Miles de personas siguen ocupando y concentradas a las puertas de centenares de colegios electorales del referéndum del 1-O, pese a que los Mossos d’Esquadra han comunicado que a las seis de la mañana tenían que estar completamente desalojados para impedir la votación por orden del TSJC.

Según ha podido comprobar Efe, miles de personas han secundado el llamamiento de la plataforma Escoles Obertes y de las plataformas soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural y desde las cinco de la mañana han acudido a las puertas de los locales de votación para dar su apoyo a las centenares de personas que han pasado la noche en su interior.

Según el Gobierno, sólo unos 160 colegios están ocupados, mientras que la plataforma Escoles Obertes sostiene que superan el millar.

En el pabellón de Sant Julià de Ramis (Girona), el colegio electoral donde àrevé votar el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, permanecen concentradas un centenar de personas, con la puerta custodiada y protegida por un tractor, para evitar que sea cerrado.

Además, varios dirigentes de la CUP han acudido a puntos de votación para dar apoyo a los concentrados, entre ellos la diputada en el Parlament Eulàlia Reguant, o el exconcejal anticapitalista en Barcelona Josep Garganté, que se ha personado en el instituto Vendruna de Barcelona.

El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, dictó el pasado viernes, 29 de septiembre, una instrucción para dar cumplimiento a las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que establecía que los agentes tenían que desalojar antes de las 6.00 horas de hoy los colegios electorales, para poderlos cerrar.

Desde entonces, los Mossos han acudido a los colegios para comunicar a las personas que ocupan estos centros que los tienen que desalojar antes de las 6 horas de hoy.

No obstante, los agentes llevan un acta en la que se detallan cuatro motivos que pueden alegar para no cerrarlos: la negativa a desocupar el local por parte de los congregados, la presencia de personas vulnerables, como niños o ancianos, la posibilidad de que se produzcan altercados y la imposibilidad de acceder al centro.

A las seis de la mañana de hoy, al expirar el plazo dado por Trapero, miles de personas siguen concentradas en el interior y a las puertas de varios colegios electorales para la jornada del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional.

Los Mossos d’Esquadra tienen también la orden de requisar todo el material relacionado con la preparación del referéndum que encuentren en los locales, como urnas, lista de censo, papeletas y los ordenadores para tramitar la votación, si bien por el momento no consta que hayan decomisado ningún tipo de elemento.

En su instrucción, Trapero establecía que si había una “presencia masiva” de personas que desbordaba la presencia de los Mossos d’Esquadra y procedía a abrir los colegios del 1-O, valorarían pedir refuerzos a las policías locales, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional.

Según Trapero, si a los efectivos de orden público les resulta imposible desalojar a las personas de los locales, se establecerá una línea de entrada para impedir que entre nadie más, “dejando salir a las personas que estén en el interior cuando así lo deseen”.

Los Mossos d’Esquadra tienen la orden de Trapero de actuar en todo momento siguiendo los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”, limitando el “uso de la fuerza” en caso de tener que repeler agresiones a terceros o a la propia policía.

Por el contrario, en los casos de “desobediencia pasiva”, el uso de la fuerza policial no puede ir más allá del “acompañamiento” de personas hasta el exterior del centro para permitir abrir un pasillo que deje acceder a la policía para hacer las comprobaciones y las acciones ordenadas por el TSJC.

En un auto dictado el pasado miércoles 27 de septiembre, la magistrada del TSJC Mecerdes Armas, que investiga al Govern por los preparativos del referéndum, ordenó a las fuerzas de seguridad impedir la utilización de locales o edificios públicos o que presten servicios públicos para la preparación del referéndum.

La juez también ha ordenado que se impida la apertura de los colegios y que, si alguno ha podido abrir en la jornada del referéndum, se proceda a su clausura, requisando “todo el material” relacionado con la votación que estuviera en el interior de los locales o en disposición de introducirse.