Emigrantes intentan sacar a un bebé del agua, mientras esperan a ser rescatados en el Mediterráneo

«Nos escondíamos en una escuela abandonada para dormir. Durante el día tenía que buscar un trabajo. Evitábamos las calles donde sabíamos que había puestos de control (militares). Saben que no tienes papeles, no puedes denunciar. A mí me violaron más de una vez». La keniana Hope –nombre ficticio– relata a ABC los meses que pasó en Trípoli. Su hijo corretea no muy lejos. Hope es sólo una de los miles de inmigrantes y refugiados subsaharianos que, en su intento de alcanzar un futuro mejor en Europa, han quedado atrapados en Libia, donde las mujeres y niños son las víctimas más vulnerables.

Envuelta en el caos y la violencia, con porosas fronteras y corrupción rampante fruto del vacío de poder, Libia es el lugar ideal para la proliferación de mafias de trata de personas: se calcula que más de 256.000 migrantes permanecen en el país, la mayoría nacionales de Nigeria, Somalia, Eritrea, Senegal o Egipto. En manos de milicias y dejados a su suerte en centros de detención, inmigrantes y refugiados son sometidos a un sinnúmero de vejaciones, desde abusos sexuales a extorsiones, torturas y secuestros, según un demoledor informe de Unicef publicado hoy. Casi la mitad de las mujeres y los niños han sido violados en algún momento de su travesía. A menudo, varias veces y de manera sistemática. «La ruta del Mediterráneo central es una empresa criminal por la que los niños y las mujeres pagan el precio. Los contrabandistas y traficantes están ganando. Es lo que sucede cuando no hay alternativas seguras y legales. Niños y mujeres desaparecen en un agujero infernal, están siendo sometidos a ataques sexuales, maltratados, explotados y asesinados», asevera el director adjunto de la organización, Justin Forsyth.

Una casa de intercambio

De las 181.436 personas que llegaron a Italia en 2016 a través de la ruta del Mediterráneo Central, cerca del 16% eran niños, y nueve de cada diez no estaban acompañados. Más del 40% de los que llegan a las costas italianas desde Libia cumplen con los estándares europeos para considerarse refugiados, según Acnur. Su viaje comienza con un pago de entre 200 y 1.200 dólares por persona. Pero ese es sólo el primer monto. Una vez en Libia, a la que llegan en camión, carro o incluso andando, el contrabandista los abandona en una «casa de intercambio» controlada por la milicia de turno, donde los migrantes pasan de mano en mano. Laqman, traficante que organiza una pequeña flotilla en la ciudad de Zuara, relata a este periódico que él sólo se encarga del pasaje en barco. «Cuando me preguntan por el viaje desde Sudán, o Eritrea, les remito a un compañero de negocios».

Para poder pagar el billete en una precaria balsa, deben trabajar en la clandestinidad o endeudarse. Muchas jóvenes son forzadas a la prostitución: niñas nigerianas víctimas de la trata están siendo enviadas a países como la propia España por la misma ruta que utilizan los traficantes. En enero de este año, más de 4.400 personas cruzaron el Mediterráneo rumbo a Italia. Más de 300 han muerto. La otra opción, permanecer en Libia, puede convertirse en un infierno.

Fue un hombre vestido de uniforme quien violó a Hope la primera vez en las calles de Trípoli. No sabe si fue un miliciano, la policía, el Ejército… a efectos prácticos, le dio igual: como otras muchas, Hope no denunció por miedo a ser detenida y llevada a uno de los 34 centros de internamiento de los que se tiene constancia en Libia. El Departamento del Gobierno de Libia para Combatir la Migración Ilegal dirige 24 de ellos, donde se hacinan entre 4.000 a 7.000 detenidos. En cárceles, almacenes, granjas o escuelas reconvertidas, el número de migrantes en los centros controlados por las milicias, un negocio boyante en Libia, es desconocido.

Cárceles ilegales

«Hay decenas de cárceles ilegales sobre las que no tenemos control. Hay al menos trece en Trípoli. Están manejadas por poderosas milicias armadas. Controlan directamente la trata de personas, y utilizan las prisiones para mantener esperando a los migrantes hasta que se les permite salir. Estas milicias son el brazo armado de los traficantes. Hacen como que detienen a los inmigrantes ilegales y los mantienen en sus centros por un tiempo, sin comida ni agua, se quedan con todo el dinero que tienen», relató un oficial de policía al equipo de Unicef.

Pero incluso en los centros de acogida del gobierno hay violaciones de los derechos humanos, según constató esta organización, que ha entrevistado a más de un centenar de mujeres y niños detenidos en Libia y que admite que sólo ha tenido acceso a la mitad de los centros oficiales. Como ejemplo, en uno de ellos había más de 20 personas, hombres, mujeres y niños, hacinados en una celda de 2 metros cuadrados, «como pollos», sujetos a violencia y a condiciones insalubres.

«Cualquier avance en derechos humanos está condicionado a los progresos en los frentes político y de seguridad», se ha defendido el líder del gobierno, Fayez al Serraj, que afronta en una posición de debilidad la misión de estabilizar el país. Con sede en una Trípoli donde cada mes estallan nuevas refriegas entre milicias y Gobiernos rivales, el GNA carece del apoyo de la Casa de Representantes en Tobruk y del líder del Ejército Nacional Libio (LNA), Jalifa Haftar. El mapa del territorio libio es un rifirrafe de colores y facciones que van desde milicias islamistas como las de Misrata, grupos tribales en el sur y en el este, o incluso grupos terroristas como Ansar Al Sharía.

A principios de febrero, los líderes de la Unión Europea concluyeron su cumbre en Malta con la promesa de nuevas medidas para «cerrar» la ruta del Mediterráneo Central y la firma de un memorándum de entendimiento entre el Gobierno italiano y el Gobierno de Unidad Nacional (GNA) libio auspiciado por las Naciones Unidas. «Creo que el pacto (de la UE) con Turquía (para que Ankara reciba de vuelta a los refugiados que llegan desde territorio turco a las islas griegas) no puede copiarse sin más con Libia y Túnez», advirtió ayer el ministro alemán de Exteriores, Sigmar Gabriel, en respuesta a voces más radicales dentro de la Unión Europea que abogan por la creación de centros de detención administrados por la ONU en el norte de África. «La diferencia es que en Turquía hay un Estado, más allá de que nos guste o no cómo actúa, y que en Libia no lo hay», aseveró Gabriel en una rueda de prensa en Viena.