La Conselleria de Bienestar Social sancionará a una residencia en la Comunitat por empezar despertar a los ancianos de madrugada. «Hemos detectado un caso en el que no hay justificación médica para que se levante tan pronto a los usuarios», explicaron fuentes del departamento dirigido por Angélica Such.

El proceso de sanción se produce después de que, en enero, el periódico Las Provincias ya informara de que la Asociación Valenciana de Familiares de Usuarios-Residentes en Centros Geriátricos (Avafurceg) había denunciado esta práctica «en ocho centros de mayores tanto de la provincia de Valencia, como de Alicante y Castellón».

Fuentes de CC.OO.-PV confirmaron las quejas recibidas de varios familiares porque los auxiliares comienzan a asear a los ancianos entre las cuatro y las cinco mañana para poder atenderlos a todos. El problema de fondo radica «en la falta de personal» que deja a los trabajadores con una gran sobrecarga de trabajo. En ocasiones, un auxiliar debe ocuparse de hasta 20 ancianos.

Tras la denuncia, el Síndic de Greuges abrió una investigación para esclarecer supuestas negligencias. Bienestar Social, además de actuar de oficio, también hace controles a partir de quejas como esta. «Se han realizado inspecciones no habituales», apuntaron desde la Conselleria. Se efectúan en momentos inesperados de la jornada para sorprender a los trabajadores del centro y en, muchas ocasiones, con acompañamiento de la Policía Local, algo bastante habitual en este tipo de actuaciones.

Tras abrir el expediente sancionador, ahora hay que determinar la infracción en el que incurre la residencia, de la que no ha transcendido ni su ubicación ni su titularidad.

Según establece el artículo 84 de la Ley 5/97 de Servicios Sociales de la Comunitat, existen tres tipos. En los casos leves se impondrá un apercibimiento y una multa que oscila entre los 300 y los 3.000 euros. Se incluye aquí no tener actualizado el libro de registro de usuarios y modificar la capacidad asistencial en torno a un 10% sin autorización.

Si se trata de una negligencia grave, el correctivo pasa de los 3.000 a los 5.000 euros y se prohibirá el acceso a la financiación pública durante un máximo de un año. Se consideran como tales no conservar las instalaciones en buenas condiciones higiénicas, no contar con las medidas de seguridad pertinentes o realizar cualquier acción que cause «daño efectivo para la salud» de los usuarios.

Cierre definitivo

En los casos más graves (como abrir o cerrar un centro sin permiso y proporcionar a los ancianos un trato denigrante) la multa va de los 15.000 a los 60.000 euros. También contempla la prohibición de acceder a financiación pública durante un periodo de hasta tres años. Se puede establecer el cierre temporal e incluso definitivo del centro.

«El objetivo es corregir estas situaciones no adecuadas. Lo más importante es garantizar el bienestar de los usuarios y que la atención es siempre de máxima calidad», afirmaron desde la Conselleria de Bienestar Social.

El artículo 85 de la ley arroja una serie de circunstancias para determinar la graduación de las sanciones. Así, dependerá del peligro que la actuación suponga para los usuarios, el grado de intencionalidad o negligencia de los hechos. También se tendrán en cuenta los perjuicios físicas o morales ocasionados y el número de afectados.

Desde Bienestar Social destacaron que durante 2010 se han llevado a cabo 182 inspecciones en los centros para mayores. En los últimos tres años, la cifra supera el medio millar.

Las mismas fuentes aseguraron que la calidad de los centros residenciales de la Comunitat Valenciana «se encuentran por encima de la media española exigible y también supera la europea».