La Central Unitaria de Traballadores e Traballadoras de Galiza ha conseguido llevar a la Comisión de Control del Parlamento gallego sobre el presunto fraude a la Seguridad Social por parte de Radio Televisión de Galicia. Interpelada en tres preguntas realizadas por los grupos AGE, BNG y PSdeG, el director general de CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, ha tenido que reconocer una “desviación máxima” de más de un millón y medio de euros, a razón de 400.000 euros anuales durante un periodo de cuatro años.

La dirección, no obstante, insiste en que estas cantidades se deben a “discrepancias técnicas sobre criterios de contabilización pendientes de acuerdo técnico”. Para la CUT, origen de la denuncia publicada por Diagonal en septiembre de 2015, Sánchez Izquierdo debe asumir las responsabilidades políticas “por estas actuaciones fraudulentas” y dimitir, algo que también han exigido AGE y BNG.

El director de la empresa considera que son “cantidades insignificantes”. Pero Brais González, de la CUT, recuerda que el límite para responsabilidad penal está en 50.000 euros y que, si se demuestra el fraude, acarrea penas de hasta cinco años de prisión. La CUT ha anunciado que estudiará recurrir a la vía penal contra la dirección de CRTVG.

Desde este sindicato recuerdan que, a las cantidades que Sánchez Izquierdo ha reconocido no haber abonado a la Seguridad Social, se deben sumar las cantidades que la plantilla ha perdido por la decisión unilateral por parte de la empresa de rebajar las cotizaciones.

La CUT se muestra preocupada ante los intentos de Sánchez Izquierdo por intentar desacreditar la denuncia dando datos “que no se corresponden con la realidad” y por el “talante antidemocrático del responsable de un medio de radiotelevisión después de que haya reconocido haber usado al medio como instrumento para defraudar a otra Administración Pública esencial como es la Seguridad Social”.

Como ya se publicó en este medio el pasado mes de septiembre, el origen del tajo a las cuotas a la Seguridad Social es el plan de recorte de Zapatero en 2010, que incluía una rebaja del 5% de los sueldos públicos. Junto a ese recorte se anunció una medida correctora para que la rebaja no tuviera efecto en las prestaciones de la seguridad social. Según la CUT, la empresa desobedeció ese mandato y no congelaron las cotizaciones, algo que afectó a más de mil trabajadores de la plantilla de CRTVG.