“No admitas una acusación contra un presbítero, a menos que esté apoyada por dos o tres testigos. A los que pequen repréndelos públicamente para que los demás escarmienten” (1Timoteo 5,19).

Resulta que todos los obispos de España, sobreactuando evidentemente y yendo más allá de lo que pide la ley, están pidiendo el certificado antipederastia a sus sacerdotes, como si eso fuese una solución. Y no va por ahí la solución, ni muchísimo menos. Si la Iglesia ha caído en el descrédito ante el mundo, no es tanto por los casos de pederastia de la tropa, que no son mayores que los de otros colectivos con trato habitual con niños; sino porque al haber adoptado los mandos la estrategia de inhibirse por sistema ante esas conductas, el efecto cierto de su estrategia irresponsable ha sido la extensión de la gangrena y la multiplicación exponencial del escándalo que quisieron evitar. Resultado de esa estrategia cobarde interpretada por muchos como consentimiento tácito, ha sido el enquistamiento del mal allí donde lo hubo, y el consiguiente descrédito de la Iglesia. Y acabó siendo ese silencio de los pastores (silencio necesario para que avanzara el mal) la mayor causa de daño y de escándalo.

¿Por qué no siguieron el consejo del apóstol a los presbíteros que pequen, repréndelos públicamente para que los demás escarmienten? La omisión de ese deber tan obvio por parte de los pastores, ha dado lugar a las peores acusaciones de complicidad con el mal. El silencio de los obispos ante escándalos públicos y notorios, dio pábulo a las más amargas acusaciones que ha recibido la Iglesia en su historia. Los pecados de unos y los silencios de otros, trajeron a la Iglesia humillación y vergüenza. ¿Cómo habían de escarmentar los demás, si la respuesta del obispo era el silencio, el disimulo y al final el ocultamiento? Y para coronar esa cobardía, en vez de dar la cara ajustándoles las cuentas a los delincuentes, se esconden detrás del decretazo que obliga a todos los curas a confesar públicamente que “ellos no son delincuentes”. La valentía y la acción coordinada que no tuvieron para “reprender públicamente a los presbíteros que pequen”, es decir a los culpables, la tienen ahora para inscribir a todos sus clérigos en el Registro de Delincuentes Sexuales, obligándoles de ese modo a “defender” su inocencia. ¿Cuestionada por quién? No por el Estado, que nada les ha pedido, sino por la repentina ansia de que no haya ninguna duda de la plena colaboración de la Iglesia con la sociedad civil.

Es así como los obispos pretenden demostrar urbi et orbi que ellos no sólo no eluden su deber de vigilar, sino que hasta se adelantan previniendo el mal de ese modo. Es lo que les va: exhibir un ostentoso y ampuloso gesto burocrático.

¿Tranquiliza el certificado negativo la conciencia de alguien? ¿El someter a la Iglesia a la normativa del Estado la exonera a partir de ahora de cualquier responsabilidad? ¿Se está afrontando el problema ya desde los seminarios o se trata sólo -como decía el cardenal Vidal y Barraquer- de ganar tiempo, salvar todo lo que sea posible y concretar un arreglo interino o modus vivendi con el gobierno? No perdamos de vista que se trata de ese gobierno globalista que representa la corrección política, esa casta que define el bien y el mal, esa casta que se cree llamada a dirigirnos, a mostrarnos la verdad y diría que hasta el sentido de la vida, también a la Iglesia. Un gobierno que, como pontificó Hillary Clinton, podrá dictaminar hasta qué punto las religiones pueden conformar sus dogmas. Y claro, para estos pastores es esencial templar gaitas para no perder los lazos que les unen con el poder político.

Porque el certificado de pureza sexo-racial no parece movido por razones morales sino económicas: para evitar que las indemnizaciones por casos judiciales acaben siendo de una cuantía inasumible; acompañada ésta por una razón de imagen: para que la presión social se vea satisfecha al ver que la jerarquía eclesiástica ha comprado la “mercancía” de que es razonable asociar los términos cura y pederasta. Y que en virtud de tal asociación todo cura tendrá que llevar encima el certificado con el que “demuestre” que no lo es. ¿Y eso para qué? Pues para tapar que el aspecto más grave del problema no es que haya habido y que siga habiendo pederastas en la Iglesia, sino que los obispos ni hayan hecho ni parezca que tengan intención de hacer nada. Porque en vez de coger por los cuernos al toro que les está embistiendo, van y se sacan del capote esta faenilla de lucimiento: el certificado estatal emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales para todos los curas. Y esperan que les aplaudamos la faena.

¿Y luego qué? ¿Eso es todo? Hay en este momento algunos casos abiertos, flagrantes, conocidos por todos y aireados por los medios (especialmente internet) respecto a los cuales no sólo en nuestra diócesis, sino también en otras de Cataluña y en el resto de España, los obispos no quieren mojarse. Los casos se abren, pero no se cierran. ¿Qué ocurrió con los curas de Granada? ¿En qué quedó la cosa? Y los casos escandalosos de la Casa de Santiago, que no sólo no se cerraron, sino que “se exportaron” a otros países por la cobardía de los eminentísimos cardenales que no se atrevieron a afrontarlos de cara y que en cierta manera siguen abiertos, ¿qué se hizo de ellos?

Nuestra Casa de Santiago, en efecto, aún sigue vivita y coleando de facto, no de iure (su gran preboste sigue concentrando las máximas prebendas de la diócesis, y viajando en visita pastoral a las filiales de la institución en el extranjero). ¿Y qué hace el obispado al respecto? Pues eso: templar gaitas. Es decir, recurrir a contemplaciones y miramientos con ciertas personas para evitar contrariarlas y enojarlas: a ellas y a los círculos de poder que las sustentan. Un trato mesurado que hay que dispensar a algunas personas difíciles de contentar o complacer. Para los demás curas y diáconos, la inmensa mayoría de los cuales nunca han dado que hablar… ¡leña al mono que es de goma!

Es lo mismo que ocurre en política con la corrupción. El mal no está en que haya políticos corruptos, que siempre los habrá. El mal está en que el sistema está diseñado para que sea prácticamente imposible pillarlos y condenarlos. El entramado judicial está controlado de tal manera por los que detentan el poder político corrupto y corruptor, que así no hay forma de que se acabe la putrefacción. La eternización de los procesos es el piélago en que se hunde toda corrupción. Se persigue, claro que sí, con enorme saña legal. Pero luego viene esa justicia de pies de plomo, con la que no hay manera de avanzar. Pero la “voluntad” de acabar con la corrupción, nadie la puede negar.

Si durante años ciertos seminarios han estado llenos de seminaristas homosexuales, ¿se extrañan ahora los señores obispos de que haya casos de abuso de menores? Y aunque no estuvieran llenos… ¡Cuántos formadores haciendo la vista gorda ante las plumas de sus pupilos! ¡Son tan requetefinos, sonrientes y pelotillas…! De aquellos polvos vienen esos lodos, que no se limpian con un miserable e indiscriminado certificado. Benedicto XVI puso el dedo en la llaga; y los enemigos de la moral católica, el grito en el cielo.

El resultado nefasto de esta situación es que tan necesitados están de hacer gestos ante la opinión pública, que si a cualquier obispo le llega una denuncia sobre un presunto abuso de algún sacerdote, inmediatamente lo deja al pie de los caballos con certificado o sin él, lo remueve de su parroquia, lo confina y luego le pregunta y si al final resulta todo una calumnia… Nunca volverá a la parroquia de la que salió y su nombre quedará manchado para siempre. Es la tremenda urgencia por sobreactuar. ¿Es esa la nueva justicia de la ley de tolerancia cero? No, ésa es la manera de tapar la pasada negligencia de los obispos con actuaciones exprés. Para que no se diga. Se ganan las portadas de los medios, que es de lo que se trata.

Y es que la cadena siempre acaba rompiendo por el eslabón más débil: los curas y los diáconos. De nada sirve el tranquilizante consuelo de pensar que todos los obispos lo han hecho y que se ha decidido consensuadamente. La decisión de exigir inmediatamente el certificado estatal a una clase de tropa mayoritariamente inocente, no deja de acercarse peligrosamente a la prevaricación: ese concepto jurídico por el cual una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Exigir una demostración de inocencia antes que la de culpabilidad, nos aproxima vertiginosamente a un estado policial que coacciona y condena aún antes de juzgar. Que nuestros pastores se suban al carro de lo políticamente correcto ahora -antes no, claro- supone una ruptura de confianza casi insalvable con aquellos que son sus primeros colaboradores y deberían ser sus hijos más queridos. Y todo para tapar sus culpas.

Pero a pesar de lo penoso de la circunstancia, todavía está vigente aquella ley natural en virtud de la cual nadie está obligado a obedecer una ley injusta y mucho menos la autoridad tiene derecho a urgir su cumplimiento. ¿Exigir que todo el clero baje la cabeza humillado por las perversiones de una minoría? ¡Que pidan cuentas a los culpables y dejen en paz a los inocentes! ¿O es que la autoridad ha dejado de serlo para convertirse en pura tiranía al servicio del poder dominante?