Hospital de Figueras.

Las órdenes de la Generalidad en materia lingüística son escuetas, directas y, sobre todo, de obligado cumplimiento. La imposición del catalán y la erradicación del español en la escuela, los medios de comunicación y la administración pública catalanas son los grandes ejes de una “política” que no sólo regula las relaciones lingüísticas en los ámbitos públicos, sino que reparte instrucciones y consignas para cuestiones tan insospechadas como la atención y gestión de las emergencias médicas. Y para que se cumplan las directrices vale todo, hasta realizar escuchas aleatorias de las comunicaciones entre el personal de las ambulancias y los centros de coordinación.

“Es de obligado conocimiento y uso por todos los gestores, independientemente del idioma que utilicen las unidades para dirigirse a CECOS (siglas de central de emergencias de coordinación sanitaria, donde trabajan los “gestores”).

“La única exepción a este protocolo se produce en la emisora de ACD (siglas de activación de coordinación domiciliaria) de la sala Barcelona, por su situación específica”. La “situación específica” se refiere a que la mayoría de los médicos que trabajan en la capital catalana para el SEM no entienden el catalán, básicamente porque son recién llegados a España. Muchos conductores de ambulancia tampoco lo entienden, pero en su caso el SEM y las empresas contratadas no hace la vista gorda y están obligados a utlizar “el único idioma autorizado por el SEM”.

Escuchas selectivas

Una circular de una empresa contratada por el Sistema de Emergencias Médicas autonómico recuerda que “el catalán es el único idioma

Los operadores telefónicos de las emergencias médicas en Cataluña pudieron constatar que se les sometía a “escuchas selectivas” en su trabajo cuando se bajó la nota de calidad de servicio a los que habían hablado en español con conductores y técnicos sanitarios. Los “gestores” alegan que muchos conductores no entienden los nombres de las calles o la descripción de la urgencia en catalán y que les hablan en castellano para facilitar la rapidez de la intervención. Sin embargo, la Generalidad es inflexible en el punto del catalán, de “obligado conocimiento y uso”, afirmación que no está sustentada en ninguna ley, ni autonómica ni mucho menos estatal. Tampoco considera la administración de CiU una alegación válida la eficacia en el servicio o el hecho de que sus instrucciones puedan tener un coste en vidas humanas mientras un operador y un conductor entran en un bucle telefónico porque no se entienden. El catalán es el “único idioma”.

El SEM ya fue protagonista hace un par de años, de un escándalo político cuando una de sus médicos se negó a identificarse ante un agente de al Guardia Civil en el Aeropuerto de Barcelona. En la pista esperaba un paciente procedente de Mallorca con severas quemaduras en el 70% de su cuerpo. Debía ser recogido y trasladado de urgencia a la unidad de quemados del hospital “Vall d’Hebron” de la capital catalana. Tuvo que esperar en el avión más de una hora hasta que se resolvió el asunto trasladando al herido hasta una zona en la que la ambulancia del SEM pudiera recogerlo sin tener que cruzar el puesto de los agentes.

Los incidentes en la gestión de las emergencias médicas son un expediente más de una sanidad al borde del colapso, ahogada financieramente por la Generalidad, y en la que las irregularidades administrativas están a la orden del día, con gerentes que cobran durante diez años pese a haber cesado, investigaciones judiciales, adjudicaciones bajo sospecha y un deterioro imparable de la atención a los ciudadanos.