Victorino Alonso, controvertido magnate de la minería del carbón, se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados.

El empresario minero Victorino Alonso tiene cita con la Justicia esta semana, en concreto del miércoles 21 al viernes 23 de septiembre, por la destrucción en el año 2007 del yacimiento neolítico de Chaves, considerado uno de los dos más importantes de la península ibérica junto a la Cueva de L’Or de Alicante.

Los hechos que llevan de nuevo a juicio al polémico empresario, propietario de la minera Uminsa, se descubren a principios de 2009 cuando personal de Museo Arqueológico Provincial de Huesca visitan el yacimiento neolítico, donde desde hacía 30 años se llevaban a cabo excavaciones de forma intermitente, y descubren que ha sido destruído. La cueva se ubica en una finca cinegética administrada por una empresa de Victorino Alonso, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, y las obras de vallado de la finca serían las responsables de la destrucción de los restos, ejecutadas según las acusaciones por otra empresa del empresario leonés.

Según las acusaciones, ejercidas por las asociaciones Ecologistas en Acción y Apudepu, durante el mismo periodo en el que se llevó a cabo la demolición de la cueva se habían registrado grandes obras sin autorización con maquinaria proveniente de la construcción del aeropuerto Huesca-Pirineos, en la que habían participado empresas del grupo de Victorino Alonso en la UTE constructora.

Coincidiendo con el inicio del proceso oral, se ha convocado una concentración a las puertas de los juzgados de Huesca este miércoles 21 a partir de las nueve de la mañana. Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la participación en la concentración y al seguimiento del juicio que tendrá lugar a lo largo de la semana !para que la cueva de Chaves no quede sepultada en el olvido”.

Peticiones de pena

En la causa la Fiscalía mantiene una petición contra Victorino Alonso de prisión de 2 años y 8 meses de prisión y 14 millones de indemnización por un delito contra el patrimonio. Ecologistas en Acción pide 6 años de cárcel, al sumar el delito contra el patrimonio otro delito contra el medio ambiente y el pago de una indemnización 50,9 millones de euros. Otra acusación particular, Apudepu, reclama a su vez para el empresario una condena de 3 años de prisión, multa de 288.000 euros y también 50,9 millones de euros de indemnización.