El expresidente catalán Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau han llegado a las 9.25, con casi media hora de retraso, a las puertas de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), acompañados de Carles Puigdemont y su Govern, para iniciar el juicio por el 9N de 2014.

La defensa del expresidente catalán Artur Mas en la causa del 9N ha alegado ante el Tribunal que se ha vulnerado su derecho de defensa al no haberse aceptado como prueba el informe de los fiscales reticentes a acusarle de desobediencia.

Tanto es así que su primera alegación ante el Tribunal por parte del encausado Artur Mas ha sido que «no contestará a ninguna pregunta de la Fiscalía». Acto seguido ha declarado que la consulta del 9-N «no fue una salida de tono ni una ocurrencia sino el resultado de un mandato explícito del Parlamento de Cataluña y de acuerdos. La iniciativa política fue mía y de mi Gobierno». Y así lo ha reiterado al final de sus alegatos: «Yo fui el responsable de todo».

A su entender el objetivo era conocer la opinión de los catalanes y ha querido dejar claro que no entendieron el recurso del Gobierno de España para frenar el decreto de convocatoria, y que «no se trataba de hacer un proceso de votación vinculante» sino una mera consulta de opinión.

“Nuestro Gobierno impulso el proceso participativo del 9-N porque el TC había suspendido la consulta que yo había decretado para septiembre. La consulta podría haberse producido con normalidad porque había garantías, pero tuvimos que cambiar de formato», ha argumentado. Y cambiar la consulta tuvo un alto coste político para su partido, porque se quedaron solos.

Al cambiar de formato, Mas ha asegurado que fue necesaria la ayuda de voluntarios o no habrían podido llevar a cabo la consulta. «No hubiésemos podido realizar la consulta sin la ayuda generosa de 52.000 personas», ha insistido.

En la notificación del TC dice que «se obvió la advertencia de las consecuencias jurídicas de no suspender el 9-N», e insiste: «No estaba» y añade que les llegó por correo electrónico. «En 2014 nadie nos requirió ni nos advirtió. Un año después sí se hizo», matiza.

Tras pedir explicaciones al Constitucional, una vez que les llegó por escrito dice que no recibieron ninguna respuesta antes del 9-N por lo que decidieron seguir adelante con la consulta, ya que les hubiese sido imposible parar partes de este proceso. Aunque ha querido destacar que su «voluntad política no era parar el proceso».

¿Si tan evidente era que aquello era un delito cómo es que el TC no hizo nada? se pregunta Artur Mas, tras ser interrogado por las denuncias presentadas ante el juzgado de guardia el día de la consulta. Y reitera que el juez de guardia tampoco hizo nada para frenar la consulta.

Fui el máximo responsable de cómo había que sustituir una consulta para que finalmente pudiésemos cumplir con el objetivo final. Soy responsable de idear un proceso participativo y dar órdenes para seguir adelante con él y la consulta inicial y el proceso participativo de después no eran vinculantes jurídicamente». Y finaliza: «Yo fui el responsable de todo».

Por qué no responde a la Fiscalía

En el trámite de cuestiones previas del juicio del 9N, que se ha iniciado hacia las 9.30 de esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), las defensas de Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau han argumentado que la denegación de esa prueba supone una vulneración del derecho de defensa y a un proceso a todas las garantías.

El informe a que se han referido hoy las defensas es el escrito que la junta de fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña redactó en 2014 para oponerse a la presentación de una querella por desobediencia contra el gobierno catalán, que finalmente fue impuesta por la Fiscalía General del Estado.

La propia Fiscalía se opuso durante la instrucción de la causa a que se aceptara como prueba ese informe interno, que finalmente el TSJC acabó descartando incorporar a la causa.

La defensa también ha alegado indefensión por la no aceptación de los testimonios del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.