José Manuel Maza.

En plena batalla judicial contra los canallas sediciosos catalanes que pretendían destruir nuestra nación y en medio de la polémica sobre la injerencia rusa en el proceso soberanista de Cataluña. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha muerto en una clínica de Buenos Aires en la que estaba siendo atendido de un proceso de infección, según han confirmado el ministro de Justicia, Rafael Catalá. El malogrado jurista gozaba de una buena salud. ¿Estamos ante un suceso similar al de Alberto Nisman? ¿O al de Víktor Yúshchenko? ¿Despejará su muerte el camino para el nombramiento de un fiscal progresista que sirva a los intereses de los golpistas catalanes?

Maza se encontraba ingresado en una clínica de Buenos Aires en la que estaba siendo atendido de un proceso de infección, según fuentes de la Fiscalía.

Maza se había sentido indispuesto mientras participaba en la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), que se celebró en la capital argentina. Los médicos aconsejaron su ingreso hospitalario.

“Descanse en paz José Manuel Maza. Un extraordinario jurista y servidor público. La justicia y el derecho pierden a uno de sus más destacados profesionales”, ha escrito Catalá en su perfil personal de la red social Twitter.

Maza, el fiscal que se plantó frente al separatismo

Maza, nacido en Madrid en 1951, ingresó en la Carrera Judicial en 1975 y en la Fiscal en 1978, donde fue el primero de su promoción, si bien comenzó ejerciendo como abogado y como letrado de la Red Nacional de Ferrocarriles. No hace ni un año que fue nombrado fiscal general del Estado. Desde este puesto, ha tenido que hacer frente al órdago secesionista en su peor momento: con las leyes de ruptura y la declaración unilateral de independencia. A Maza no le tembló el pulso y cumplió su aviso: la Fiscalía interpuso una querella por rebelión contra los líderes independentistas, firmada por él mismo como fiscal general.

Estas dos querellas han provocado el encarcelamiento de nueve exconsejeros de la Generalitat y la huida de Carles Puigdemont. Maza afrontó este desafío a los pocos meses de llegar a la Jefatura de los fiscales y aguantó hasta la proclamación de independencia para actuar por rebelión, el delito más grave.

Tras ser elegido por sus compañeros como decano de los juzgados de distrito de Madrid y una destacada trayectoria en la Audiencia Provincial, Maza recaló en 2002 en el Tribunal Supremo para cubrir la plaza del también conservador Adolfo Prego, que había sido elegido vocal del CGPJ. El recién fallecido se impuso en la votación realizada a tal efecto en el Consejo frente a la otra candidata, que era la actual diputada del PSOE Margarita Robles. Desde esta etapa, Maza destacó por su calidad humana a la hora de abordar cada caso.

Maza fue uno de los cinco magistrados del alto tribunal que emitió en su día un voto particular contrario al establecimiento de la conocida como «Doctrina Botín», que conllevó el archivo, en diciembre de 2007, de la causa abierta al entonces presidente del Banco Santander Emilio Botín en el caso denominado ‘cesiones de crédito’.

Contrario de absolver a Garzón

El magistrado también integró el tribunal que acordó en 2010, de forma unánime, el sobreseimiento libre y archivo de la causa por desobediencia abierta contra los exlendakaris Patxi López y Juan José Ibarretxe y cinco representantes de la izquierda abertzale, entre ellos, Arnaldo Otegui, por mantener reuniones coincidiendo con la tregua de ETA en el año 2006, estando ya ilegalizada Batasuna.

Dentro de este órgano, Maza formó parte del tribunal que absolvió a Baltasar Garzón del delito de prevaricación del que se le acusaba por investigar los crímenes y desapariciones del franquismo, si bien fue el único que se opuso. Emitió un voto particular al considerar que debía ser condenado por asumir una competencia que no le correspondía.

Poco después, la denominada Sala del 61 del Supremo apartó por su falta de imparcialidad a Maza y a otros magistrados a los que correspondía juzgar al exjuez de la Audiencia Nacional por supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales relacionados con las escuchas ilegales a los abogados del ‘caso Gürtel’. Pese a contar con otro tribunal, Garzón fue finalmente condenado por esta causa y apartado de la Carrera.

El magistrado también emitió en 2012 un voto particular junto con otros tres jueces contra la decisión del pleno de la Sala de Lo Penal del alto tribunal de exonerar al entonces presidente del Supremo Carlos Dívar, recientemente fallecido, del caso de los viajes pagados por el CGPJ al apreciar, al contrario que sus compañeros, que en este caso había indicios de estafa, apropiación indebida y malversación de caudales por parte de su superior.