Miles de españoles desde hace muchos años, se siguen planteando esta misma pregunta. Y, cada vez que se la formulan, estoy seguro que como yo, se paran a pensar en la necesidad cada vez más imperiosa, del nacimiento de un movimiento político identitario capaz de acabar, por ejemplo, con indecencias e inmoralidades como las que detallo a continuación. Permítanme que para hacerlo, y, a sabiendas de que a ellos (a la izquierda) cuando se tocan ciertos temas no les gusta, utilice intencionadamente el “lenguaje inclusivo” para referirme a “ellos y a ellas” en todas y cada una de esas indecencias e inmoralidades:

A partir del próximo 19 de junio, Leonor de Borbón y Ortiz se convertirá en “Princesa de Asturias”. Desde ese mismo momento, pasará a percibir 8.538,66 euros mensuales de asignación. Es decir, 13 veces el salario mínimo interprofesional. Desde ese día, y hasta que el rey Felipe VI abdique o fallezca, su hija, con sólo 8 años de edad, ingresará de las arcas públicas, mensualmente, lo mismo que perciben trece padres de familia españoles trabajando como mínimo ocho horas diarias, o lo equivalente a la ayuda que se le otorga a 20 familias con todos sus miembros sin trabajo y sin prestación por desempleo, de 426 euros mensuales.

Pero hay más, ¿acaso no pone escalofríos en el alma, la pensión de jubilación que percibe un diputado o diputada después de cotizar únicamente de cuatro a once años sentado o sentada en un escaño climatizado, si la comparamos con la de una pobre viuda agotada y con síntomas claros de enfermedad, después de haber estado fregando escaleras y domicilios particulares toda una vida?

¿No es sangrante que los diputados y diputadas aprueben la entrada masiva de ilegales en nuestro país y les repartan ayudas sociales a diestro y siniestro que salen del bolsillo de los españoles, mientras muchos de esos españoles tienen que seguir mendigando un puesto de trabajo o una prestación social, porque ni tan siquiera les llegan las ayudas para sus hijos en edad escolar?

¿Quién en su sano juicio no se siente impotente ante el sistema de partidos y autonomías, cuando compara los treinta y cinco años que debe estar cotizando un ciudadano español a la Seguridad Social, para que al llegar su jubilación pueda disponer de su pensión más o menos holgada para vivir, mientras que los miembros del gobierno para percibir la pensión máxima solo necesitarán jurar el cargo?

¿Acaso no es irritante que los diputados y diputadas sean los únicos cotizantes de este país, que están exentos de tributar un tercio de su sueldo?

¿No estamos viendo todos los días la colocación por los que ostentan el poder, de miles de asesores en la Administración (amigos y amigas de diputados y diputadas) con unos sueldos que ya quisieran para ellos los técnicos mejor cualificados de nuestro pueblo, que para poder salir adelante tienen que buscarse la vida como pueden al margen de la política?

¿Acaso no muestran ante nuestras narices las ingentes cantidades de dinero público que se destinan a subvencionar y sostener los partidos políticos y sindicatos, controlados cuidadosamente por los mismos que viven de ellos?

¿Es que existe alguien en este país que todavía no se haya enterado, que los políticos no están obligados a superar ni la más mínima prueba de capacidad para ejercer su cargo, ni se les exige ningún historial laboral o académico?

¿Acaso no tira para atrás el montante de dinero público que se destina a comidas, coches oficiales, chóferes, viajes, etc., para satisfacer a diputados y diputadas, senadores, senadoras, eurodiputados, eurodiputadas, eurocomisarios, eurocomisarias, directores y directoras generales?

¿Puede existir una español con dignidad que no se haga mala sangre, cuando ve que los diputados y diputadas; eurodiputados y eurodiputadas, no están obligados a establecer su domicilio allá donde son destinados (Madrid o Estrasburgo), y que perciban mensualmente de dinero público ingentes cantidades de dinero en concepto de indemnizaciones por razón de servicio, por viajar por motivos de trabajo fuera de su residencia?

¿No es indignante que los diputados y diputadas tengan cerca de cinco meses de vacaciones al año, de los que ochenta y dos días son en la época estival y cuarenta y ocho los disfrutan en Navidad, más diecisiete en Semana Santa a pesar de que muchos de ellos se declaran laicos?

¿Cómo es posible que este sufrido pueblo español no se levante contra tanta injusticia, y consiente que los diputados y diputadas cuando cesan en el cargo tengan derecho a un “colchón económico” igual al 80% de su sueldo que percibirán durante dieciocho meses a partir del día que aparezca su cese publicado en el BOE?

¿Acaso no se nos retuerce el mondongo cuando vemos que exministros y exministras, secretarios y secretarias de Estado, así como altos cargos de la política española, son los únicos ciudadanos y ciudadanas de este país que pueden llegar a percibir dos salarios del erario público?

¿Acaso no es cierto que los medios de comunicación públicos, que son deficitarios y que se sostienen con el dinero de los bolsillos de los sufridos contribuyentes, están siendo utilizados por esta caterva de indecentes e inmorales para transmitir a la sociedad, que los funcionarios de carrera son los únicos que representan una pesada losa para los contribuyentes españoles?

Díganme, ¿No se les indigesta la comida cuando ven y comprueban, que los diputados, diputadas y demás cargos políticos, ocultan a la ciudadanía sus privilegios y prebendas, mientras arengan a esa misma sociedad en mítines de campaña sobre temas como el sentido social y los derechos sociales?

Voy a detenerme aquí porque me haría interminable. Como podrán comprobar, estos argumentos son más que suficientes para seguir sin acudir a las urnas y para plantearse muy seriamente la necesidad imperiosa en estos momentos, de mirarse en el espejo y pensar detenidamente qué podríamos hacer cada uno de nosotros, para participar en un nuevo movimiento político identitario que se ponga manos a la obra en una urgente y necesaria reconstrucción nacional, para barrer del mapa político a toda esta caterva de vividores y profesionales de la política, sustituyéndolos por personas honestas del mundo de la empresa, de la verdadera cultura, de la información, de la ciencia y la tecnología, que no necesiten la política para vivir, que se quieran embarcar en esta nave nacional sin ánimo de lucro, y que tengan como único objetivo el de velar por los intereses de los españoles y de la Patria.