 de julio.

La decisión, sin embargo, no ha gustado por completo a todo el núcleo cercano a Hernández. Un miembro de su cúpula señala que “agradar, no agrada” la designación de González como número dos del comité electoral. “Pero yo no quiero preguntar ni soy juez ni nada. Sí es cierto que Cristina es una persona muy cercana a Sara, pero no habría hecho falta ponerla en ningún organigrama para hacer esa función”, añade esta fuente. Otros cuadros del PSOE-M hablan de “torpeza”.

Desde el PSOE-M no quieren comentar nada sobre este asunto y se remiten a las puntualizaciones que fuentes oficiales de la federación hicieron a este diario hace justo un mes. Y desde Ferraz, preguntada por si la situación de González incomoda o no a la dirección federal, se respondió también con el silencio.

Fuentes próximas a Tomás Gómez, el predecesor de Hernández en la Secretaría General del PSOE-M (antes PSM), defenestrado por Sánchez en febrero, expresaron a este periódico su estupor por el hecho de que González forme parte del comité electoral regional. “Es sorprendente que esté en ese órgano una persona imputada, y más cuando ocupa un puesto tan visible como el de coordinadora adjunta. En el ‘caso aparcamientos’, en el que está imputada, nada ha cambiado judicialmente”, dicen las fuentes.Y añaden: “Este comité electoral es el que promueve el voto hacia la lista socialista por Madrid, cuyo número uno es Pedro Sánchez. Cada comité electoral actúa en su ámbito regional y luego Ferraz los coordina a todos”.

En efecto, los comités territoriales replican el federal y se encargan de la movilización en sus comunidades, ayudados por los comités que se montan en cada una de las agrupaciones. La participación de los cuadros federales o de figuras como los expresidentes Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero se van cuadrando con Ferraz, que en todo caso lleva el peso y la estrategia de la campaña, dado que se trata de unas generales.

El pasado 20 de octubre, por ejemplo, los candidatos por Madrid a Congreso y Senado presentaron su campaña a las generales en la calle, y el acto lo organizó el PSOE-M. Acudieron Meritxell Batet (la dos), Rafael Simancas (el 5), Zaida Cantera (la 6), Ángeles Álvarez (la 8), Gema López (la 10) o Consuelo Cruz (la 18), todos con el espíritu de defender unas listas “muy potentes, fiables y de garantías”, según subrayó Rico, quien también enfatizó el grado de consenso alcanzado ( 95,5 % del Comité Regional, aunque con un 43% de abstención, celebrado antes de la incorporación de Irene Lozano).

Dos días más tarde, Sánchez protagonizó la puesta de largo de su reforma fiscal, y lo hizo en la capital, pero del montaje se encargó Ferraz. “Este sistema no es nada nuevo, es como se ha hecho siempre”, indican fuentes oficiales de la federación.

El comité electoral del PSOE-M es, básicamente, monocolor, de la cuerda de Hernández. Con una salvedad muy señalada, la de Juan Lobato, alcalde de Soto del Real, como encargado de la asesoría jurídica de la campaña, junto con Félix Bolaños.

Lobato pertenece al núcleo de confianza de Juan Segovia, de modo que su entrada se interpreta como signo de “integración” que quiere predicar la secretaria general hacia quien fuera su rival el pasado verano.

La exconcejala, como defendieron en su momento en el PSOE-M, no incumple los estipulado en el código ético del PSOE, puesto que dejó su cargo institucional en febrero de 2014 y, desde entonces, no ocupa ninguno otro.

Sí ejerce el cargo en la ejecutiva local y ahora está integrada en el comité electoral. Ese documento del PSOE, aprobado bajo el mandato de Sánchez, establece que cualquier cargo público u orgánico ha de dejar su puesto si se le abre juicio oral, y solicitará la baja voluntaria o, de lo contrario, será expulsado.

También permite a los órganos federales a actuar antes aunque media simplemente una imputación si el caso reviste gravedad.