Demolición del monolito a Franco en Las Raíces

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife investiga la posible comisión de una infracción penal en el derribo del monolito en honor a Francisco Franco. Fue la Fundación Nacional que lleva su noombre la que presentó una querella al considerar que el Cabildo demolió el monumento sin haber acabado el plazo para presentar alegaciones a la desafectación y, ahora, un auto del pasado 16 de mayo recoge la incoación de diligencias previas ante un caso que “presenta características que hace presumir la posible existencia de una infracción penal”. Si bien la magistrada expone este antecedente de hecho, añade que las partes personadas pueden interponer recurso de reforma y apelación contra esta resolución.

La Corporación tiró en noviembre el obelisco ubicado en el monte de Las Raíces, en El Rosario, para cumplir así con la Ley de Memoria Histórica, ya que su ejecución partía de un acuerdo aprobado por unanimidad en 2008 por el que los partidos políticos de la Institución se comprometían a su eliminación. En torno a una semana antes, la Administración tinerfeña también abrió el trámite de audiencia para la desafectación de esta zona como Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Conjunto Histórico, un proceso que ha vuelto a comenzar tras la recepción de los informes preceptivos.

En su momento, el consejero insular de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, afirmó al respecto que el derribo del símbolo goza de todas las garantías legales ya que, según especificó, lo que está protegido es el territorio en sí y no el monumento. Puntualizó que “en ningún lado se habla del monolito”, sino del “valor natural y ambiental” del enclave, haciendo referencia la catalogación “a los pinos y porque es el lugar en el que se reunió Franco para ultimar lo que ellos llamaban el levantamiento militar”. El obelisco “tiene el mismo nivel de protección que una barbacoa, los bancos o las mesas que hay allí; ninguno”, avisó en su momento.

Ante el conocimiento del auto, el responsable del área declaró ayer estar “con la conciencia tranquila por haber hecho lo correcto” para cumplir así como la Ley de Memoria Histórica e insistió una vez más en que lo que está protegido no es el símbolo, sino el paraje. “En el decreto de declaración nunca se habla ni se menciona al monolito y 1.000 veces que lo levanten 1.000 veces que lo tiraría”, avisó. Para Valbuena, esta querella es una prueba de que “el estado de derecho existe y que es totalmente diferente a la ley del plomo en la nuca que ellos [los miembros de la fundación] defienden”. “Me gustaría que defendieran con la misma intensidad los intereses de los familiares que buscan a los desaparecidos en las cunetas”, pero “lo que hacen es aprovechar la campaña electoral para lanzar la querella”, denunció el consejero insular de Medio Ambiente.

La Fundación Nacional Francisco Franco anunció la aceptación por parte del Juzgado en su propia web, pero durante el periodo de información pública para la desafectación de Las Raíces como BIC también presentó su respectiva alegación, en la que exponía los argumentos sobre la supuesta infracción cometida por el Cabildo para la eliminación del símbolo, que según la organización está catalogado como “monumento histórico”.

Recuerda en su escrito del 14 diciembre que fue en 2008 cuando la Institución tinerfeña aprobó una moción para promover la retirada del monumento para cumplir con la Ley de Memoria Histórica y la instalación en su lugar “de una mención de los hechos históricos allí acaecidos sin exaltación alguna de ninguno de los enfrentados”, ya que en Las Raíces “se produjo un acontecimiento aciago y triste, pero de indudable trascendencia para el devenir de la historia contemporánea”. Ese acuerdo, además, recogía que la Corporación también impulsaría “la modificación de la declaración del entorno como BIC o su desafectación”.

La Fundación Nacional Francisco Franco manifiesta que fue el 20 de noviembre de 2015 cuando se abrió el periodo de información pública de ese expediente y que el plazo para presentar alegaciones era de 20 días hábiles a partir de esa publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Defiende que seis días después, el 26, el Cabildo procedió al derribo del monolito, que conmemoraba la reunión que el dictador mantuvo el 17 de junio de 1936 para impulsar el levantamiento contra la Segunda República, “por la vía de hecho, sin respetarse las disposiciones legales y reglamentarias que deben regir la tramitación del presente expediente y sin tan siquiera haberse respetado el contenido de la resolución de apertura del expediente administrativo de su desafectación, en la que se proponía el traslado [del símbolo] al Museo Militar, contraviniéndose incluso lo previsto por el artículo 15 de la propia Ley 52/2007, de 28 de diciembre, de Memoria Histórica”.