Las calles de Barcelona, llenas de turistas casi todos los días del año

Barcelona, pese a todo. Desde que en mayo de 2015 Ada Colau se hiciese con la alcaldía de Barcelona, el Ayuntamiento de la capital catalana ha tomado una serie de medidas que han limitado como en ningún otro periodo de la historia reciente de la ciudad la capacidad de iniciativa empresarial. Con el pretexto de ordenar y reducir los problemas que genera el éxito turístico de la ciudad ¬–constatables en las zonas más centricas–, el Consistorio ha ordenado una moratoria hotelera a la que se ha sumado de manera reciente un nuevo veto, que en este caso amplía la prohibición de nuevas aperturas en el centro de la ciudad a bares, restaurantes y cualquier otra actividad comercial relacionada con la industria de los visitantes.

Para el Ayuntamiento se trata de medidas imprescindibles para atenuar lo que se define como una descontrolada «burbuja turística», según explica en declaraciones a ABC el concejal de Empresa y Turismo, Agustí Colom, y que se traduce, no solo en molestias para los vecinos en las zonas más congestionadas –Gótico, Barceloneta, Sagrada Familia…–, sino en un descontrolado repunte de los precios de alquiler, que explican por la proliferación de los apartamentos turísticos, estén estos regulados o no. Para el sector, por contra, se trata de políticas «turismofóbicas» que se han traducido ya en un retraimiento inversor y que amenazan el que es de largo el sector económico más dinámico y que más aporta al PIB barcelonés, sobre el 15%.

En este sentido, los expertos consultados por este diario coinciden: el tirón internacional de Barcelona es tal que, al menos por ahora, el impacto de las medidas adoptadas por el Consistorio tiene un efecto desigual. Por lo que respeta al número de visitantes, este sigue al alza: 17,7 millones de pernoctaciones en 2015, cuarto destino europeo en turismo internacional solo por detrás de Londres, París y Roma. Por contra, destacan analistas especializados en el sector, se ha producido ya un detectable retroceso inversor debido a los 29 proyectos paralizados.

Según las estimaciones de la Confederación Empresarial de Hostelería y Restauración de Cataluña, de 2014 a 2015 la inversión en inmuebles para el sector cayó hasta los 260 millones, un 17% menos. Por lo que respeta al número de empleos perdidos, la consultora Bric Consulting ¬–especializada en el sector hotelero– estima que haciendo una estimación prudente se han dejado escapar 640 puestos de trabajo directos, y eso sin contar los «efectos multiplicativos sobre las industrias proveedoras o al consumo». Desde la consultora Laborde&Marcet se estima en este caso que la cifra de empleos perdidos ronda los 10.000. Cadenas de gran lujo como Anantara o Six Senses, con deseos de establecerse en Barcelona, han visto frustrados sus planes, explica Miquel Laborde, socio fundador de la consultora citada.

Con una planta hotelera que en la ciudad ronda los 420 establecimientos (unas 35.000 habitaciones), los expertos pronostican que el efecto real de la moratoria comenzará a dejarse notar en el plazo de dos años, con una «ralentización en el número de plazas regladas», explican a este diario Juan Gallardo y Roger Serrallonga, socios de Bric Consulting. En este sentido, ambos subrayan que la moratoria, a la espera de un plan de ordenación definitivo que previsiblemente solo permitirá nuevos hoteles fuera de las zonas más céntricas, también está teniendo un «efecto indeseable en forma de proliferación de alojamientos irregulares». Si la demanda no deja de crecer, la oferta busca vías alternativas, algo que se traduce en una economía sumergida en forma de arrendamientos ilegales por días, lamentan.

De igual modo, y tal y como apuntaba Bruno Hallé, socio director de Magma Hospitality Consulting, en un reciente debate organizado en el Colegio de Economistas, la moratoria ha generado su propia «burbuja» especulativa, con precios de salida para compra-venta de hoteles que triplican lo habitual ante la perspectiva de no poder abrir nuevos establecimientos a años vista. Desde Laborde&Marcet se estima que en una operación en la zona «prime» (Paseo de Gràcia) una habitación se pagaba entre 300.000 y 400.000 euros hace cuatro años; ahora puede llegar al millón de euros.

Desde el sector se subraya que la moratoria ha provocado una reacción aparentemente contradictoria: por un lado hay un gran descontento por la parálisis que supone, pero, por otro, junto al hecho de que la afluencia turística sigue creciendo, se ha disparado la rentabilidad del negocio. Así por ejemplo, gracias al incremento de las tarifas y de las tasas de ocupación, Barcelona lograba en 2015 sus mejores resultados históricos en términos de RevPar (ingreso por habitación disponible), con 91 euros, un 13,2% más que en 2014, según los datos de la patronal del sector Exceltur. Y eso, se recuerda, asumiendo la competencia desleal que suponen los apartamentos turísticos ilegales o las residencias de estudiantes que funcionan como hoteles encubiertos.

La pregunta que se hace el sector es si esta tendencia, alimentada por una demanda creciente frente a una «oferta inelástica» debido a la intervención municipal es sostenible en el tiempo. Desde la Confederación Empresarial de Hostelería se alerta de la falta de competitividad, la inseguridad jurídica y la pérdida de oportunidades que genera lo que se considera una decisión ideológica. Lo mismo opinan Gallardo y Serrallonga, que añaden además del riesgo que supone alimentar cierta actitud turismofóbica: «Barcelona no hace tanto que juega en la primera división de los destinos turísticos. Esto se podría perder».

Si la moratoria hotelera ya se denunció como una medida contra la competitividad, la última regulación ordenada por el Consistorio va en la misma línea. Hace apenas dos semanas, y sin previo aviso, el Consistorio anunciaba la congelación en la concesión de nuevas licencias en Ciutat Vella para bares, restaurantes, discotecas, así como cualquier negocio vinculado al turismo, como agencias de viajes, alquiler de bicicletas o consignas, mientras se redacta un nuevo Plan de Usos para el distrito.

«Este tipo de medidas generan una inseguridad jurídica muy perjudicial», señala Miquel Laborde, que subraya que la administración municipal tiene el deber de regular y ordenar como considere, «pero no llevar el intervencionismo a unas cotas sin sentido». Miquel Laborde, en este sentido, apunta que su consultora directamente ha asesorado a «una decena de grupos inversores con proyectos muy avanzados que ahora ven como se les ha paralizado todo, con la pérdida de dinero que esto supone». De igual forma, Laborde anticipa una «inminente burbuja especulativa en el traspaso de licencias de bares y restaurantes», del mismo modo que ha sucedido con las de los hoteleles como consecuencia de la moratoria. «La política municipal está generando un recalentamiento del mercado espectacular», apuna Laborde.

Frente a las denuncias del sector, desde el Ayuntamiento de Barcelona se defiende la necesidad de intervenir en un sector, el hotelero, que estaba en «modo burbuja». «Solo entre 2011 y 2015 se crearon 5.000 nuevas plazas de hotel en Barcelona, y en junio de 2015, entre licencias concedidas y proyectos en marcha, estaban previstas otras 15.000», apunta el concejal Agustí Colom para justificar una «reacción necesaria». «Si no hacemos sostenible el turismo, este puede acabar ahogando la ciudad, y agotarse a sí mismo como negocio», apunta recordando que los propios visitantes señalan la masificación como uno de los principales defectos de Barcelona como destino.

«No queremos ser Venecia», se proclama desde el Ayuntamiento. En el otro lado, las cosas se ven distinto. «Con sus medidas turismofóbicas pueden acabar cargándose la principal industria de la ciudad», replican desde el sector.

La última víctima del veto

A la treintena de hoteles paralizados por la moratoria ordenada por el Ayuntamiento se ha sumado esta misma semana la de un nuevo establecimiento, aunque que en este caso la solicitud de licencia fue anterior a la paralización. Ubicado en una de las partes más degradas del barrio del Raval, Praktik Hotels tenía intención de abrir un establecimiento que el Ayuntamiento, a toda costa, trata de paralizar. Parte de los vecinos lo critica, otros lo ven como una oportunidad de regenerar la zona. La última maniobra del Ayuntamiento, pedir a la Generalitat que declare el espacio como área protegida, a lo que la administración autonómica ha contestado que el Consistorio debe asumir sus decisiones y no esconderse en terceros. Desconcertados, Praktik Hotels denuncia las trabas para un proyecto que ya acumula dieciséis meses de tramitación. La promotora, denuncia que «el Ayuntamiento intenta recurrir a mecanismos artificiosos con el fin de evitar el cumplimiento de sus obligaciones»