Esteladas en la manifestación de Barcelona.

Los preparativos para volar por los aires la Constitución y dar paso a la República catalana prácticamente han finalizado. Al menos, sobre el papel. Los partidos soberanistas, Junts pel Sí y la CUP, presentaron y registraron ayer en el Parlament la llamada «proposición de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República», un texto destinado a ser la «norma suprema», es decir, a colocarse en el vértice del ordenamiento jurídico.

La intención de los independentistas es aprobar esta nueva normativa legal antes del referéndum del próximo 1 de octubre para evitar lagunas jurídicas. Su entrada en vigor, sin embargo, estará supeditada a la victoria del «sí» a la independencia en el referéndum. De lo contrario permanecerá en el régimen estatutario y constitucional.

La norma, dividida en 89 artículos y tres disposiciones finales, regula los elementos básicos de la presunta Cataluña independiente desde la celebración del referéndum hasta la aprobación de su futura Constitución, un proceso para el que los soberanistas se dan un plazo aproximado de un año. A continuación, se detallan los principales aspectos de esta ley de transitoriedad jurídica.

La república catalana y su soberanía nacional

El artículo 1 proclama que «Cataluña se constituye en una República de Derecho, democrática y social». El artículo 2 consagra que la «soberanía nacional recae en el pueblo de Cataluña, del cual emanan los poderes del Estado» y el artículo 3 establece que «mientras no sea aprobada la Constitución de la República, la presente ley es la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán».

La doble nacionalidad catalana y española

El texto prevé conceder la nacionalidad catalana de origen a todas aquellas personas de nacionalidad española empadronadas en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016. Los españoles que se hayan empadronado después de esta fecha y antes de la entrada en vigor de esta «norma suprema» deberán acreditar dos años de residencia para obtener el pasaporte catalán. Posteriormente, la nacionalidad catalana podrá adquirirse por residencia legal y continuada en Cataluña durante cinco años. Cabe destacar que la atribución de la nacionalidad catalana no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de ninguna otra, es decir, que habrá doble nacionalidad.

Catalán, castellano y aranés: lenguas oficiales

El artículo 24 regula los derechos lingüísticos basándose en la actual ley 1/1998 del Parlament. Así, reconoce la oficialidad de catalán, castellano y aranés. En derechos lingüísticos, «todas las personas tendrán derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas y ejercer el derecho de opción en relación a catalán, castellano y occitano».

Amnistía para los dirigentes soberanistas

La futura Justicia catalana prevé anular los procesos penales por haber impulsado el proceso independentista de manera «democrática y no violenta». Este artículo libraría de toda pena a dirigentes como Artur Mas, así como a los ex consellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau, sobre los que pesan períodos de inhabilitación por organizar el 9-N. También blindaría a futuros castigados por la organización y convocatoria del referéndum como Carme Forcadell y los miembros del gabinete de Carles Puigdemont.

Presidente del Govern y jefe del Estado catalán

El presidente de la Generalitat es el jefe de Estado y, por tanto, asume su más alta representación. Dirige, además, la acción del Govern. La ley no aclara si también será presidente –o presidenta– de la república. Eso lo definirá «el proceso constituyente», según la CUP.

Las garantías sobre la deuda de Cataluña

Sobre la deuda de Cataluña, que se sitúa por encima de los 75.000 millones, el texto se limita a decir que la Generalitat asume la totalidad de derechos y obligaciones de carácter financiero y se emplaza a alcanzar acuerdos con el Reino de España.

El ejército debería abandonar Cataluña

Según las explicaciones de los grupos soberanistas, el Ejército español, por su parte, debería abandonar Cataluña, aunque es un aspecto que se concretará «sobre la marcha». JxSí y la CUP dejan para el debate constituyente si Cataluña tendrá ejército propio. Se eliminará la jurisdicción militar. Cataluña se adjudica el control de sus aduanas garantizando que aplicará las normas del derecho de la UE, derecho internacional general y tratados internacionales.

La aprobación de la Constitución catalana

Si en el referéndum del 1 de octubre gana el «sí» a la independencia, se activará el proceso constituyente para redactar y aprobar, mediante otro referéndum, la Constitución de la República catalana. Este proceso tiene tres fases: primero se abrirá un proceso participativo que durará seis meses tras la proclamación de los resultados del 1-O; luego, se convocarán unas elecciones constituyentes de la que saldrá una Asamblea Constituyente con las funciones del Parlament, la cual eligirá al presidente de la República y redactará la Constitución (su aprobación en el hemiciclo requerirá mayoría de tres quintos en primera ronda y, si no, bastaría con mayoría simple). Finalmente, se ratificará la Constitución catalana en otro referéndum. Si la ciudadanía ratifica la Constitución se disolverá la Asamblea Constituyente y se convocarán nuevas elecciones. Si por el contrario, los catalanes rechazan el proyuecto constitución, la Asamblea redactará otra propuesta de proyecto para su aprobación.

El TSJ de Cataluña será el Supremo de Cataluña

Se crea un poder judicial catalán de tal manera que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se reemplaza por el Tribunal Supremo de Cataluña, que estará formado por jueces, por cinco presidentes de salas y por cinco magistrados más.

El traspaso pretende ser continuista y mantener las plazas y las normas procesales; también las mismas salas, a excepción de la jurisdicción militar, que será eliminada. Jueces, magistrados, fiscales y letrados que hayan ocupado plaza en los órganos judiciales y de la fiscalía de Cataluña mantendrán los mismos derechos económicos y profesionales. Los que pertenezcan a los cuerpos del Estado español podrán concursar en las plazas que se convoquen. La Audiencia Nacional desaparece. Y las funciones del Tribunal Constitucional, que vela por los derechos fundamentales, las asumirá la Sala Superior de Garantías.

Se crearían asimismo dos instituciones: la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo –similar al Consejo General del Poder Judicial– y una Comisión Mixta formada a partes iguales por miembros de la Sala del Gobierno del Tribunal Supremo y del Govern de la Generalitat.

La Generalitat, única autoridad tributaria

La Generalitat sería la única «autoridad» tributaria y desaparecería la potestad de la Agencia Tributaria en Cataluña. No se concreta cómo recaudaría impuestos. El Govern pasaría a ser autoridad aduanera. El texto dice que el Govern auxiliará a las personas en su relación con la Hacienda catalana ante las reclamaciones de «un tercero».

Sufragio, para los de nacionalidad catalana

El derecho de sufragio «queda reservado a las personas con nacionalidad catalana». Podría extenderse a «determinados» extranjeros «mediante una ley o un tratado internacional».

Empleados del estado, en iguales condiciones

El personal del Estado que preste sus servicios en Cataluña tendrá la posibilidad de integrarse en la administración pública catalana en mismas condiciones retributivas y empleo, salvo renuncia.

Control efectivo de las fronteras

La ley prevé el control efectivo de las fronteras, pero «deja en manos del Govern los detalles», según JxSí y la CUP.