Manos Limpias ha registrado una denuncia ante la Fiscalía General de Madrid contra la exalcaldesa de la capital Ana Botella por un presunto delito de fraude, prevaricación y tráfico de influencias por la venta de 18 promociones de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a un fondo de inversión.

La denuncia se produce tras conocerse el informe preliminar de la Cámara de Cuentas donde se expone que la venta en 2012 y 2013 de 1.860 pisos repartidos en esas 18 promociones al grupo Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, sin “aplicar las normas internas de contratación”.

El colectivo dirige la denuncia contra la alcaldesa por ser la máxima responsable de la gestión de la empresa municipal durante la operación.

Entiende Manos Limpias que el reglamento de adjudicación de viviendas de protección pública de la EMVS impide la venta de las mismas a entidades jurídicas que previamente no hayan quedado vacantes en los procedimientos de adjudicación.

A su vez detalla que se soslayó “capciosamente” los informes de necesidad y viabilidad técnica jurídica de la operación y se ignoró la obligación de establecer una tasación objetiva del valor de los bienes a enajenar.

También expone, en línea con el informe preliminar de la Cámara de Cuentas, que la operación se cerró con un importe inferior (128,5 millones) al valor contable de los bienes (159,4 millones).

“Se hace absolutamente necesaria la investigación de estas conductas tan incontrovertiblemente dañinas para los intereses generales, los particulares de los arrendatarios y para el sentido común”, expone la denuncia de Manos Limpias, que aprecia la actuación de la EMVS en la etapa de Botella de “marcadamente irracional desde el punto de vista de la norma vigente y de la Justicia material”.

Asimismo, la denuncia apunta a que esta “venta masiva” expone a ciudadanos a un “potencial desalojo masivo”, personas que son “vulnerables” y sin posibilidades de acceder al mercado libre.

Por tanto, pide a la Fiscalía la apertura de diligencias por fraude, prevaricación administrativa y presunto tráfico de influencias por parte de la alcaldesa en esta operación, aludiendo también a la presunta relación de una empresa de que era consejero el hijo de la excalcaldesa con el fondo Blackstone.