Antes de entrar en materia estoy obligado a hablar del ya famoso anuncio de una empresa de jamones y embutidos –“Navidul” por más señas- que circula desde hace días por las televisiones, en el que se hace mofa, befa, escarnio, burla, desprecio, linchamiento, afrenta, vejación, sarcasmo, ultraje, humillación y se ofende gravemente a los padres; muy oportuna sin duda, dada la proximidad del “Día del Padre” la iniciativa de la empresa que, hemos de suponer que “así”, de esa manera tiene intención de homenajear, de halagar, de elogiar a los papás españoles. Lo terrible de este asunto es que nadie, salvo algunas asociaciones de padres y madres divorciados, haya caído en la cuenta, supongo que por considerarlo “normal”, y ninguna autoridad, ni “observatorio” de tantos que pululan por el solar patrio hayan solicitado la retirada del insultante anuncio. Muy peculiar, sin duda, la manera que dichos organismo tienen de entender la “igualdad y no discriminación”.

También me llega la noticia del padre sevillano que ha sido privado de la patria potestad, y se la ha impuesto una orden de alejamiento de sus dos hijas, por haberles regañado. Bien, tras estas digresiones necesarias, volvamos al título de mi artículo:

La presunción de culpabilidad respecto de los padres de familia impregna a la totalidad de las normas legales españolas, relativas a la ruptura de pareja y la custodia de los menores tras la disolución del vínculo matrimonial.

En España se viola todos los días la Constitución, así como los diversos convenios internacionales a los que está adherido el Reino de España, en lo referente a preceptos tales como el de que todos -y todas- somos iguales ante la ley, el derecho a un juicio justo -con plenas garantías legales- y el derecho a la presunción de inocencia, o cuestiones tan básicas como que la carga de la prueba corresponde al denunciante y no al denunciado, cuando se trata de padres de familia inmersos en procesos de separación y divorcio. (Ley de Divorcio de 2005 y Ley Integral contra la “violencia de género” de 28 de diciembre de 2004).

La arbitrariedad y la injusticia llegan a tal extremo que, incluso llegan a dictarse sentencias tales como una en la que se obligaba a un hombre a sufragar los gastos de manutención de un menor del que logró demostrar que no es padre biológico.

Está de moda proclamar una mayor implicación de los varones en las tareas domésticas y en la crianza y en la educación de los hijos, medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, y cosas por el estilo; medidas a cual más creativa. Pero “casualmente” sólo cuando la familia esta “intacta”.

Se tiende a confundir familia con matrimonio.

Se da por sentado que el principal causante de las rupturas de pareja, si no el único responsable, es el varón, y que la mujer es la parte más vulnerable. Se da por supuesto que las mujeres son madres abnegadas, dispuestas a sacrificios y renuncias miles para lograr el bienestar de sus hijos y procurar lo mejor para la convivencia con su marido y sus hijos, y que esa heroica entrega debe ser compensada si el matrimonio se rompe.

Estamos asistiendo a una cada vez mayor criminalización de la paternidad.

La presunción de culpabilidad respecto de los padres de familia impregna a la totalidad de las normas legales españolas, relativas a la ruptura de pareja y la custodia de los menores tras la disolución del vínculo matrimonial.

Si un padre es tan incauto de ocurrírsele, y pretender, ejercer de padre tras el divorcio, continuar educando a sus hijos, seguir dándoles amor y cuidados -aquello que se denomina Custodia Compartida- será considerado sospechoso de perversidades miles, será mirado con lupa y deberá superar una interminable carrera de obstáculos (empezando por la oposición generalmente de la madre de sus hijos, del juez y/o del ministerio fiscal) e incluso será acusado de maltratador y de que con el pretexto de la Custodia Compartida , lo único a lo que aspira es a seguir victimizando a su ex mujer y a sus hijos.

Si por el contrario -que suele ser lo más normal y habitual- a un padre se le disuade de seguir participando en la educación y el cuidado de sus hijos, se le expulsa de la vida cotidiana de los menores y “no ofrece resistencia” de clase alguna frente al actual sistema legal, se le tachará de egoísta, perverso, mal padre… y si además se le condena -cosa frecuente- a una situación de miseria, hasta el extremo de convertirse en un mendigo o un indigente; si se ve abocado a no poder siquiera abonar la pensión de manutención de los hijos habidos durante el matrimonio, será severamente castigado hasta extremos inconcebibles y con extrema crueldad,  incluso con pena de prisión.

Por supuesto, si una mujer adopta una actitud claramente obstruccionista, encaminada a boicotear las estancias y la comunicación entre los hijos y el padre, y la familia extensa del padre, gozará de una casi total impunidad e inmunidad, o será tratada con absoluta benevolencia por parte del sistema judicial, cuando no apoyada de forma entusiasta.
El poder de los juzgados de familia es casi ilimitado, la Constitución Española de 1978 no existe, está ausente en los procesos por disputas familiares, domésticas. Si un padre comparece ante los juzgados, da igual que no haya cometido delito alguno, de inmediato verá sus movimientos, costumbres y hábitos personales, relaciones con amigos, con familiares, compañeros de trabajo, contacto con sus hijos, sometidos a investigación y controlados por parte del tribunal y considerados como dudosos, sospechosos no se sabe de qué.

E incluso, sin causa justificada, -simplemente, porque lo pida la mamá- el tribunal podrá someter a tutela y vigilancia los encuentros que tenga con sus hijos en los llamados “puntos de encuentro familiar”, lugares en los que los padres y los hijos serán observados, escuchados y en los que, incluso, se elaborarán informes que serán determinantes para las futuras estancias y comunicaciones con sus hijos. Medidas todas ellas absolutamente ilegales.

También es posible que sean obligados a pasar un examen de los llamados Equipos Técnicos Psicosociales sin garantías legales de clase alguna, “equipos fantasmas” de los que nadie sabe nada, o no quiere saber, y que como en el caso de los antes mencionados “puntos de encuentro familiar”, no existe norma legal que los cree, los regule, o ninguna clase de protocolo.

A partir de entonces, el padre no tendrá ni voz ni voto acerca de dónde residirán sus hijos en adelante, el colegio al que acudan, la formación moral o religiosa que reciban, su salud, sus visitas al médico, … Se le privará de información del centro de estudios de sus hijos, o del centro de salud, cuando lo solicite. E incluso se le indicará a qué lugares, o servicios religiosos, o espectáculos, podrá asistir con sus hijos en el tiempo de estancias que le otorguen, o lo que denominan “visitas” (llama la atención que solamente los presos y los hijos de padres separados poseen “derecho de visitas”).

Por supuesto, el padre no podrá pedir cuentas respecto del destino que la madre le dé al dinero que entregue, supuestamente para los alimentos, la manutención de sus hijos. Se ha de entender que la madre es quien tiene el buen criterio, sabe lo que mejor conviene para los menores y debe ser la que administre en exclusiva.

La presunción de culpabilidad también estará presente cuando la mujer alegue que ha habido violencia doméstica, maltrato psíquico, e incluso abuso de menores, en el proceso en el que se dilucide la custodia de los menores y las disputas por causa del patrimonio acumulado durante la convivencia marital. El tribunal decidirá restringir el contacto del padre con sus hijos, dictará órdenes de alejamiento, en la mayor parte de los casos sin evidencias o indicios de ninguna clase.

Nunca ha habido situaciones comparables, salvo que nos traslademos en el tiempo a las prácticas del “Santo Oficio de la Inquisición “, o en tiempos más cercanos, en el régimen de apartheid sudafricano.

Esperemos que el próximo Gobierno de España, cuando se supere la actual situación de impasse y jaula de grillos, tome en consideración todo lo aquí expuesto y aborde la derogación urgente de toda la legislación que se ha ido aprobando en los últimos años, al dictado del lobby femihembrista, si tal como algunos proclaman constantemente entre sus principales objetivos está el preservar el interés superior de los menores y de la familia.

Claro que tales proclamas son realmente “mentiras nobles” pues, tal como decía un tal Aristóteles hace ya varios milenios, no puede haber nada que sea al mismo tiempo una cosa y lo contrario, y los partidos con representación en el Congreso de los Diputados que dicen estar a favor de derogar la legislación que ha privado a los padres y a los varones en general de los más elementales derechos constitucionales y los ha condenado a una situación de “asimetría civil y penal”, han abrazado de forma entusiasta la ideología totalitaria, antifamilia, misándrica, denominada “perspectiva de género”.