Además del registro en la sede del PP en Madrid por la Guardia Civil, por presunta financiación ilegal, también ha sido noticia de portada en los periódicos, la muy probable imputación de Rita Barberá, por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Rivera ya ha venido a decir, que la imputación de un dirigente político, presupone que ya no debe seguir en la actividad política.

Algo que es perfectamente entendible, si se considera que la investigación comienza, al existir una serie de indicios sobre el político o la persona imputada.En relación con esto, considero que los aforamientos tendrían que desaparecer, con unas nuevas disposiciones normativas que los convirtieran en innecesarios, ya que entorpecen la acción de la justicia. Porque las garantías procesales estimo que son más que suficientes por sí mismas, para asegurar la protección de los derechos individuales, y la presunción de inocencia.

No era preciso que el PP mantuviera a Rita Barberá en la Diputación Permanente para reasegurar sus privilegios, con un doble blindaje de su aforamiento. Si es inocente no lo necesita y, si no lo es, pues que afronte el peso de la ley como cualquier ciudadano. Incluso Fabra ya se ha pronunciado sobre la situación política en el PP de la senadora Barberá, diciendo que tome una decisión obvia en beneficio del partido.

Anticorrupción ya ha preparado y ultimado el informe que va a remitir al Tribunal Supremo, con las pruebas existentes en contra de Rita Barberá. Se considera que son evidentes los indicios de delito en el pago de unos 300.000 euros en comidas y hoteles sin justificar.

Este comportamiento político también se puede considerar como un grave error de gestión, si se compara con cantidades mucho más elevadas que se han robado, si se piensa en la corrupción existente en el PP de Valencia, y que ha sido investigada con la operación Taula.

Y también es entendible que, si Barberá no se enteró de la tremenda red de corrupción que operó en Valencia ante sus ojos, pues la conclusión es clara, y si la conoció y no dijo nada, tampoco sale bien parada ante la opinión pública y los ciudadanos de este país.

Parece ser que la Fiscalía Anticorrupción de Valencia ve indicios incontestables para presentar una querella contra la senadora y exalcaldesa, para que declare en calidad de imputada, en el Tribunal Supremo. Porque se han registrado irregularidades en el caso Ritaleaks, ya que han sido examinadas más de 400 facturas de gastos sin justificar en la Alcaldía de Valencia. Al haber tanta carga documental es lógico que se plantee una querella, porque los presuntos delitos cometidos por Rita Barberá están muy bien determinados y definidos, lo que da más solidez jurídica al caso.

La judicialización de esta investigación está, por tanto, bien asentada, y se basa en evidencias. Que se gastaran 25.000 euros, en un envío de naranjas a multitud de dirigentes del PP de todo el territorio nacional, es una muestra más de las prácticas irregulares o corruptas, ya que se cargaron al Ayuntamiento de Valencia.

Aunque existen varios caminos procesales posibles, parece que se va a cursar ante el Tribunal Supremo la petición para trasladar un suplicatorio al Senado, con el fin de juzgar a Rita Barberá.

Y se votará en el Senado para que se permita que el Supremo pueda iniciar la investigación sobre Barberá. Pero como la votación es secreta y se vota con bolas blancas y negras, todo depende de que no salgan más bolas negras que blancas. Al final la decisión depende de la elección secreta a través de unas bolas, sin control de los partidos.