LR.- “Quienes estuvieron detrás del 23-F de 1981 e indujeron a Tejero a entrar en el Congreso, con todas las garantías institucionales que un hombre cauto como él exigió siempre, es algo que a día de hoy seguimos desconociendo. En cualquier caso, si 36 años después se sigue acusando a Tejero de traicionar el orden constitucional, me pregunto qué calificativos habría que emplear con quienes hoy han aprobado en el Parlamento de Cataluña la sediciosa ley de referéndum, que más allá de hacer saltar por los aires el orden legal vigente, lo que pretende es romper España”, ha manifestado hoy el director de AD y presidente fundador de SOLUCIONA, Armando Robles tras conocerse la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de admitir a trámite la ley del Referéndum.

“¿Por qué hay “golpistas” patriotas que fueron condenados a 30 años de cárcel y golpistas catalanes que hoy dormirán en sus casas sin ser detenidos?”, se pregunta Robles al comparar el doble rasero de las instituciones del Estado con relación a estos dos acontecimientos. Recuerda en este sentido que a las pocas horas de la irrupción de Tejero en el Congreso, los alrededores del Palacio de la carrera de San Jerónimo fueron tomados por efectivos policiales para detener a los presuntos golpistas. “¿Por qué no han sido detenidos hoy los golpistas catalanes que pretenden oficializar de forma prevaricadora lo que Tejero nunca se le hubiera ocurrido: la voladura de España? ¿Por qué el 23 de febrero de 1981 se activaron todos los mecanismos del Estado para proteger la absurdamente llamada soberanía nacional y no ahora cuando la voluntad de millones de españoles de convivir unidos ha sido ilegalmente quebrantada”, insiste.

Con relación a esos hechos del 23-F, nunca aclarados, el fundador de SOLUCIONA considera que, desde el punto de vista político, las posiciones eran más legítimas que las defendidas hoy por los secesionistas catalanes: “España había rebasado todos los límites que un Estado serio nunca habría permitido. Baste citar que el año anterior al del 23-F murieron más de 100 españoles a manos de ETA y que al propio Tejero, destinado en Vascongadas, se le prohibió intervenir cuando los proetarras protagonizaban aquellos ‘aquelarres’ consistentes en la quema de banderas españolas. Suárez había sido retirado del poder, y otro en su lugar no significaría la aplicación de las medidas quirúrgicas que el cuerpo enfermo de España exigía a gritos. La desconfianza hacia las instituciones llegó a ser total, su descrédito gigantesco. La descomposición nacional era un hecho y el vacío de poder aconsejaba, según muchos, una solución correctora, el doble cerrojo a una situación inviable y fracasada, que era en lo que había desembocado y degenerado el intento democratizante”, manifiesta el fundador del proyecto social-identitario.

Robles también compara la “actitud movilizadora” del Rey Juan Carlos la noche del 23-F con la inacción del actual. “¿Representaba Tejero un desafío mayor para el Estado que el que hoy representan Puigdemont, Forcadell o Junqueras? ¿Era más importante salvaguardar la institucionalidad democrática de entonces, base de nuestros problemas actuales, que evitar hoy que España deje de existir? ¿Merecen los españoles recibir de Felipe VI el mismo mensaje tranquilizador, si es que puede ofrecerlo, que el recibido por Pujol de boca de Juan Carlos I tras la toma del Congreso”, se sigue preguntando.

Opina Robles que el desafío sedicioso de los separatistas catalanes excede en gravedad a cualquier otro suceso que a partir de 1975 entrara en contradicción con las normas democráticas. Insiste por ello al preguntar el por qué de la desigual respuesta ante hechos como los que enumera a continuación.

“El teniente coronel Antonio Tejero Molina tomó el Congreso tranquilamente, sin ser hostilizado por ninguna otra fuerza y dio por concluida la operación cuando recibió órdenes de hacerlo. Su instinto de soldado se sobrepuso a cualquier consideración partidaria o rencor personal. Por contra, la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, está encausada por desobedecer al Tribunal Constitucional. Lo mismo ocurre con Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs. Ninguno de ellos tiene intención de acatar las órdenes legales recibidas.

El capitán general don Jaime Milas del Bosh ordenó personalmente el acuartelamiento de las tropas en Valencia cuando el Rey se lo ordenó. Por el contrario, los parlamentarios secesionistas catalanes pretenden imponer un chantaje y romper el Estado de Derecho, la supremacía de las leyes, la obligatoriedad de cumplirlas y hacerlas cumplir, y en última instancia una rebelión basada en un falso victimismo.

Entrada la noche del 23-F, el Rey ordenó a las capitanías generales que aún no lo habían hecho que no movilizaran a las tropas. Extrañados y perplejos, pero todos los militares obedecieron a su máxima autoridad legal. En contraste, Carles Puidemont no ha obedecido una sola de las decisiones del Tribunal Constitucional.

La División Acorazada Brunete, la más poderosa de España, se puso también en movimiento y pudo ser a última hora detenida por la orden real que altos oficiales llegaron a poner en lógica duda. Por contra, el jefe de los Mossos d’Esquadra ya ha anunciado que el cuerpo armado autonómico colaborará en la insurrección del 1 de octubre.

Ni una ola gota de sangre fue derramada dentro ni fuera del Congreso el 23-F. Estoy seguro que en su lugar, muchos de los ‘angélicos’ diputados de la izquierda que salieron con vida del hemiciclo, entre ellos el responsable de la matanza de Paracuellos y el inductor del asesinato de Carrero, no habrían dudado en pasar por las armas a sus enemigos políticos. Por contra, formaciones catalanas con representación parlamentaria han incitado a la violencia y al enfrentamiento civil en las últimas jornadas, sin que tales llamamientos hayan tenido respuesta legal alguna”.

Robles ha criticado, por otra parte, “la cobardía de Rajoy al dejar en manos del Constitucional las decisiones que su cobardía política le impide llevar a cabo”. “Si llamamos a esto democracia, entonces hay que recordar que en cualquier democracia consolidada, si un Parlamento regional se declara fuera de la Constitución y avanza hacia la independencia queda intervenido. Pero en España, como sostuvo un sociólogo, seguiremos con la ficción del Estado de las Autonomías, que nadie sabe ya lo que significa”, argumenta.

“En Cataluña se acaba de perpetrar el equivalente incruento de un golpe de Estado y no pasa nada. Sus autores deberían estar ya detenidos. No lo verán nuestros ojos, aunque se pueda citar un caso similar durante la II República. El castigo no pasará ahora de un recurso más ante el Tribunal Constitucional y quizá alguna destitución simbólica, que también será recurrida. Esto es el paraíso de los abogados. El asunto viene de lejos. Ahora sabemos que el Estado de las Autonomías (un gracioso oxímoron) fue una chapuza en toda regla. Como había que contar con los nacionalistas vascos y catalanes para el famoso consenso que había de superar el franquismo, se les dejó toda suerte de asombrosos privilegios. El primero, que podían estar representados en las Cortes Generales. Esa es la incongruencia mayor que es necesario hacer saltar cortando el nudo gordiano de nuestra Constitución anquilosada”.

Por último, Robles lamenta que “los gravísimos momentos que vivimos no fuercen al jefe del Estado a ponerse el traje de capitán general, como hizo su padre durante los hechos ya comentados del 23 de febrero” y acusa por igual tanto a nacionalistas como a quienes “condujeron España a este callejón sin salida al aprobar una Constitución ambigua y difusa, que dio plenos poderes a las autonomías, sin establecer los límites que no podían ser rebasados sin que el Estado renunciara a su propia esencia”. “Lamento profundísimamente que algunos patriotas españoles se viesen privados de libertad, durante tantos años, por tratar de mejorar el orden político que hoy está siendo incapaz de evitar la defunción y sepultura de la patria más antigua de Occidente”, concluye.