Gustavo Vargas, el gerente general de la compañía LaMia, durante su detención.

Las autoridades de Bolivia han detenido este martes a Gustavo Vargas, el gerente general de la compañía LaMia, aerolínea comercial cuyo avión -en el que viajaba el equipo de fútbol brasileño Chapecoense- se estrelló la semana pasada en el departamento colombiano de Antioquia, dejando 71 muertos y seis heridos.

Uno de los fiscales de la comisión de investigación del accidente, Iván Quintanilla, ha confirmado que Vargas ha sido detenido y trasladado a las oficinas del Ministerio Público, ubicadas en Santa Cruz, junto a dos empleados de la compañía. Quintanilla ha informado de que la investigación se ampliará al copropietario de la empresa, Marco Rocha, tal y como recoge la agencia boliviana de noticias ABI.

Miguel Quiroga, el piloto del vuelo de la aerolínea boliviana LaMia, tenía un procedimiento judicial abierto con el Ejército de Bolivia, con quien había trabajado antes de ser piloto comercial.

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, señaló que Quiroga tenía “un juicio con la Fuerza Aérea boliviana (FAB)” y que incluso “contaba con un mandamiento de apremio”, ya que éste había dejado las filas de la FAB de forma irregular.

Además de mostrar “falta de compromiso”, Ferreira apuntó que una vez que se realiza este curso, que financia el propio Estado -y que cuenta con becas de desplazamiento a Estados Unidos y Europa-, no se abandona la institución hasta haber cumplido los años de servicio respectivo.

El ministro explicó que ni Quiroga ni sus otros cinco compañeros tenían razón justificable para abandonar la FAB. Por su parte, Milton Claros ha subrayado que no se puede pasar de la FAB a una actividad privada.

El otro titular de la compañía, Miguel Quiroga, era el piloto que volaba el martes y que, además de estar acusado de no haber previsto el abastecimiento de combustible necesario para el viaje, tenía un procedimiento judicial abierto con la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), de la que salió de forma irregular.

Los fiscales encargados del caso han recuperado una gran cantidad de información de las oficinas tanto de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea de Bolivia (AASANA) como de la aerolínea en el aeropuerto de Viru Viru, desde donde salió el avión, y en las sedes de ambas entidades.

Toda esta información será analizada por otra comisión, formada por fiscales de Bolivia, Colombia y Brasil, los tres países involucrados en el accidente -Bolivia, el país de donde salió el avión; Colombia, donde tuvo lugar el accidente y Brasil, al que pertenecían la mayoría de los pasajeros-.

La funcionaria ha huído a Brasil

Además de Vargas, continúa la investigación en torno a Celia Castedo, la funcionaria de la AASANA que expidió la autorización de vuelo de la nave, a pesar de haber pedido a la compañía que cambiara su plan porque la autonomía de la aeronave era muy ajustada para el trayecto previsto.

Bolivia ha solicitado a Brasil la expulsión inmediata de Castedo, que pidió asilo político ante el Ministerio Público de Corumbá y la Policía Federal de Brasil después de que las autoridades la acusaran de negligencia.

La solicitud de la ya exfuncionaria de la AASANA (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea) se tramita en secreto, ya que Castedo teme posibles consecuencias en Bolivia contra ella o su familia, indicó la misma fuente.

Cadena de errores

Una de las principales hipótesis que se maneja es que el avión se precipitó a tierra porque se quedó sin combustible poco antes de llegar al aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín. Una comisión de fiscales de Bolivia, Brasil y Colombia investigará el accidente de la empresa aérea de capitales venezolanos y bolivianos.

El avión, en el que viajaban 77 personas -entre ellas, el equipo de fútbol de Brasil Chapecoense-, se estrelló en un cerro al sur de Medellín, donde se dirigía para que el club se disputara la final de la Copa Sudamericana, dejando 71 muertos y tan solo seis supervivientes.