Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, tiene una difícil papeleta para cuadrar las cuentas de 2017

El Consejo de Ministros se prepara para su «primera» reunión decisoria después del «ensayo general» del pasado viernes, que sirvió de calentamiento para una Legislatura que se presenta más comprometida que la anterior. El viernes próximo, el gabinete de Mariano Rajoy acordará el nombramiento de los segundos niveles de la Administración (secretarios de Estado, secretarios general y directores generales) y, muy probablemente, el techo de gasto para el próximo año, el primer paso obligatorio para presentar al Parlamento los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Aunque nada ha trascendido sobre las intenciones del Gobierno sobre esté límite se da por seguro que el Ministerio de Hacienda seguirá con la línea de reducción implantada desde los Presupuestos de 2015 y reducirá la cifra en alrededor de 3.500 millones de euros, por lo que podría situarse por debajo de los 120.000 millones de euros con lo que el Ejecutivo bajará el techo un 2,7%. Las fuentes consultadas aseguran que el Gobierno está «obligado» a hacer un gesto de buena voluntad a Bruselas después de evitar en julio una multa de hasta el 0,2% del PIB (más de 2.000 millones) por incumplir el compromiso de déficit de 2015.

El techo de gasto no financiero se calcula con carácter general en el segundo trimestre de cada año y, en cualquier caso, antes del 1 de agosto, de cara a la elaboración del presupuesto del año siguiente. El límite sólo excluye de su cálculo las transferencias a las comunidades y a las corporaciones locales por los sistemas de financiación autonómico y local. El techo de gasto, como lo define la Airef, «es un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad».

En el punto de mira de la CE

Hace apenas diez días, el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, enviaron una carta al Gobierno español exigiendo la presentación «tan pronto como sea posible» de un presupuesto completo que incluya medidas para que el país cumpla en 2017 con el objetivo de reducir el déficit público desde el 4,6% en términos de PIB (con el que se espera concluir el presente ejercicio) hasta el 3,1% exigido para el próximo.

Este ajuste de 1,5 puntos del PIB en las cuentas de 2017 se traduce en 15.000 millones de euros, que tendrán que «salir» de un incremento de los ingresos, con el que cuenta el Gobierno por la marcha de la economía, y también de una reducción de los gastos que se plasmará, en una contención del techo presupuestario.

Hace casi cinco años, cuando Mariano Rajoy llegó a la presidencia del Gobierno tras ganar las elecciones del 20 de noviembre de 2011, Cristóbal Montoro empezó a preparar, unos días después de la toma de posesión de su cargo, el primer recorte para «rescatar» a la economía española, que cerraría ese año con un déficit superior al 9% del PIB.

El techo de gasto alcanzó su máximo en 2014, cuando el Consejo de Ministros lo situó en 133.259 millones de euros. Al año siguiente, Hacienda lo redujo en un 3,2% y para este año, en un 4,3%, hasta situarlo en 123.394 millones. En consonancia con estos límites, el gasto no financiero de los ministerios ha ido descendiendo año tras año hasta el entorno de los 35.000 millones.

El responsable de Economía e interlocutor con Bruselas, Luis de Guindos, informará hoy a los ministros del Eurogrupo de las intenciones de España de presentar al Congreso de los Diputados unos Presupuestos Generales del Estado antes de que finalice el año, con el objetivo de que estén aprobado por el Parlamento en el primer trimestre de 2017. Los ministros de los países que comparten la moneda única repasarán hoy el grado de cumplimiento del rescate bancario realizado en 2012 por importe de 41.000 millones de euros. Hace dos semanas, y gracias al menor esfuerzo que España tiene que hacer para pagar los intereses de la deuda, el Gobierno amortizó anticipadamente otros 1.000 millones del préstamo. Es de prever que De Guindos adelante a sus colegas las primeras cifras de 2017.

El artículo 124 de la Constitución señala que «si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».

El recorte del techo presupuestario y el crecimiento del 2,3% esperado para el PIB en 2017 no serán suficientes para cuadrar el ajuste que exige Europa. El tirón de la economía este año (se espera un crecimiento del 3,1%, similar al de 2015) no se ha correspondido con un aumento de los ingresos por IRPF (-1,1% hasta septiembre) ni del Impuesto sobre Sociedades (-29,5%). Sólo la recaudación por IVA (+4,8%) e impuestos especiales (+4,0%) están cumpliendo con la lógica económica. El recorte puede venir en los beneficios fiscales, que supondrán este año una merma de ingresos de 34.498 millones.

El calendario

– 11 de noviembre

El primer paso antes de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año es la aprobación del techo de gasto de 2017. La previsión es que consiga la luz verde este mismo viernes.

– 16 de diciembre

Con el techo de gasto listo, el siguiente paso es que el Consejo de Ministros apruebe el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2017. Todo apunta a que este trámite tendrá lugar el último viernes antes de que comiencen las festividades navideñas. Una vez hecho, se enviará al Parlamento para su tramitación.

– 1 de enero de 2017

Tal y como marca el artículo 134.4 de la Constitución, al no estar aprobadas las cuentas del próximo año, automáticamente entra en vigor la prórroga de los Presupuestos Generales de 2016.

– Primer trimestre 2017

La parte más difícil para el Gobierno será la tramitación parlamentaria. Durante estos meses el Ejecutivo tendrá que negociar con el resto de formaciones para sacar las cuentas adelante.

– 31 de marzo de 2017

Fecha tope que se ha marcado el Ejecutivo para tener listas las cuentas.

– 30 de abril de 2017

España ha de presentar a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020.