El progresivo aumento de la presión fiscal y el recrudecimiento del desafío secesionista desde la Generalitat, sumado a las habituales decisiones estratégicas de los empresarios, han provocado una fuga de compañías de Cataluña a otras regiones. Según datos del Registro Mercantil recopilados por la consultora Axesor, 7.956 empresas han trasladado su sede social de esta autonomías a otras comunidades entre enero de 2008 y agosto de este año. Teniendo en cuenta que en ese mismo tiempo «solo» 5.332 han apostado por ubicarse en esa región, el tejido empresarial de Cataluña ha disminuido en casi una década en 2.624 empresas.

La autonomía más rica de España se ha convertido, junto con Canarias, en la única que año a año pierde empresas en términos netos. Además, no hay ninguna otra que presente un balance tan negativo: Andalucía, la segunda peor parada, perdió 1.015 empresas y Madrid ha ganado 3.753.

Impacto económico
El impacto económico de toda esa deslocalización empresarial, pese a que el Gobierno catalán suele decir que el traslado de sede no implica la mudanza de la actividad y el empleo, no es menor. La cifra de negocio trasladada fuera de Cataluña entre enero y agosto de este año, último dato disponible, es de 412,6 millones de euros. En 2016 superó los 1.300 millones.

La localización geográfica es un factor estratégico más con el que juegan las empresas para obtener mejores condiciones para su negocio, como fiscales, regulatorias y de coste del alquiler. Pero las cifras de Cataluña apuntan evidentemente a algo más. «Asumir riesgo va en el ADN del empresario, pero riesgo con certidumbre; el problema de Cataluña es la incertidumbre», señalan fuentes empresariales.

El primer detonante de esa fuga fue la mayor presión fiscal iniciada con el Gobierno tripartito del PSC, ERC e ICV, que creó y elevó 17 figuras impositivas. El motivo no es tanto el impuesto de Sociedades, igual a nivel nacional, como los de IRPF, de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones. De hecho, la Generalitat ha achacado en numerosas ocasiones esa deslocalización a la cuestión fiscal, pero acusando a otras regiones de competencia fiscal desleal y rechazando cualquier efecto de la deriva independentista.

Pulso secesionista

Sin embargo, a medida que la Generalitat ha ido focalizando su acción de gobierno casi en exclusiva en el proceso independentista y tensando su pulso secesionista, la sensación de inseguridad jurídica ha ido en aumento. A principios de este mismo año el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, advirtió de esta realidad, llegando a decir que «los empresarios huyen como de la peste de donde no se cumple la ley». «Sabemos perfectamente que la deslocalización se convertiría en un éxodo, Cataluña entraría en un colapso económico», avisó la semana pasada el presidente de Empresarios de Cataluña, Josep Bou.

En esa línea, y ante las quejas de la patronal catalana por el caos administrativo derivado del proceso soberanista, la CEOE ha reclamado seguridad jurídica para los empresarios. «En el momento en que hay incertidumbre respecto a la legislación, se producen problemas», dijo recientemente el presidente de la patronal nacional, Juan Rosell, que en cambio esta semana ha causado malestar entre el empresariado al plantear una vía entre la independencia y, dijo, «la sumisión total».

Política y decisiones

A pesar del medido discurso público o incluso silencio que ha mantenido una parte de la clase empresarial catalana en este tiempo, y que muchas empresas han desvinculado su mudanza del desafío independentista, hay otras que sí han admitido que ese riesgo político ha influido en su decisión.

Naturhouse decidió este agosto trasladarse de Barcelona a Madrid, y aunque ante la CNMV se explicó como un cambio operativo, el fundador y presidente de la compañía ha reconocido públicamente que ha estado influenciada también por el riesgo político.

El principal temor de los empresarios es que una declaración unilateral de independencia, aunque lo consideran un escenario casi imposible, les deje fuera de la UE y del mercado y la moneda únicos. De aquí que, aunque es un riesgo al que dan muy escasas posibilidades, las empresas tengan diseñados planes de contingencia.

La prueba más evidente es que el Gobierno introdujo de forma silenciosa en 2015 una enmienda en la reforma de la ley de Sociedades por la cual faculta a los consejos de administración de las empresas para aprobar el traslado de la sede sin someter esta decisión a la junta de accionistas. Esta modificación, que permite por tanto mudarse en 24 horas, fue pedida por empresas y bancos catalanes.

Otra explicación para esta deslocalización, según el profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y miembro de Sociedad Civil Catalana Ferrán Brunet, sería el descrédito y boicot que empiezan a sufrir sus productos en el resto de España. «Por eso hay empresas que si pueden están deslocalizando la producción de algunos productos fuera de Cataluña», dice.

Mudanza silenciosa a polígonos de la Franja Aragonesa

Las estadísticas arrojan el titular de que la mayor parte de empresas que salen de Cataluña se mudan a Madrid y las grandes compañías que amenazan con dejar Barcelona citan la capital de España como nuevo destino. Sin embargo, la deslocalización de empresas desde Cataluña deja otras realidades, como un traspaso silencioso de sedes sociales y actividad de esta región a otras limítrofes como Aragón. Un total de 542 compañías catalanas se han mudado a la autonomía vecina desde 2008, y solo 346 han hecho el camino inverso, arrojando un saldo positivo para la región aragonesa de 196 empresas.

La mayor parte de esa deslocalización se esta produciendo a localidades de la llamada Franja de Aragón, zona fronteriza con las provincias de Lérida y Tarragona, como Binéfar, Monzón, Fraga y Tamarite de Litera, entre otras. “La relación comercial entre Aragón y Cataluña es muy fuerte, e históricamente ha habido muchas empresas catalanas que tenían instalaciones en la Franja, pero en los últimos años muchas de esas instalaciones han pasado de ser delegaciones en Aragón a convertirse en su sede social”, explica el presidente de CEOE Aragón, Fernando Callizo, quien ante la deriva secesionista recalca la postura de la patronal a favor de la unidad de España y el respeto a la ley, y admite que ese desafío ha generado inseguridad suficiente entre la clase empresarial catalana como para mudarse o elaborar planes de contingencia.

La principal tendencia observada es la compra de suelo industrial en los polígonos industriales de la región. A principios de este mes Sevasa, fabricante de vidrio con sede central en Vacarisas (Barcelona), anunció la adquisición de 95.000 metros cuadrados en el polígono de la Fuensalada, en Calanda (Teruel). El grupo propietario de los supermercados Bonárea, Guissona, invertirá 400 millones de euros y creará 4.000 empleos en su nueva fábrica de casi 200 hectáreas en Épila. Y la también catalana Envases Petit invertirá 45 millones y dará empleo a 100 personas en su nueva planta en la Plataforma Logística de Fraga. Esas empresas desvinculan del todo o evitan relacionar su decisión del desafío secesionista, aunque fuentes empresariales y financieras de la región consultadas creen que en algunos casos la incertidumbre política también ha influido.

Fuente: ABC