Carmelo Tajadura.- El próximo jueves los electores tienen una buena ocasión de poner fin al deterioro económico de Cataluña. A los independentistas fanáticos no les importa que retroceda el crecimiento o haya más paro, ya que consideran esos efectos como costes que vale la pena asumir a corto, medio e incluso largo plazo, a cambio de su utopía. Pero la mayor parte de los electores —incluso entre los que hayan votado por partidos que defendían la independencia— no responden a ese perfil, sino que deberían ser sensibles a la economía. Porque votar a los mismos supone seguir la cuesta abajo económica, continuar degradando el nivel de vida de los catalanes y premiar a quienes les han engañado de manera clamorosa con unas supuestas ventajas económicas de la independencia.

Con esos políticos al frente, las empresas que han cambiado su sede no volverían, sino que seguirían deslocalizando parte de su estructura, sobre todo la de mayor relevancia. La inestabilidad política y social llevaría a que un sector de tanto peso en la economía catalana como el turismo siguiera sufriendo como en estos meses. Las ventas de empresas catalanas a su principal mercado —el resto de España— se resentirían aún más en un entorno de enfrentamiento político continuado. El rating de bono basura de la Generalitat podría degradarse adicionalmente. Y, lo más importante, en un escenario de incertidumbre con crisis institucional e incluso inseguridad jurídica, la falta de confianza generalizada postergaría las decisiones de inversión empresarial y de consumo familiar, con graves consecuencias.

Aunque los datos económicos siempre van con retraso el deterioro lo estamos viendo ya: por ejemplo, caída en las ventas minoristas, retroceso en la creación de empresas y en el número de autónomos, descenso en las pernoctaciones hoteleras, reducción en las ventas de coches, huida de activos financieros… Su consecuencia es una desaceleración del PIB y menos puestos de trabajo: nunca Cataluña había destruido empleo en un mes de noviembre (si no era en un escenario de crisis económica general). Esta misma semana la AIReF nos ha dicho que Cataluña en el cuarto trimestre crecerá la mitad que el conjunto de España (desaceleración hasta el 0,49% vs. 0,88%). Y todos los expertos económicos nos dicen que, si el escenario de inestabilidad continúa, el efecto será más intenso.

Para los independentistas «Madrit» es el concepto en el que representan todos los males, pero lo que han conseguido es que la economía de Madrid logre el «sorpasso» en nivel absoluto de PIB a la de Cataluña. Si no se ha producido ya, ocurrirá en los próximos datos. Ese es el fruto de las prioridades equivocadas de los «indepes».

Sin embargo, si la normalidad política se impusiera, volvería también la normalidad económica. La clave es si continúa el «procés» y se sigue sacrificando la economía o no. Está muy claro que ese proceso es caro, porque consume recursos y porque lamina el crecimiento económico. De manera que, para alimentarlo, es necesario tanto elevar la presión fiscal sobre los contribuyentes (Cataluña tiene el IRPF más alto de España) y crear nuevos impuestos como limitar gastos convenientes para el bienestar ciudadano. A los que dudan sobre la independencia conviene recordarles que, en términos económicos, el «procés» es duro mientras se desarrolla y un desastre si triunfara (poco probable). Y, con el atrevimiento de parafrasear a Einstein, podríamos decir que locura es votar lo mismo una y otra vez esperando obtener consecuencias diferentes.

En definitiva, el elector debe decidir su voto pensando sólo en defender su propio interés. Esa es la esencia de la democracia y por eso el valor de todos los votos es el mismo. Que los que se dejan guiar casi exclusivamente por las emociones voten, si quieren, a quienes priorizan su utopía empobrecedora (que ya incluso parece prescindir de la UE). Pero que los catalanes con mayor componente racional voten por el bienestar económico sin dejarse influenciar por la presión ambiental ni por la propaganda.