El explosivo contra la Guardia Civil en Ayamonte (Huelva), ha sido un aviso de los narcotraficantes para demostrar su fuerza y su poder. Hace un tiempo publiqué en este mismo medio un artículo titulado: “Narcotráfico, S.A”, basado en el libro del mismo título (Lyindon LaRouche), y que trataba sobre el oscuro pozo de la droga. No era la primera vez que escribía sobre este tema tan peligroso, y me refería a los poderosísimos tentáculos que existen detrás de este lucrativo negocio.

Mientras nuestros actuales representantes políticos -elegidos primero por los medios de comunicación y después en las urnas-, andan negociando la manera de formar gobierno para no ir a unas terceras elecciones, la lacra de la droga sigue anestesiando a un sector importante de nuestra juventud, privándola de algo tan esencial como su libertad individual, y el control sobre su cuerpo y su mente.

He de insistir nuevamente, en que no todo en España es economía; la salida de la crisis, acabar con el déficit público, hacer frente a la deuda, e incluso seguir pagando las pensiones, pasa también por sanear y reconducir a nuestros jóvenes para que puedan afrontar sus aspiraciones laborales y, con ello, tomar en el futuro el testigo para la correcta vertebración de la Patria.

No caigamos en el infantilismo de creer en la manipulación y el mensaje político, de que saneando la economía se lucha contra la drogadicción. Eso es rotundamente falso. Ninguna medida funcionará para combatir esta peligrosa lacra sin un rearme moral de nuestro pueblo, y, lo peor de todo, es que ellos (nuestros políticos), lo saben aunque algunos no se atrevan a reconocerlo.

Durante la tan cacareada bonanza económica, como consecuencia de la burbuja inmobiliaria del señor Aznar, y todo su equipo de colaboradores, es muy posible que descendiese notablemente el número de delitos derivados de esa adicción a las drogas, cometidos por individuos que buscan procurarse su dosis diaria, pero de lo que en ningún momento puede hablarse es, de que por la buena marcha de la economía se detuvo el tráfico y el consumo de estas sustancias, más bien al contrario, aumentó considerablemente, sobre todo de cocaína y drogas sintéticas.

Aquella burbuja inmobiliaria trajo consigo un fácil acceso al mundo laboral con salarios atractivos para los más jóvenes, lo que invitaba a éstos al abandono prematuro de los centros de enseñanza sin un nivel académico básico. Si a esto se une, las políticas del desmadre durante los fines de semana, unido al botellón y a las movidas nocturnas por todos los rincones de España, obtendremos la respuesta a la pregunta, de cómo se ha creado el caldo de cultivo para que se disparase el tráfico y el consumo de drogas.

Es hora de insistir sin descanso sobre el problema de la droga. La mayoría de los españoles no entendemos de estadísticas que con tanta facilidad los políticos manejan. Tenemos que basarnos en la información que nos quieran ofrecer los medios de comunicación que, a su vez, están al servicio del poder establecido. Por un lado, mucho se ha escrito y hablado sobre esta lacra social, por ejemplo: muertes por sobredosis y por ajustes de cuentas; padres desesperados y angustiados; familias desestructuradas; centros de desintoxicación; asociaciones y plataformas subvencionadas por el Estado para luchar contra la drogadicción; programas de prevención y desintoxicación, etc.

Pero, díganme, ¿de que sirve todo esto, si al final resulta que no todos remamos en el mismo sentido?

Mientras unos se esfuerzan para combatir y frenar al tráfico y consumo de la droga en nuestro país, otros, llevan en sus programas electorales el reparto gratuito de la misma o su total legalización.

Mientras unos informan a los jóvenes mediante charlas y coloquios sobre las consecuencias que acarrea el consumo de drogas, hay programas televisivos de los denominados “basura”, emitiendo y dando voz a continuos disparates que envilecen y encanallan a la juventud, con personajillos descerebrados presentando y haciendo publica con risotadas y mofa su adicción al alcohol, al sexo y a las drogas.

Mientras médicos, religiosas y voluntarios, cuidan y atienden a enfermos víctimas de las drogas, “la casta”, con su ambigüedad política o complejo, han consentido que durante las tres últimas décadas, un ejército de seis mil mafiosos se haya instalado en nuestro territorio manteniendo en jaque a la Policía, o sometiendo a sus agentes al soborno y la mordida.

Mientras leemos en la prensa cifras oficiales sobre la bajada del número de los adictos a la heroína, contemplamos panoramas desoladores en barrios a las afueras de las grandes ciudades, convertidos en hipermercados clandestinos de todo tipo de sustancias.

Mientras por un lado hemos soportado la muerte de cientos de jóvenes tras la despenalización socialista del consumo de drogas, nos dejan sin aliento terribles sucesos provocados por el desequilibrio psíquico que provocan en las personas estas sustancias.

Mientras unos policías se dejan la piel en la calle para detener a peligrosos narcos, otros se corrompen y se alían con el crimen organizado.

Mientras pequeños “camellos” y consumidores son acosados constantemente por patrullas policiales en controles establecidos a tal efecto, el gobierno de Rajoy, con el silencio cómplice de la oposición, acató sin rechistar la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ordenaba la puesta en libertad junto a terroristas y violadores, de peligrosos narcos encarcelados y condenados a penas que sumaban miles de años de reclusión, ¿por qué?.

El problema de la droga, las tragedias humanas y la delincuencia que de ella se derivan, no es un problema que se genera solamente por la falta de empleo o la carencia de un buen nivel académico, cultural y educativo, que también, sino como consecuencia de la pérdida de principios y valores, y de la notable y contagiosa degradación moral de nuestro pueblo. La única posibilidad de acabar con el tráfico de drogas, su distribución y consumo, así como con la alarmante inseguridad ciudadana que de ellos se deriva, pasa inexorablemente por un rearme moral en nuestro pueblo, sin el que es imposible toda convivencia cívica.