Últimamente se vienen aprobando normas por parte de las Asambleas Legislativas de algunas regiones españolas (aquellas con capacidad para ello) que, aparte de crear falsas expectativas en la gente, nos están llevando a un verdadero caos en lo concerniente al denominado Derecho de Familia. La primera región que lo hizo fue Aragón, luego ha habido un intento fallido en Navarra, hace pocas horas acaba de hacerlo la Comunidad Valenciana y hay algunos proyectos más en alguna que otra región.

Somos muchos los que pensamos que no es lo más acertado que, según se nazca en un lugar u otro de España, o se resida aquí o allá, las personas tengan o carezcan de determinados “derechos” u “obligaciones”, y más en un asunto como el que nos ocupa.

Pero, aún así, esto no es lo más preocupante. Hace ya mucho que algunas comunidades autónomas han diseñado modelos diversos de Mediación Familiar (el primero en Cataluña) a cual más ineficaz; acciones que serán un obstáculo importante a la hora de hacer cumplir el compromiso del Parlamento Español de elaborar una Ley de Mediación Familiar de rango Nacional-Español; una asignatura pendiente desde el año 2005, y que son muchos los que han guardado en lo más recóndito del baúl de los recuerdos.

Otro asunto, sin duda el más importante, es el enorme lastre de la denominada “ley integral contra la violencia de género”, que impide la aplicación “efectiva” de las bienintencionadas leyes regionales en las que se prevé la generalización de la custodia compartida de los hijos menores tras el divorcio, entre otras cuestiones; y de lo cual hablaremos más adelante… Es más, también somos legión los que vaticinamos (a riesgo de equivocarnos) que la implantación de la custodia compartida generará un aumento descomunal de las falsas denuncias por supuesto maltrato… ¡Tiempo al tiempo! Ya se lo advertimos a ustedes cuando entró en vigor la perversa ley, el día de los Santos Inocentes de 2004 (ley que ustedes apoyaron con enorme entusiasmo…) y no nos hicieron el más mínimo caso. Transcurridos cinco años de su puesta en práctica, ya se había superado el millón de hombres denunciados falsamente por sus esposas, compañeras, novias… En la mayoría de los casos con la intención de obtener ventajas procesales en los pleitos por la custodia de los hijos y la liquidación del régimen de gananciales.

Permítanme recordarles una verdad de “Perogrullo”: una ruptura de pareja no debe ser sinónima de ruptura de familia. También, aunque sea de Perogrullo es necesario mencionar que en cualquier país medianamente “civilizado y sensato” se considera que cuando se dan tasas especialmente altas de divorcio, éstas son un claro síntoma de fracaso social… Lo digo porque el que España tenga el dudoso honor, el triste record de ocupar aproximadamente la cuarta parte del total de divorcios de la Unión Europea (27 países, y algunos con más del doble de habitantes que nuestro país) en los últimos años, es algo especialmente preocupante.

En cualquier país del mundo, menos en España, la gente corriente y sus gobernantes suelen pensar que hay que procurar que las relaciones de pareja, los matrimonios, perduren, tanto como sea posible, por el bien de los adultos y de los menores; es por ello que en la mayoría de las naciones se suelen (menos en España que nos empeñamos en ser “diferentes”) promover normas disuasorias respecto del divorcio (que insisto, se considera un mal no precisamente “menor”) y se procura ayudar a las personas que desean seguir viviendo juntos, a pesar de que en determinados momentos no se lleven todo lo bien que sería deseable.

En las naciones de nuestro entorno existe un consenso generalizado respecto de que una separación matrimonial no debe implicar una separación de padres e hijos. Más de uno, al leer estas líneas dirá que a veces no queda más remedio, ciertamente en algunos casos extremos es así. Pero lo que no es admisible es que en la mayoría de las rupturas de pareja se condene a los menores a crecer sin referencia de alguno de los progenitores, lo cual puede acarrear una carga emocional de impredecibles consecuencias.

Hemos llegado en España a tal situación que, es de urgencia extrema hacer todo lo posible para que, los cambios que se producen en la estructura familiar, tras la ruptura del contrato matrimonial, no signifiquen la desaparición de la “estructura triangular” que define a todas las familias: padre, madre e hijos.

Cada vez es más necesario, urgente, reeducar a las “familias post-divorcio”, a sus miembros, para intentar conseguir fundamentalmente que, el impacto que reciben los hijos sea el menor posible. Hay que procurar que los niños se sientan protegidos y seguros (física y psíquicamente), bien cuidados, que se sientan queridos y aceptados, pero sobre todo que se les garantice una posición cómoda (exenta de “extrañas” lealtades) respecto a ambos progenitores.

Es de extrema urgencia crear centros donde se enseñe a los padres a enfrentarse a la nueva situación, lugares en los que se les pueda reeducar y se les transmita la necesidad de llegar a acuerdos. Partiendo en algunos casos de situaciones tales, como que los dos miembros de la pareja ni siquiera se aceptan físicamente. Esos lugares evidentemente no son los tribunales.

Las rupturas matrimoniales se convierten en la mayoría de los casos en guerras en las que la carga emocional y los intereses enfrentados “ciegan” a la mujer y al hombre impidiendo salvo raras excepciones, que lleguen a acuerdos de separación aceptables para ambos. Los actualmente denominados “convenios reguladores” de separación y divorcio, debido a esos intereses enfrentados, apenas tienen garantía de ser cumplidos, y por supuesto desgraciadamente tampoco son beneficiosos para los hijos.

El proceso de separación de una pareja suele ser largo y costoso, tanto desde el punto de vista emocional como dinerario. Uno de los principales impedimentos para lograr una “separación civilizada” es la carga emocional que posee la pareja que se está separando: agresividad, frustración, resentimiento, etc. Esta carga hace que ambos miembros distorsionen la realidad e incite a uno de ellos, o a los dos, a intentar castigar a la otra parte o a vengarse.

La Mediación Familiar representa una alternativa a la vía judicial cada vez más en auge (de eficacia probada allí donde hay suficiente práctica de ella) que, posibilita que la resolución de conflictos en las separaciones matrimoniales “sea de guante blanco”, impidiendo que haya que recurrir necesariamente a los Juzgados para sentar las bases del futuro de los ex cónyuges y de sus hijos. Cómo mínimo debería advertírseles a las personas en proceso de ruptura, de los posibles costes del conflicto, y de las terribles consecuencias que acarrean las disputas por resolver.

Estamos hablando de un procedimiento de gran implantación en los países de nuestro entorno cultural, que hace disminuir considerablemente la confrontación, y que asegura un altísimo grado de cumplimiento de los que actualmente se denominan convenios reguladores. La Mediación Familiar propicia que entre ocho y nueve de cada diez casos los ex cónyuges cumplan lo acordado, mientras que en los casos de separaciones judiciales el porcentaje se reduce de manera especialmente importante.

La mediación familiar es un mecanismo que potencia el consenso ante la confrontación-rivalidad, un instrumento que limita las expectativas de las partes con respecto a posibles ventajas económicas o generadoras de desigualdad, incompatibles con ejercicio compartido de la patria potestad, o como dicen los franceses de la “autoridad parental compartida”. Es urgente implantar en España un procedimiento que priorice la corresponsabilidad frente a las “obligaciones” respecto de los hijos. Un sistema que respete la voluntad de las partes en cuanto a la organización de su convivencia y la de sus propios hijos, respecto de la guarda, custodia y tiempos de estancias-visitas; respecto de las tomas de decisiones y responsabilidades; respecto de la resolución de las “diferencias”; respecto de los gastos referentes a la crianza y a la educación de los hijos.

La Mediación Familiar pretende ayudar a los progenitores que, no viven juntos, a desarrollar el mejor entorno de convivencia posible, dada la situación de separación. Conditio sine qua non para lograr un buen acuerdo es que, la idoneidad o capacidad de los padres para ejercer sus responsabilidades y derechos respecto de sus hijos sea considerada igual que cuando existía la convivencia marital. Esto implica no olvidar tampoco que, el equilibrio emocional del menor implica imprescindiblemente la presencia de ambos padres; y que el referente paterno/materno filial es igualmente necesario para su normal desarrollo, y por supuesto necesario si queremos preservar el “interés superior del niño” debiéndose evitar las ventajas procesales, coacciones emocionales, y situaciones de dependencia económica que suponen el germen de formas diversas de violencia y de futuros perjuicios para los hijos.

Desde que el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero anunció la modificación del Código Civil en lo que respecta a la separación y al divorcio, al final del verano de 2004, se ha abierto al entender de muchas personas, un falso debate de manera especialmente interesada. Se ha argumentado de forma absurda y disparatada en contra de la Custodia Compartida, se ha llegado a –incluso- decir que la misma perjudica seriamente a los hijos y también a las mujeres… o que sólo están interesados en ella hombres maltratadores, para seguir “victimizando” a la mujer.

También se oculta interesadamente, que quienes reclamamos la Custodia Compartida nos referimos a que ambos padres (papá y mamá) sigan cumpliendo con el deber que tenían cuando las “familias aún estaban intactas”, de cuidar, proteger y proveer la seguridad necesaria para el normal desarrollo de los niños, así como garantizar su protección física y psicológica.

Estamos hablando de fomentar en España la cultura del acuerdo, de la resolución pacífica de los conflictos (la exposición de motivos del texto gubernamental hablaba de que más del 70 % de los casos de violencia doméstica se origina entre personas que están inmersas en procesos de separación); estamos haciendo referencia al desarrollo pleno de la patria potestad, a igualdad de derechos y de obligaciones, a promover una actitud generosa respecto de la crianza y el cuidado de los menores.

Era obligación del Gobierno de la Nación haber promovido una Ley de Mediación Familiar Obligatoria (necesidad sobre la que las diversas asociaciones de padres y madres divorciados hicimos entonces especial hincapié…) no sólo como solución a los miles de casos de separación y divorcio que se podrían reconducir, velando por el cumplimiento del precepto constitucional de protección a la familia, sino en evitación de muchos casos que han producido tal grado de sufrimiento, desesperación y locura que han acabado en tragedias y en pérdidas de vidas humanas; y por desgracia, ni el PSOE, ni ningún partido político con representación parlamentaria nos hizo ningún caso…. Aunque, cuando se aprobó la actual ley de divorcio (julio de 2005) tanto el gobierno como la oposición se comprometieron a legislar sobre mediación familiar antes de que acabara la legislatura (así se recoge en la reforma que se hizo entonces del Código Civil) lamentablemente aquellas “buenas intenciones” se guardaron en el baúl de los recuerdos.

Si tal como la mayoría de la gente piensa, el divorcio, la ruptura de pareja es un síntoma de fracaso social (pese a que las asociaciones de “mujeres” pretendan convencernos de lo contrario, y nos lo vendan como un signo de progreso…) aparte de una experiencia especialmente perturbadora y desequilibrante para adultos y menores, habría que promover medidas disuasorias, y emprender acciones para que quienes aún desean evitar la ruptura, consigan reconciliarse.

Y si se trata de personas que no son capaces de seguir viviendo juntos, procurar que “se divorcien mejor”, que las rupturas matrimoniales sean de manera razonable y velando por el interés de los menores cuando haya hijos por medio.

Las experiencias de otros países de mayor tradición de divorcio que España, demuestran que para que sea eficaz la Mediación debe ser Obligatoria (casualmente Chile, cuando aún estaba presidido por una socialista, introdujo en su derecho de familia la Mediación Familiar Obligatoria…) es la única manera de que el Juez sepa quien tuvo o no buena voluntad de arreglar, no sólo el asunto matrimonial y familiar, sino las consecuencias posteriores concernientes a los hijos.

Ahora bien, todo lo expuesto es absolutamente imposible mientras España siga siendo víctima de la perversa “ley integral contra la violencia de género”, ley totalitaria, antifamilia donde las haya.

Es condición indispensable para recuperar el buen camino, la urgente derogación de dicho engendro legislativo, si no, todas las iniciativas que se tomen están abocadas al más absoluto fracaso.