“Si no entramos en detalle, estamos muy bien”. Esta frase resume a la perfección la zozobra que anida desde hace meses en el PSOE andaluz, que ha visto como el mayor escándalo de corrupción de la comunidad saltaba en sus propias narices y encima bajo el paraguas de una de sus señas de identidad, las políticas de ayuda al empleo.

Falsos prejubilados, ayudas directas y sin control a ayuntamientos y entidades afines. Aunque desde la dirección del partido insisten con machaconería en que el asunto no tiene más recorrido que el de que se trata de “cuatro o cinco sinvergüenzas” aprovechados y desligan el asunto de cualquier intento de financiación ilegal, lo cierto es que el escándalo de los ERE va camino de ser la puntilla que acabe con casi 30 años de hegemonía socialista en Andalucía.

El PP ha encontrado en el caso el principal ariete para derribar a un partido ya de por sí desgastado tras décadas en el poder, y trata de elevar las responsabilidades hasta la presidencia de la Junta de Andalucía. El punto de mira lo ponen en el expresidente Manuel Chaves, al que no lograron abatir en términos políticos a cuenta de la subvención a una empresa de su hija y bajo cuyo mandato se habrían cometido las supuestas irregularidades en los ERE.

El origen del escándalo está en un supuesto caso de corrupción en una empresa mixta de la capital hispalense, Mercasevilla, responsable del mercado de mayoristas. Sus directivos exigieron a dos empresarios 450.000 euros por la concesión de una escuela de hostelería, éstos grabaron el intento de extorsión y lo trasladaron al Gobierno andaluz, que denunció a los supuestos extorsionadores ante la Fiscalía poco antes que el PP.

Esta investigación se ha cobrado una de las piezas de mayor calado, el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas, que el pasado domingo abandonó el PSOE y que se suma como imputado a los antiguos directivos de la empresa, Fernando Mellet y Daniel Ponce.

Al rascar un poco, la jueza instructora halló irregularidades en la venta de unos terrenos a una constructora y un supuesto delito societario por el millonario agujero financiero y gasto descontrolado de la empresa. En estas tramas hay otra quincena de personas imputadas.

La revisión de las cuentas, que incluían dos expedientes de regulación de empleo, condujo al descubrimiento de prejubilaciones de personas ajenas a la empresa, entre ellas un ex alto cargo del PSOE de Baeza, Antonio Garrido Santoyo. Las pesquisas llegaron hasta el exdirector regional de Trabajo, Javier Guerrero, responsable de la aprobación de esas ayudas entre 2001 y 2008. Era el epicentro de la trama. Guerrero habló de una partida de 647 millones para ayudas a empresas en crisis, y la definió como “fondo de reptiles” por la ausencia de reglas para concederlas.

Hombres de paja

Otro de los detenidos declaró que un exdirigente de UGT, Juan Lanzas, mediador con la administración en la puesta en marcha de los ERE, se jactó de la facilidad para meter intrusos y beneficiarse de parte de la prima, lo que dio luz verde a la quinta investigación. Guerrero, Lanzas y el comercial se habrían lucrado con al menos 470.000 euros procedentes de tres ERE gracias a informes de asesoría fantasmas y la inclusión de ‘hombres de paja’.

Tras expulsar a Guerrero, la indagación interna de la Junta -el PSOE ha bloqueado la investigación parlamentaria- se ha saldado de momento con 70 “situaciones discordantes” en 35 de los ERE revisados, entre los que al menos hay ocho afiliados del PSOE.

Los socialistas defienden la validez de un instrumento que ha salvado 25.000 puestos de trabajo y ciñen todas las tramas al entorno de Guerrero y Rivas, puesto que algunos familiares de éste también fueron falsos prejubilados. Apoyan además la inocencia de los anteriores consejeros de Empleo, José Antonio Viera, secretario provincial del PSOE de Sevilla, y Antonio Hernández, persona del entorno de Chaves, que supuestamente delegaron la competencia y confianza en el exdirector de Trabajo.

Desde el PP, sin embargo, no creen que Guerrero actuara sin que sus superiores conocieran sus actividades, y apuntan incluso a que los chanchullos eran conocidos por Chaves y luego Griñán, responsables en última instancia de aprobar los expedientes de regulación. Un argumento de doble filo, ya que uno de los ERE en solfa fue aprobado por el Gobierno central cuando el popular Eduardo Zaplana era ministro de Trabajo y del actual candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, cuando era delegado del Gobierno en la región.

Desde el PSOE no ocultan que el escándalo ha dado alas a la mayoría absoluta del PP que auguran los sondeos, y abre un complicado escenario para las próximas citas electorales, dado que el caso amenaza con dilatarse. La Policía ha detenido a 13 personas, pero aún no hay ninguna imputación judicial, que podrían llegar en el peor momento para los socialistas, en precampaña, y con la más que previsible imagen de los exconsejeros de Empleo desfilando por sede judicial.