El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de la reforma de las pensiones que retrasa la edad legal de jubilación a los 67 años, después del visto bueno de los órganos consultivos al anteproyecto consensuado entre el Gobierno y los agentes sociales en el marco del pacto social y económico. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, valoró que el proyecto de ley aprobado responde al “contenido original” del anteproyecto pactado con los interlocutores sociales, al tiempo que calculó que incorpora entre un 70% y un 80% las recomendaciones del informe del Consejo Económico y Social (CES), el que consideró “útil”.

Después de que los sindicatos amenazaran al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con una nueva huelga general si decidía retrasar la jubilación más allá de los 65 años y tras varias reuniones maratonianas, los interlocutores sociales y el Ejecutivo lograron acercar posturas y sellar el pasado 2 de febrero un acuerdo en esta materia, con algunas indicaciones también sobre negociación colectiva, políticas activas de empleo y energía. En concreto, la reforma de las pensiones está previsto que entre en vigor en 2013 y eleve la edad de jubilación en un horizonte de 15 años hasta los 67 años, de modo que los cambios se completarían en 2017.

Como otra novedad, se introduce la exigencia de contar con una carrera de cotización de 37 años para poder acceder a cobrar la pensión máxima, frente a los 35 años actuales. La reforma amplía también de 15 a 25 años el periodo de cálculo de las pensiones. El Gobierno calcula que un 40% de los trabajadores se jubile con 67 años, otro 40% a los 65 años y que el 20% restante lo haga a edades inferiores, al desarrollar ocupaciones penosas o por ser discapacitados.

La reforma también contempla que las mujeres y varones puedan contar, solo a efectos de jubilación a partir de 2013, con 116 meses de cotización por hijo con un máximo de dos años si han tenido que dejar de trabajar para cuidarlo. Por su parte, la reforma contempla que los programas formativos remunerados, como las becas, den origen a una cotización de carácter voluntaria, que será equivalente a la que se aporta en los contratos de formación –50 euros–, siempre mediante la firma de convenios singulares con la Seguridad Social.

Investigadores sin remuneración

En este sentido, el ministró desveló que también se contabilizará en la vida laboral los cursos de investigadores, aunque su actividad no implique una remuneración, tal y como sugería el CES. “El Gobierno está satisfecho con el resultado del proceso de conversión del anteproyecto en proyecto de ley”, indicó Gómez, para terminar congratulándose por el cumplimiento de plazo fijados por el Gobierno: “Hemos cumplido lo que dijimos”. Sobre la recomendación del CES de basar la sostenibilidad del sistema más allá de la esperanza de vida, Gómez defendió este aspecto como “factor detonante” para la revisión del sistema cada cinco años una vez que se complete la entrada en vigor de los nuevos cambios. “El factor detonante tiene que ser siempre la esperanza de vida para un sistema de reparto”, sentenció.