El Ministerio Fiscal ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue si el expresidente de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega, la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau y el exdiputado de Convergéncia Francesc Homs incurrieron en responsabilidades por el gasto de más de cinco millones de euros en la consulta catalana del 9-N.

En un escrito hecho público este viernes, la Fiscalía pide a la Comisión de Gobierno del Tribunal la designación de un Delegado Instructor que investigue el uso del dinero público, sumándose así a la petición que el pasado 18 de mayo le habían dirigido la Societat Civil Catalana (SSC), la Asociación Cívica y Cultural y la asociación de Abogados Catalanes por la Constitución -colectivos contrarios al desafío secesionista- , con base en que «el archivo de la causa penal seguida contra ellos por el delito de malversación de caudales públicos no los exime de que tengan que responder por su responsabilidad contable y presupuestaria».

Ahora el Ministerio Fiscal señala que «dichos responsables dispusieron de fondos para llevar a cabo un proceso de participación ciudadana carente de cualquier cobertura constitucional y presupuestaria, dirigiendo y facilitando la logística y todos los medios materiales y presupuestarios necesarios para su realización el día 9 de noviembre de 2014, por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, logísticamente, no eran ilimitadas».

Cabe señalar que tanto Mas como Ortega y Rigau fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ-C) el pasado día 13 de marzo a la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de desobediencia, si bien fueron absueltos del delito de prevaricación. Al igual que ellos Homs, aunque debido a su entonces condición de diputado fue el Tribunal Supremo el que le impuso la pena.

De acuerdo con las leyes que rigen el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, el fiscal propone a la Comisión de Gobierno que designe un instructor que practique las diligencias oportunas para determinar si hay responsabilidad de esos ex altos cargos por alcance o malversación contable (un concepto independiente del acuñado en el ámbito penal).

La cuestión es que la ley del Tribunal de Cuentas determina que quien por acción u omisión contraria a la ley origine «el menoscabo de los caudales o efectos públicos, quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados».

De acuerdo con el escrito de las entidades denunciantes, los pagos injustificados habrían sido 14.837,60 euros para la página web, 70.532,08 euros para la fabricación y transporte del material usado en la votación y 2.800.735,13 para la compra de ordenadores.

También contempla 828.171,42 euros para la campaña de publicidad institucional, 1.409,26 euros para pólizas aseguradoras para los voluntarios, 1.106.185,88 euros para labores de apoyo informático a la consulta y 307.962,71 euros para el envío de información.