Pilar Sánchez, candidata a la Alcaldía de Jerez pese a estar imputada.

Para el PSOE andaluz, hay imputados de una clase e imputados de otra. Según Griñán, si se mantienen las imputaciones de los implicados en el caso de los ERE serán apartados del partido e incluso suspendidos de militancia o expulsados. Sin embargo, de los 106 cargos públicos del PSOE imputados en procesos judiciales, 35 participarán en las próximas elecciones municipales como candidatos de diverso nivel en listas socialistas. 31 de estos imputados serán además, cabezas de lista. Entre ellos, se encuentra la actual la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez y el cabeza de lista al Ayuntamiento de Granada y delegado provincial de Innovación, Francisco Cuenca.

La portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, detalló que hay en Andalucía 106 cargos socialistas imputados, de los que 35 concurrirán en las listas de este partido en las próximas elecciones municipales. De estos 35, además, 31 van como cabezas de lista. De esta forma, la portavoz popular preguntó a Griñán «por qué no ha dado de baja a los 106 cargos que están imputados», especialmente, aquellos que van a repetir en las listas de las municipales.

Entre los imputados que repetirán se encuentran la alcaldesa de Jerez y otra quincena más de alcaldes, pero también el candidato en Granada, Francisco Cuenca. Segun los datos aportados por el PP, Granada y Málaga son las provincias que presentan un mayor número de cargos socialistas imputados, 22 y 21 respectivamente, seguidas de Sevilla, con 17. En esta última provincia, destacan casos como Mercasevilla y Burguillos. Por contra, Córdoba es la provincia que menos imputados socialistas tiene, con sólo el alcalde de Baena, Luis Moreno.

Entre los ex altos públicos socialistas imputados, destacan asimismo por su vinculación con el caso de los ERE fraudulentos Fernando Mellet, Daniel Ponce, Antonio Rivas, Domingo Enrique Castaño, Gonzalo Crespo y el ex consejero Antonio Fernández.

Finalmente, los populares señalan también que hay diligencias abiertas contra diversos cargos socialistas, entre los que se encuentran el presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña, por una querella; la alcaldesa de Jerez, por subvenciones al PTA; y la alcaldesa de Jaén y candidata, Carmen Peñalver.