Los que ya tenemos cierta edad recordamos que hubo un tiempo en que los abuelos y abuelas vivían con sus hijos y nietos, las familias no eran tal como ahora denominan los antropólogos y sociólogos “familias nucleares” (formada por el matrimonio y/o sus hijos), por el contrario eran un grupo amplio de gente con parentesco cercano e incluso no tanto… Años atrás incluso era frecuente que adultos que no podían tener hijos acabaran adoptando a algún sobrino, o si los abuelos estaban en buenas condiciones físicas y económicamente se lo podían permitir acogieran a parientes más o menos cercanos… Lo raro, lo extraordinario era que los ancianos y los niños acabaran en un hospicio, regentado por la administración del estado o por alguna orden religiosa, comúnmente llamados “asilos” cuando alojaban a ancianos y “orfelinatos” si daban cobijo a niños. Por supuesto, también se alojaba, vestía, daba de comer, curaba a personas enfermas que no tuvieran medios o sus familias fueran calificables de pobres o indigentes. Como también era infrecuente ver a viudas que estuvieran mucho tiempo sin volver a contraer matrimonio o se las dejara en situación de soledad, y digo esto porque por lo general eran más las viudas que los viudos. Siempre se ha procurado establecer lazos de solidaridad, de autoprotección, para no descuidar a los más vulnerables, a la gente en situación de riesgo de pobreza, de abandono.

Tras la muerte del General Franco se fue introduciendo en España la idea de que lo mejor era desmantelar los diversos hospicios. Por ejemplo: se fueron creando “pisos tutelados” en los que se acogía a niños huérfanos a la vez que se iban cerrando orfelinatos, por supuesto la gestión de esos “pisos tutelados” se fue otorgando mediante concesión administrativa a gente de “oenegés” cercanas a quienes gobernaban en las diversas regiones, afines al partido gobernante… En este ámbito también está el asunto de las adopciones, en las que intervienen de forma bastante arbitraria los diversos departamentos de “asuntos sociales, familia y protección de menores” de las diversas “comunidades autónomas”… como es de suponer, las diversas “oenegés” reciben cuantiosas subvenciones y consiguen pingües beneficios, aunque digan y proclamen por doquier que “no tienen ánimo de lucro”.

A la vez que se desmantelaba la beneficencia pública relativa a los menores, también se desmantelaban los asilos de ancianos (ahora llamados “residencias de mayores” por los políticamente correctos) y se alentó la creación de “geriátricos” por iniciativa privada, claro.

La forma de vida actual lleva a mucha gente a percibir a los ancianos como una carga, debido a las servidumbres a las que obliga la cultura del ocio; también la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, y por supuesto el que la esperanza de vida cada vez sea mayor. Cada día son más los ancianos que viven solos y en situación de soledad, tedio e incluso abandono…

Y, hete aquí que un buen día, tal como ha ocurrido con otros “problemas” de los que aquejaban y siguen aquejando a España y a los españoles, llegó un tal José Luis Rodríguez Zapatero, con el que nunca dejaremos de estar en deuda, y puso en marcha la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España, más conocida como «ley de dependencia».

El ingenioso Zapatero nos anunció con acompañamiento de bombo y platillo y el acostumbrado coro de aduladores, trovadores y demás parafernalia, que con aquel maravilloso invento, aparte de hacer a todas las personas “dependientes” más felices, iba a acabar con el problema del paro en España, pues se iban a crear de ese modo cientos de miles de puestos de trabajo… ¡En fin, el “no va más”!

José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, un conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas, a través de servicios públicos y privados concertados debidamente acreditados.

Pero, pues no podía ser de otra manera viniendo de quienes entre otras cosas afirmaron durante casi una década que “el dinero no es de nadie y es de todos” –refiriéndose al dinero que los gobiernos recaudan mediante los impuestos- José Luis Rodríguez Zapatero y su consejo de sabios se olvidaron de tamaño invento costaba dinero, mucho dinero. Tampoco cayeron en la cuenta de que a la magnífica idea había que acompañarla con una ley de financiación…

A raíz de aquello se creó una burocracia inmensa (aparte de crear falsas expectativas en la gente, especialmente en los ancianos) se pusieron en marcha “grupos de estudio”, comités diversos, “observatorios” y demás chiringuitos a los que los “progresistas” nos tienen acostumbrados; por supuesto a todo ello le siguió la creación de empresas ad hoc, surgieron por doquier asociaciones y empresas “especializadas”, más o menos adornadas con aureolas de filantropía, que supuestamente atienden a los más necesitados en el ámbito de lo que llaman “la dependencia”.

La dependencia se convirtió en la panacea, un entramado de tal magnitud que abarca a ayuntamientos con sus respectivos departamentos de “dependencia”, diputaciones provinciales (y cabildos insulares) con su respectiva área de “dependencia”, gobiernos regionales, con su correspondiente departamento, también dedicado a la “dependencia”… y así, hasta llegar al gobierno central que –no podía ser de otra manera- también posee su departamento dedicado a la “dependencia”. Dirán ustedes que esto ocasiona duplicidades, triplicidades, cuadruplicidades, pentaplicidades, y un largo etc. de despilfarro y malgasto, además de no atender a quienes realmente lo necesitan que suelen esperar, esperar, esperar… en una “lista de espera” que se mueve cuando alguien se muere, y entonces se corre la lista. Por supuesto, son muchas las familias que cuando les llega la noticia de que le han concedido ayuda para tal menester, el familiar necesitado de ayuda ya no está en este mundo.

La Ley define autonomía personal como la «capacidad de controlar, adoptar y tomar por propia iniciativa decisiones personales, así como desarrollar las actividades básicas de la vida diaria» y dependencia como el “«estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal». La persona dependiente lo es bien por sufrir una enfermedad o suceso incapacitante, o por llegar a la vejez.

La Ley fue presentada el 5 de marzo de 2006 por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en un acto público. El 20 de abril de 2006 fue aprobada por el Consejo de Ministros y el 30 de noviembre de 2006 fue aprobada de forma definitiva en el Pleno del Congreso de los Diputados con una amplia mayoría. al final, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 299, del 15 de diciembre de 2006.

En el año 2008 los “expertos” que parieron la maravillosa idea, consideraban que había en España alrededor de 2 millones de personas dependientes respecto de una población total, ese mismo año, de unos 46 millones de habitantes.

Después de aprobar la ley se fueron crean más y más normas “complementarias” como una que aprobaba el “baremo” de valoración de la dependencia, y donde se definía quiénes reunían condiciones y perfil para ser calificado como dependientes y por tanto ser “etiquetados” de tal manera.

Según datos oficiales, el Estado acabó aportando más de 12.638 millones de euros desde 2007 hasta el 2015. El primer año fueron 400 millones, ascendiendo anualmente esta cifra hasta sumar 2.212 millones en 2015. Las comunidades autónomas estaban obligadas a aportar las mismas cantidades. Los usuarios sufragarían el 35 % del total en función de su renta. Si una familia puede pagar el 90 % del coste de una residencia, así debería hacerlo durante todo el tiempo posible.

Los que pusieron en marcha la red clientelar de agraciados y paniaguados pretendían que la llamada “atención a la dependencia” fuera universal y dar prioridad a la tele-asistencia, la ayuda a domicilio y los centros de día, siendo «excepcional» el pago de un sueldo al cuidador familiar, una vez se haya dado de alta en la Seguridad Social.

Una de las cuestiones más peculiares, relacionada con este asunto es el denominado “servicio de ayuda a domicilio”, teóricamente concedido a quienes no se valen por sí mismos y son atendidos en sus necesidades de la vida diaria por entidades o empresas, acreditadas para esta función: limpieza, lavado, cocina u otros.

En el entramado creado por la “ley de la dependencia” también están los “servicio de Centro de Día y de Noche”, y la “Atención Residencial”, o sea lo que siempre se ha llamado asilos de ancianos.

Por supuesto, la ley de la que venimos hablando también prevé la percepción de dinero para quienes reciban servicios de atención/ayuda o por parte de los familiares que atiendan a parientes dependientes.

Dicen que no se debe “generalizar” y que si se hace tal cosa se es injusto, pero cuando uno se acerca a este tinglado, acaba observando que la mayoría de los ancianos españoles de ambos sexos cuando hablan de la “asistencia domiciliaria” la nombran diciendo “la mujer que viene a limpiar” y expresiones similares en un porcentaje alto de los casos… y quienes realmente necesitan cuidadores acaban contratándolos por el procedimiento y en las condiciones que su economía se lo permiten, evidentemente –no nos engañemos- a la manera del diputado de “podemos” de apellido “Echenique”. Unas veces se sufragan los gastos con parte de la pensión de viudedad y de jubilación del anciano, otras con aportaciones de familiares cercanos, otras de forma mixta… y por supuesto la mayoría en forma de lo que algunos llaman “economía sumergida”.

¿Y por qué ocurre todo ello?

Pues muy sencillo: porque los servicios supuestamente creados por la ley zapateril de “dependencia” no funcionan como debieran, y en múltiples casos son un bluf, que lo único que vale es para crear burocracia y emplear a amiguetes…Y ¿Por qué la gente acaba contratando a cuidadores de forma “ilegal”? Pues porque la actual legislación laboral no permite que casi nadie pueda hacerlo de forma “legal”, ya que su economía no se lo permite. Son las diversas normas reguladoras, creadas por la administración las que impiden la contratación e incitan a delinquir. Son las diversas normas legales las que impiden el libre acuerdo entre empleado y empleador, son los diversos requisitos “legales” los que propician la economía “sumergida” dado que obligan a la gente a aportar sumas dinerarias al fisco que luego no repercuten en su bienestar, sea a corto, medio o largo plazo. La gente sabe sobradamente que una ingente cantidad de dinero que se recauda mediante impuestos acaba yendo a parar a manos de políticos, sindicalistas, oenegés, y multitud de paniaguados y corruptos, y no se acaban convirtiendo en prestaciones de bienes y servicios esenciales para la comunidad.

He ahí el quid de la cuestión.

Este asunto es idéntico al del “salario mínimo interprofesional” o la intromisión constante de los gobernantes en la contratación, que supone un freno a la inversión y a la creación de empleo, todo ello con el “noble pretexto” de proteger a los débiles y más vulnerables…

En fin, otro día hablaremos de ello.