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El Gobierno, en el requerimiento que activa el artículo 155 de la Constitución, da cinco días (hasta el lunes) al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña y fija un segundo plazo, hasta el jueves, para que rectifique y evite su aplicación.

Ambos plazos figuran en el requerimiento aprobado esta mañana en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y que se ha entregado esta tarde a la Generalitat catalana, según ha podido saber Efe.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado en el Palacio de La Moncloa tras el Consejo de Ministros extraordinario, que requerirá al Gobierno de la Generalitat que aclare formalmente si en el pleno celebrado ayer declaró la independencia.

Según Rajoy, Puigdemont tiene la oportunidad en su respuesta de atender al “clamor” y las peticiones que “desde tantos ámbitos se le han hecho llegar para recuperar la convivencia armónica y la seguridad” en Cataluña.

La respuesta de Puigdemont “marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días”, ha subrayado Rajoy, porque “si manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad se pondría fin a un periodo de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia”.

Antes de prometer que seguirá actuando “con prudencia y responsabilidad” y teniendo siempre presente el interés general, Rajoy ha garantizado que su intención es ofrecer “certezas” a los españoles, especialmente a los catalanes.

Rajoy llegó a la reunión del Consejo tras reunirse ayer en Moncloa con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y mantener a primera hora de esta mañana una conversación telefónica con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

Con ellos analizó la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, al que Rivera le viene pidiendo que recurra.

Rajoy también informará de la decisión que adopte el Gobierno en su comparecencia a partir de las cuatro de la tarde ante el pleno de Congreso.

Trampa al Estado

Y es que, la última «trampa» al Estado, según Moncloa, del presidente de la Generalitat no evitará la adopción de medidas excepcionales. Moncloa no oficializó ayer el camino, pero la reunión del Gabinete de Rajoy tiene sobre la mesa la posibilidad de que se requiera al presidente de la Generalitat a que vuelva a la legalidad, lo que implicaría la activación del artículo 155 de la Constitución. También hay otras salidas como que el Gobierno se dirija al Tribunal Constitucional (TC) para instarle a que en virtud de la última reforma de su ley orgánica actúe para que se cumplan sus resoluciones y para que suspenda el acto de ayer en el Parlamento catalán. Desde el PSOE filtraban que en lo que trabajaba el Gobierno era en la aplicación del 155. «Hay una situación de ingobernabilidad total en Cataluña», sentenció Moncloa. El Gobierno midió ayer al milímetro la respuesta a la «declaración implícita». Pero fuentes solventes advertían de que se estaba intentando disfrazar el «chantaje». Contraponiendo lo que no dijo Puigdemont en el Parlamento con lo que sí decía la declaración firmada por el Gobierno catalán y la CUP, por parlamentarios catalanes, y en la que «sí se da por hecho la independencia, una bilateralidad nueva y una mediación entre Estados, dando efecto a lo que supuestamente ha sido suspendido».

El jefe del Ejecutivo contactó con los principales partidos para valorar la situación, incluso con Podemos. Y el jefe de la oposición, Pedro Sánchez, se desplazó hasta Moncloa, dentro de la estrategia de Rajoy de preservar el consenso en el bloque constitucionalista.

A la espera de que hoy se hagan oficiales las medidas, el Gobierno ayer no dio por válida la declaración de independencia suspendida ni dio tampoco por válido que Puigdemont la sostuviera en un referéndum «falso y fraudulento» ni en una ley del referéndum también suspendida por el TC. El Ejecutivo también ratificó por la noche que está abierto al diálogo, pero no sobre la independencia, y que el problema no se arregla con mediaciones, rechazadas por Europa, sino con la vuelta a la legalidad.

El Estado cometió errores en la gestión del 1-O, entre los más importantes, posiblemente, el de haber confiado hasta el último momento en los Mossos. Pero el Gobierno sí acertó ayer en la previsión de que el presidente de la Generalitat buscaría «una trampa» para cumplir con su compromiso de declarar la independencia. «Ha dejado ver su debilidad, pero también ha sido una maniobra para intentar cortocircuitar la respuesta excepcional, constitucional y penal, del Estado, para dividir a los partidos no independentistas, y, además, ha habido una puesta en escena de lobo disfrazado de cordero para seguir buscando un apoyo internacional que hasta ahora no ha conseguido», valoraban ayer tarde en Moncloa. La decepción del independentismo, que se sintió traicionado, la ambigüedad expresa de Puigdemont y sus medias palabras fueron medidas en Moncloa, pero no alteran el compromiso que Rajoy había adquirido ante el PP: «No permitiré la independencia de Cataluña ni por etapas ni en diferido».

En una declaración institucional la vicepresidenta y ministra para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a Puigdemont de haber embarcado a Cataluña en el mayor nivel de tensión e incertidumbre de su historia, para añadir que «el discurso que ha hecho es el de una persona que no sabe donde está, a dónde va y con quién quiere ir». El Gobierno no puede aceptar que dé validez a la Ley del Referéndum, porque está suspendida por el TC, y «la Generalitat no puede asumir el resultado del 1 de octubre porque fue un acto ilegal y fraudulento, sin las más mínimas garantías».

Sáenz de Santamaría subrayó que «no es aceptable» que en el Parlamento catalán se constate «por parte de nadie que la mayoría de los catalanes desean un Estado independiente en forma de república». «Ni el señor Puigdemont ni nadie puede sacar consecuencias de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido y de una voluntad, la del pueblo de Cataluña, de la que una vez más quieren apropiarse», resaltó.

La vicepresidenta insistió en que ni el presidente de la Generalitat «ni nadie» puede pretender tampoco, sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación.