Según Intermón Oxfam un 25% de la población española está en situación de pobreza. El dato procede de una investigación realizada por esta organización y está expuesto en un informe riguroso y verificable con diversos procedimientos. Es, a mi juicio, altamente preocupante que esto suceda en nuestro país. Están fallando muchas cosas. Las empresas tendrían que pagar más impuestos para que el peso del sostenimiento del Estado no recaiga en exceso sobre más del 83% de los particulares. La redistribución de las cargas impositivas no es la adecuada para poder reducir mucho más los niveles de desigualdad económica existente.

Saber que tres españoles acumulaban en 2016 la misma riqueza que 14,2 millones de españoles es, en mi opinión, demoledor. Además, la distancia entre las rentas de los ricos y de los pobres aumenta en vez de disminuir. La igualdad económica entendida como principio rector de la política económica del estado español parece que ha saltado por los aires.

También está el problema de los bajos salarios que no dan para vivir con dignidad. Las diferencias en los salarios entre hombres y mujeres en España son considerables en muchos casos y esto no debería ser así. La igualdad salarial con la misma categoría laboral y mismas funciones es lo que tendría que exigirse siempre. Los españoles cobramos mucho menos que la media europea. El poder adquisitivo de los trabajadores y pensionistas ha bajado considerablemente en los últimos años. Y esto aumenta las dificultades económicas de muchos ciudadanos.

No es extraño que un sindicato considere que es necesario que se apruebe cuanto antes una Ley de Igualdad Salarial. Ya que es una cuestión crucial que debería ser objeto de discusión y de posible acuerdo por los partidos políticos representados en las Cortes.

Y, si se piensa en la desigualdad extrema en el mundo, la situación es espeluznante. En India, por ejemplo, viven alrededor de 90 millones de personas en condiciones de pobreza extrema y si no se frena el incremento de la desigualdad seguirán igual.

Es imprescindible erradicar la pobreza. Y si no se cambia la política económica pública, de modo radical, no se irá reduciendo la desigualdad. Los salarios bajos o muy bajos son frecuentes en España y esto no es admisible. Es natural que los empresarios quieran obtener los máximos beneficios posibles, pero no a costa de pagar sueldos miserables a los trabajadores. Y no digo que todos los empresarios hagan esto, pero en bastantes empresas pagan salarios demasiado bajos. Es significativo que la hostelería sea el sector que registra los salarios más bajos de toda la Unión Europea. Teniendo en cuenta que el año pasado nos visitaron 75 millones de turistas en España y que gastaron muchos miles de millones de euros en nuestro territorio no parece coherente.

Que las mujeres tengan en nuestro país un salario medio mensual de 1.813 euros frente a los 2.166 euros de los hombres es algo que muestra una brecha salarial injusta y discriminatoria. En Dinamarca el salario medio de las mujeres es más del doble que el ingresado por las españolas.

Debe existir, realmente, una mayor igualdad en los salarios y no estas diferencias abismales entre los ingresos de los trabajadores. Y que las grandes empresas con enormes beneficios paguen impuestos en función de los mismos. Las empresas dependen de sus trabajadores y de la sociedad y no son algo independiente de la estructura de la comunidad en la que están insertadas. Por tanto, el Estado tiene derecho a exigir que contribuyan más al sostenimiento de la colectividad y al de sus ciudadanos. No es suficiente con que dediquen una cantidad simbólica de sus beneficios a obras sociales.