Eduardo García González, presidente de la asociación ‘Espanya i Catalans’, ha hecho un llamamiento a todos los catalanes no separatistas para que se congregen hoy lunes, a las 10 de la mañana, pacíficamente, en las puertas del Parlamento de Cataluña. Como se sabe, el Parlamento de Cataluña debatirá, votará y aprobará hoy la propuesta de resolución independentista. El Tribunal Constitucional admitió este jueves que es imposible frenar ese trámite parlamentario y rechazó la petición de Ciudadanos y PP de suspender cautelarmente la sesión parlamentaria.

“Tal como está anunciado públicamente, este lunes nueve de noviembre, a las diez de la mañana, el Parlamento de Cataluña, controlado por una banda de sediciosos, declarará oficialmente su decisión irreversible de desobedecer las leyes que nos hemos dado el común de los ciudadanos españoles. La situación exige que los ciudadanos conscientes del peligro al que estamos expuestos, -dada la exasperante inoperancia de las altas instancias del Estado-, debemos acudir, a título individual, sin siglas de ningún tipo, y congregarnos con el único título de españoles, a las puertas del Parlament de Cataluña. No temamos nada, nuestro deber es estar allí, para dar testimonio de nuestro completo rechazo a un Parlamento que se ha declarado en rebeldía institucional contra España”, declaró el presidente de Espanya i Catalans en declaraciones a Alerta Digital.

Eduardo García alertó de que los catalanes no separatistas podrían emprender una campaña de desobediencia civil contra la Generalitat de Cataluña si sigue desoyendo a los tribunales españoles y continuando con el proceso rupturista. “Con qué autoridad nos podrían exigir acatamiento a las normas los mismos que están cometiendo un delito de sedición”, señaló.

Aclaró sin embargo que la concentración de hoy no ha sido convocada ni organizada por su entidad, sino espontáneamente en las redes sociales “por representantes de la sociedad civil catalana, que están cansados de la sistemática burla a las leyes españolas por parte de los representantes separatistas catalanes”. Agregó que la iniciativa debería servir de aldabonazo ante el abandono que los catalanes unionistas están sufriendo por parte del Gobierno de la nación.

FORCADELL SERÁ SUSPENDIDA SI EL PARLAMENT DESOYE AL CONSTITUCIONAL 

Carmen Forcadell

Por otra parte, Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña, será responsable directa de posibles incumplimientos de las resoluciones judiciales sobre la declaración independentista que será aprobada hoy por la Cámara de Cataluña.

El Gobierno cambió en octubre la ley del Tribunal Constitucional para establecer un procedimiento por el que un alto cargo reciba la notificación de la suspensión por parte del tribunal de una decisión recurrida. Forcadell será la destinataria de la notificación y ella asumirá la responsabilidad, que puede acabar en que sea apartada de su cargo por el propio Constitucional. El Gobierno hará que la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, asuma toda la responsabilidad legal de cualquier posible incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional, según fuentes del Ejecutivo.

Este viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, advirtió a Forcadell, de que debe sentirse concernida “sin ninguna duda” como el objetivo prioritario de cualquier actuación del Ejecutivo, “tanto por la vía política como por la jurídica”, si a partir del próximo lunes es aprobada en esa Cámara la resolución independentista y se toma alguna decisión contra las órdenes y los mandatos del Tribunal Constitucional.

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta apuntó así, directamente por primera vez, contra un alto cargo concreto, en este caso del Parlamento catalán, porque entiende que si Forcadell permite y respalda esa votación “dejará de amparar en sus derechos a la mitad de la Cámara, y debe proteger a la totalidad”.

Reforma legal

En previsión de esa situación, en la reciente reforma de la Ley del Tribunal Constitucional estableció un procedimiento específico para que un alto cargo asuma directamente la responsabilidad por el posible incumplimiento de sus resoluciones. Para ello, una vez que el Gobierno impugne la próxima semana la resolución y el Tribunal Constitucional acepte el recurso y ordene la suspensión, ese acto será notificado directa y personalmente a Forcadell.

La reforma legal asegura que “todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva” y añade que “en particular, el Tribunal Constitucionalpodrá acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario”.

Los próximos pasos sobre el soberanismo

El lunes, el pleno del Parlamento de Cataluña iniciará a las 10 de la mañana el debate y votación de la resolución independentista.

El martes el Gobierno pedirá un informe urgente al Consejo de Estado, previo y preceptivo para poder impugnar la resolución.

El Constitucional examinará en los siguientes días el recurso y con toda seguridad lo admitirá a trámite, lo que supone la inmediata suspensión.

El tribunal notificará a Forcadell la suspensión por cinco meses de la resolución. En ese plazo examinará el fondo y si da la razón al Gobierno anulará la resolución.

En este caso, el Gobierno interesará al tribunal para que la presidenta del Parlamento catalán sea requerida personalmente para que cumpla la suspensión. A partir de ese momento, no podrá actuar de ninguna manera en cumplimiento de la resolución independentista. No podrá tomar ninguna decisión que emane de la resolución impugnada.

A continuación, el Gobierno dará órdenes a la Delegación del Gobierno en Cataluña para que vigile cualquier posible incumplimiento de la suspensión ordenada por el Constitucional.

La ley modificada por el PP en las Cortes asegura que “en caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído, requerirá a las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares a quienes corresponda llevar a cabo su cumplimiento para que en el plazo que se les fije informen al respecto”.

En ese caso, la Delegación del Gobierno lo comunicará al Gobierno central que como parte en el proceso, a su vez, se dirigirá al Tribunal Constitucional para que actúe.

El Tribunal podrá actuar entonces contra la presidenta del Parlamento catalán. O si fuera el presidente de la Generalitat o unconseller el que incumpliera la suspensión, sería contra ellos.

Multa o suspensión

El Tribunal Constitucional podría entonces suspender temporalmente a ese cargo público o imponerle una multa de 3.000 a 30.000 euros, según si el incumplimiento fuera total o parcial.

La ley habla de “imponer multa coercitiva de tres mil a treinta mil euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado. Acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos del tribunal”.

Se incluye una previsión legal para que se requiera al Gobierno para que actúe para lograr “la ejecución sustitutoria de las resoluciones recaídas en los procesos constitucionales”. La ley explica que “en este caso, el tribunal podrá requerir la colaboración del Gobierno de la nación a fin de que, en los términos fijados por el tribunal, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las resoluciones” y “deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder”.