El Gobierno dejará sin aplicación la proposición no de ley que ayer aprobó el Congreso de los Diputados para la exhumación y reubicación de los restos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera fuera del Valle de los Caídos. Es el mismo procecimiento que sigue La Moncloa con aquellas iniciativas no legislativas, y por tanto no vinculantes, que la Cámara Baja saca adelante sin el voto de los populares. En este caso, el Gobierno considera que no existe «un consenso básico» para llevar a cabo esta medida por lo que opta por el criterio «de no reabrir heridas en un asunto que merece el mayor acuerdo posible».

Recuerda, además, que la Comisión de Expertos que en 2011 recomendó la exhumación de los restos aconsejó también que se busquen los acuerdos parlamentarios más amplios posibles antes de llevarla a cabo.

Y es que, aunque la proposición fue aprobada con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, se puso de manifiesto la división de la izquierda en este asunto. Los morados accedieron finalmente a votar a favor pese a que los socialistas no aceptaron ninguna de sus enmiendas, como una que instaba a la anulación de los juicios de la dictadura. Cs había asegurado que votaría en contra si se aceptaban las enmiendas de Podemos. Y finalmente fueron los de Iglesias los que cedieron.

Fuentes del Gobierno subrayan que cualquier actuación en el interior de la Basílica exige una actitud de colaboración por parte de la Iglesia «que es a quien se ha confiado la custodia de sus restos y quien, dada la calificación legal de la Basílica como lugar de culto, debe dar la preceptiva autorización».

A ello se une que desde una perspectiva normativa, el Gobierno considera que el Valle de los Caídos «no tiene en la actualidad el significado que le atribuye el PSOE» y recuerda que la Ley de Memoria Histórica no propone el desenterramiento del dictador ni ninguna otra medida similar.

Para sostener esta posición, el Gobierno se apoya en un informe del Ministerio de Justicia que señala que el Valle de los Caídos ya no puede considerarse un «monumento dedicado a la dictadura franquista» y debe hacerse hincapié en el cambio experimentado en el sentido de este monumento desde el advenimiento de la democracia. Pese a ello, los populares se abstuvieron en la votación. En el debate sobre la Proposición que se desarrolló la tarde del martes, la diputada Alicia Sánchez Camacho acusó al PSOE de romper el consenso constitucional de 1978 con esta propuesta.

Base jurídica

La base jurídica en la que se apoya el Gobierno para entender que el Valle de los Caídos no puede considerarse ya un monumento franquista es la Ley 52/2007 que reconoció y amplió derechos y medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Este último texto cierra el marco normativo del Valle de los Caídos, reproduciendo las conclusiones contempladas en el Informe General de la Comisión para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.

Esto es, que el Valle de los Caídos se rige estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. También que en ningún lugar del recinto puede llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo.

Además, establece que la fundación gestora de este espacio tiene entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales. Tiene asimismo el deber de fomentar las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad.

Se añade la circunstancia de que el PSOE ya impulsó este texto en comisión y logró que fuera aprobado sin que tuviera consecuencia alguna en la práctica. Se trata por tanto de la segunda vez que el Congreso da luz verde a la exhumación de los restos de Franco, con la diferencia de que esta vez la decisión se ha tomado en el Pleno (los 350 diputados) lo que le otorga mayor importancia simbólica.

Pero por ello deja de ser un brindis al Sol al no contar con el visto bueno del Gobierno. Tal es así que los populares han retado a los socialistas en los últimos días a que, si de verdad quieren mover los restos de Franco, dejen de presentar proposiciones no de ley y presenten una proposición de ley.

Empezar este año la reforma

No lo han hecho aún por la división que genera la exhumación en la izquierda ya que podrían no lograr apoyos en caso de que la iniciativa tuviera el formato de proposición de ley. Pero conscientes del reclamo electoral que genera el uso del recuerdo de Franco y de la Guerra Civil entre sus votantes, los socialistas no están dispuestos a abandonar este reclamo y han incluido una enmienda al respecto en la cascada de enmiendas a los Presupuestos Generales de Estado. Así, en el cuerpo de las mismas se encuentra una partida por 150.000 euros destinada a la puesta en marcha de las actuaciones «iniciales básicas» para la «redefinición y reorientación» Del Valle de los Caídos. Creen los socialistas que este 2017 debe ser el año en que se dé cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica conforme a los informes del Comité de Expertos.

Una de las estipulaciones es que la reforma de El Valle de los Caídos incluya la exhumación de los restos de Francisco Franco y su entrega a la familia para que lo entierre en otro lugar de su elección y también la reubicación de los restos de José Antonio Primo de Rivera aunque los socialistas han especificado que la partida de 150.000 no prevé aún ninguna de estas dos actuaciones.

Este montante se engloba dentro de un apartado mayor que advierte de a seis millones de euros que los socialistas quieren dedicar a financiar nuevas actividades de exhumación de cadáveres y «otros proyectos» de recuperación de la memoria histórica. Estas actuaciones serían llevadas a cabo por las asociaciones dedicadas a ello, puntualizan los socialistas. El gasto se encuentra englobado en el bloque de políticas de gasto en igualdad, cohesión social y desarrollo del Estado de Bienestar