Tal vez algunos de los que me lean, miembros como el abajo firmante de un país en el que el mayor deseo es convertirse en empleado público, en conseguir un puesto de trabajo vitalicio en la administración del estado, o vivir de alguna clase de subsidio o subvención pública se escandalicen o estén tentados de correrme a gorrazos. Bien, vamos allá.

Voy a comenzar afirmando sin rodeos que la corrupción no es el único motivo, la única causa por la que se despilfarra, malgasta el dinero de quienes pagamos impuestos.

Es frecuentísimo oír, un día sí y el otro también que se ha descubierto otro caso más de corrupción, en tal o cual lugar de España, esta vez responsabilidad de tal partido, mañana del otro, pasado mañana de otro más… Se habla de las complicidades de “empresarios patriotas” que reciben trato de favor (convirtiéndose de hecho en verdaderos monopolios) con los oligarcas y caciques de los diversos rincones de España, que nos roban a diario, que incumplen lo pactado cuando se les otorgan la construcción de obras públicas, o se contrata con ellos la prestación servicios o la adquisición de determinados bienes; se habla del vaciamiento de la banca pública, del robo a mano armada en las Cajas de Ahorro, con la entusiasta colaboración de partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales, oenegés… Se habla de los fraudes en los llamados “cursos de formación”, del fraude en los “eres”. Y rara es la ocasión en que no se afirma, también que todo ese dinero podría haberse empleado adecuadamente en educación, sanidad, en mejorar la administración de justicia, y un largo etc. E incluso se habla de la prevaricación administrativa (también la judicial) en la que incurren algunos funcionarios públicos como condición indispensable –conditio sine qua non- para que todo ello sea posible.

Nadie que tenga un poco de sensatez se atrevería a cuestionar todo ello, pues son verdades aplastantes, hasta de Pero Gruyo.

Los ciudadanos aportan (muchos, si no la mayoría de forma forzada, y no precisamente con gusto ni alegría) una gran parte de sus ingresos, resultado de su esfuerzo personal. Y cuando los medios de información hablan de un nuevo caso de corrupción, de una persona corrupta, sea político, sea sindicalista, sea empleado público, sea un empresario cómplice; lo normal es que se sientan estafados, consideren que cometen actos de una profunda inmoralidad y exigen que se les castigue con dureza para escarmiento general, y así se intente disuadir a quienes estén tentados de imitarlos.

Pero, permítaseme que les diga que la corrupción no es la única causa de despilfarro del dinero de los contribuyentes. Hay otras y muy diversas formas de tirar nuestro dinero a la basura, de forma descarada, sin rubor que cuentan con el aval implícito de casi toda la gente.

Cuando uno descubre que en determinadas empresas públicas, o en determinados servicios, o negociados, u oficinas de la administración, sea en el ámbito local, o provincial, o regional o estatal hay más, muchos más funcionarios que los que en verdad se necesitan, “asesores” que cobran salarios astronómicos, gente que goza de privilegios increíbles, de dietas inimaginables, de permisos extraordinarios, que disfrutan también de peculiares licencias reservadas para ellos en exclusiva, gente que desaparece y vuelve a aparecer como si del río Guadiana se tratara, gente que se ausenta de su lugar de trabajo, que practica el absentismo también de forma descarada, gente que se pone enferma con reiteración, de forma inexplicable, gente de la cual no se puede decir que sean productivos,.. también acaba uno dándose cuenta de que apenas nadie se escandaliza, o pone el grito en el cielo. Muy al contrario, el común de los mortales los envidian y su deseo no precisamente oculto, sería ser como ellos. ¿O no?

Si esto ocurre, principalmente, es porque son gente intocable, con un puesto de trabajo vitalicio, y a los que es prácticamente imposible despedir. Y como perciben que su estabilidad nunca corre ningún riesgo, viven felices y contentos, relajados, y no se sienten empujados e invitados a comportarse correctamente, y cumplir las tareas para las que se supone que han sido contratados y por las que reciben un salario.

Y si hurgáramos un poquito, posiblemente descubriríamos que en el proceso de selección de tales individuos no se tuvo demasiado en cuenta su capacidad, su cualificación, el mérito… y no hubo tampoco demasiadas publicidad ni transparencia.

No es necesario ser muy avispado para llegar a la conclusión de que se gasta mucho más dinero del erario público, de lo expropiado a quienes pagamos impuestos, en el derroche y la dilapidación cotidianos en forma de empleo público –del que la mayoría de la población no es ni quiere ser consciente- que en la corrupción con la que tanto nos indignamos, que tanto escandaliza, a la que se dedica tanto tiempo en los medios de información y creadores de opinión.

Se quiera o no se quiera tener en cuenta, muchos de los problemas que sufrimos en el presente tienen que ver con el excesivo peso del gasto estatal. Pese a que algunos aún no se hayan percatado de ello, el dinero no cae del cielo como si fuera el maná bíblico; y a los políticos profesionales solo les cabe recurrir a más y más impuestos, es la única manera que tienen d financiar su enorme voracidad, su tendencia al despilfarro, y cuando no suben impuestos, o se inventan alguno nuevo, siempre les cabe la alternativa del endeudamiento, o si les es posible la depreciación de la moneda (evidentemente en España eso no es posible) y todo ello, siempre sale de los bolsillos de los ciudadanos.

Toda la gente se indigna, grita, clama por el encarcelamiento de los corruptos, y considera que así se erradicará la enorme losa que soportamos, y el terrible daño que causan a la sociedad. También es cada día mayor el número de personas que piensan que el Gobierno debería hacer algo para que quienes nos han robado devuelvan el dinero robado.

Pero, por el contrario, parece que a la gente no le importa, o no le concede importancia de ninguna clase al otro despilfarro del que también he hablado, ese continuo despilfarro, esa otra corrupción, presente en las empresas públicas, negociado, oficinas de la administración pública, esos empleos ficticios, improductivos, que si se eliminaran nadie echaría a faltar, esa legión de parásitos, que viven a nuestra costa. Aunque algunos hagan el paripé, traten de disimular y hagan como que trabajan, intentando así justificar su presencia allí donde supuestamente trabajan, o cumplan con el reglamento, sin más… Me refiero a lo que los estudiosos llaman “mediocridad inoperante activa”, que entre otras muchas cuestiones crean un ambiente de aparente actividad cuando lo que hacen es boicotear o ralentizar el trabajo de quienes realmente son productivos.

Dicen que generalizar es injusto, pero es que lo que vengo contando está por desgracia bastante generalizado. Alguno habrá que diga que mees fácil afirmar lo que afirmo siendo yo un funcionario jubilado, también habrá quienes me consideren un traidor a los “míos” y e intenten defenderse recurriendo al corporativismo, o añadirán que estoy cargado de odio, o de rencor, o simplemente que soy injusto en afirmar lo que afirmo. Y añadirán que son muchos los que trabajan y bien, y que los ociosos, los absentista, los malos funcionarios son excepción, y que en todos sitios cuecen habas –y en mi tierra a calderadas- ¡Qué duda cabe que muchos que digan o piensen así tienen razón! Pero, sin embargo, muchos de los que así piensan saben de la existencia de abusos, de excesos, o defectos y en lugar de denunciarlos callan, miran para otro lado y se ponen a silbar, y por tanto aunque no les guste que se les diga, son cómplices necesarios de la estafa y del despilfarro de los que vengo hablando.

Desde el año 1975 en que murió el General Franco y nos encaminamos hacia la “democracia” la población española ha aumentado alrededor de 10 millones, hemos pasado de ser unos 36 millones de españoles a más de 46 millones. Hace cuarenta años había en España en torno a 700.000 empleados públicos, hoy son más de 3 millones ¿Tiene sentido que la población haya aumentado aproximadamente un 30 por ciento y el número de “servidores públicos” se haya casi quintuplicado?

Cuando a alguien se le ocurre afirmar que sobran trabajadores de la administración y que se podría funcionar otra manera, si se realizara una gestión diferente, de forma más “profesional”, haciendo un estudio de necesidades antes de proceder a contratar a nadie, y teniendo solamente en cuenta la capacidad y el mérito, tal como establecen la Constitución y las leyes… inmediatamente aparecerán justificaciones, a cual más creativa e incluso extravagante, para intentar justificar lo injustificable, y por supuesto para oponerse a cualquier propuesta de mejora.

También habrá quienes recurran a la justificación de que si se hiciera lo que habría que hacer: despedir a la gente innecesaria e improductiva, se dejará a muchos padres de familia en la calle y habrá muchas más familias en situaciones no deseables para nadie. Y en parte tienen razón quienes argumental tal cosa, pero no deja de ser una argumentación tramposa, es recurrir a una falacia emocional, cuya pretensión es provocar una reacción emotiva que afecta a la manera de pensar y estructurar los argumentos. Pero, por más vueltas que se le dé al asunto, lo que sí es obvio es que la sociedad sobradamente (y en muchas, múltiples ocasiones son los que se quejan amargamente de ello) que son muchos, demasiados los funcionarios que están de más, lo más triste es que, al parecer, la gene está dispuesta a tolerarlo y seguir subvencionando ese disparate.

Si queremos prosperar, avanzar a mejor, es hora de dejar a un lado el cinismo, la hipocresía, ser coherentes tanto en lo que se dice como en lo que se hace, y lo primero es empezar a llamar a las cosa por su nombre: no se puede estar en contra y a favor de la corrupción al mismo tiempo. No tiene sentido alguno ofenderse, indignarse, poner el grito en el cielo por la corrupción existente por doquier y decir que es el dinero de todos (algunos dicen que de todos y de nadie), y cuando se habla de determinadas corrupciones, de privilegios, tratos de favor y de eximir a otros de sus obligaciones, cuando se habla de prerrogativas de las que algunas personas disfrutan, aceptarlas con resignación, como si fueran daños soportables o inevitables, o algo parecido.

No nos engañemos, no existen corruptos de diferentes categorías, de primera, de segunda o la clase que usted desee… todas son corruptelas, se mire como se mire. No existen despilfarros y despilfarros. En todo caso existen formas diversas de corrupción y de despilfarro; no es moralmente admisible que haya quienes consideran que hay corrupciones tolerables, con las que hay que ser condescendientes y otras no…

Y si alguien se queja de la deuda externa, de la terrible hipoteca que los diversos gobiernos nos están dejando en herencia y a nuestros descendientes, del gasto descontrolado y arbitrario, de la desatención a los servicios esenciales, de los recortes en educación, en sanidad, de la mala, arbitraria, lenta y cara administración de justicia (aparte de injusta) de los impuestos que no paran de subir,… será el momento de recordarles que si su deseo es que las cosas dejen de ser tal cual son, no se puede seguir disculpando las actuales prácticas de quienes nos malgobiernan y dándoles respaldo, pues nos empobrecen en el presente e hipotecan y lastran nuestro futuro y el de nuestros hijos.

Es difícil pensar que la actual situación pueda mejorarse si no se cuestionan determinadas creencias, desgraciadamente muchas de ellas profundamente arraigadas; denostar la corrupción es de gente inteligente y con un profundo compromiso ético pero no se pueden aprobar al mismo tiempo las conductas indignas y las diversas perversiones. Plantéense que si queremos salir del atolladero habrá que empezar a pensar en desmontar la inmensa burocracia que se ha creado en España en los últimos cuarenta años, me refiero al llamado “estado de las autonomías”, 17 miniestados con sus 17 gobiernos, sus 17 parlamentos, 17 tribunales superiores de justicia, y otras tantas administraciones regionales plagadas de empleados públicos, empresas públicas, “observatorios”, y un sinfín de parásitos y paniaguados; todo ello con el “noble pretexto de la descentralización y de acercar la administración al ciudadano”.

Si se quiere acabar con el despilfarro y la corrupción hay que recuperar el Estado Unitario, desmantelar el tinglado del “estado de las autonomías”, recentralizar las competencias que a lo largo de las últimas décadas han sido transferidas a los gobiernos regionales, recuperar el mercado único, crear una sola oficina de contratación de bienes y servicios… Y mientras tanto no se haga, de más está poner el grito en el cielo y pedir que se lapide, linche o flagele a los corruptos.