Una república catalana que haría suyos el derecho y tratados de la Unión Europea, en la que la atribución de la nacionalidad catalana no obligaría a renunciar a la española, en la que el catalán, el castellano y el aranés serían lenguas oficiales y en la que quienes hayan sido condenados por «participar en la construcción del estado catalán» serán amnistiados, en clara alusión a Mas, Ortega y Rigau.

Son algunos de los detalles de la llamada ley de ruptura, la norma que, sostienen los independentistas, debería regir el tránsito del autonomismo a la independencia. El texto, presentado el lunes 28 por diputados de Junts Pel Sí y la CUP y aprobado este jueves 8 en el Parlament, solo se pondría en marcha en caso de que gane el «sí» en la consulta prevista para el 1 de octubre, pero de llegar aplicarse sería la norma suprema a la espera de que se aprobase una Constitución catalana.

A continuación, destacamos sus puntos más importantes:

– Tres elecciones en un año: La ley prevé que Cataluña funcione como una república «al 100%» antes del 1 de octubre de 2018, un año después del referéndum. Si gana el ‘sí’ se abriría un plazo de seis meses para que los partidos y el Gobierno catalán preparen unas elecciones constituyentes y sienten las bases de este proceso. Pasados estos seis meses, el presidente catalán, Carles Puigdemont, disolvería el Parlamento catalán y convocaría unas elecciones constituyentes: los parlamentarios surgidos de estas elecciones conformarían una Asamblea Constituyente para redactar una constitución catalana. JxSí y la CUP prevén que este proceso dure otros seis meses y culmine en un referéndum sobre una constitución que iría seguido de las primeras elecciones de la república catalana. Así, los catalanes “serán llamados a las urnas para votar tres veces hasta estar al 100%” desde el referéndum del 1-O hasta las primeras elecciones de una república catalana.

– Habría presidente de la república. El presidente de la Generalitat pase a ser jefe de Estado. También se prevé que haya un presidente de la república, aunque la norma no define si el jefe del Estado asumirá además ese papel.

– Amnistía a los implicados en el ‘procés’. La ley prevé amnistiar a todos los “investigados o condenados por procedimientos relativos a la independencia o la construcción de la república” –incluidos, por tanto, el expresidente Artur Mas y los exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs–.

– La estructura judicial: No habría Audiencia Nacional; el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se reconvertiría en el Tribunal Supremo Catalán, y el fiscal general de la república sería nombrado por el Parlament y no por el Govern. El nuevo Tribunal Supremo tendría también una Sala de Gobierno –que sería el Consejo General del Poder Judicial catalán y estaría formada solo por jueces–, y se crearía una Comisión Mixta para “garantizar todos los medios materiales y las funciones”

– Doble nacionalidad: La obtención de la nacionalidad catalana en caso de independencia «no exige la renuncia de la nacionalidad española». El artículo 7 de la ley expone que podrán obtener la nacionalidad catalana aquellas personas de nacionalidad española que lleven dos años empadronados en Cataluña a fecha 31 de diciembre de 2016.

– No se da la espalda a la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea mantiene su «naturaleza y posición» respecto al derecho interno. Sobre los tratados internacionales, la ley establece que en el plazo de un año el Gobierno someterá al Parlament, para su continuidad, renegociación o retirada, el listado de tratados internacionales aplicados a Cataluña que hubieran sido autorizados parlamentariamente.

– Idiomas oficiales: Durante la llamada transición, la ley establece que «todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas y a ejercer el derecho de opción en relación a las lenguas catalana, aranesa y castellana». No se establecen relaciones de oficialidad o cooficialidad durante el periodo comprendido entre el referéndum y la aprobación de la Constitución.

– Cuestión militar: Pese a no concretar si se crearán unas fuerzas armadas catalanas, sí que se subraya que el Ejército español dejará de tener jurisdicción sobre Cataluña.

– Fronteras. Cataluña tendría un control «total» de las fronteras y aduanas. Pero sobre los detalles de cómo se asumirá el control fronterizo, JxSí y la CUP apelan al Gobierno: dicen que ellos han impulsado en el Parlamento catalán la ley de transitoriedad con las bases del corpus jurídico catalán, pero que debe ser el Ejecutivo de Puigdemont el que concrete su aplicación con cinco decretos ley.

– La deuda. La ley prevé que todos los bienes del Estado español pasen a ser propiedad del hipotético nuevo estado catalán. Eso sí, no incluye ninguna disposición sobre la deuda de la Generalitat, que asciende a 75.443 millones, financiada en los últimos años por el Estado. «Si no hay negociación con España no hay asunción de la deuda», subrayó ayer un diputado de la CUP.