La Justicia obliga a una antitaurina a retractarse por celebrar en las redes la muerte de los toreros
La Fundación del Toro de Lidia ha logrado la primera victoria judicial tras demandar los mensajes de una usuaria identificada por la Unidad de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, demostrando así que no cabe el anonimato y el refugio en las redes para su denuncia y castigo.
Tras el fallecimiento de Víctor Barrio, la FTL puso a disposición de la Policía todos los mensajes que podían ser constitutivos de delito y que requerían su implicación y trabajo para ser localizados. Uno de estos mensajes fue el de Rocío Cortizo. Tras su identificación, en representación de la familia de Víctor Barrio, la FTL inició un procedimiento judicial que fue admitido a trámite.
Dadas las evidentes pruebas de que iba a ser estimatoria la demanda presentada, se ha alcanzado un acuerdo homologado judicialmente entre las partes. En este sentido, Rocío Cortizo ha aceptado todos los pedimentos solicitados por la FTL para conseguir evitar el juicio.
Como consecuencia, la demandada ha publicado un mensaje de retractación en el que considera que su publicación en redes tras el fallecimiento de Víctor Barrio «supone un grave atentado al honor de todos los toreros y, especialmente, de Don Víctor Barrio».
Por este motivo, Rocío Cortizo afirma que «corrijo públicamente este mensaje», así como «me desdigo y lamento profundamente los daños que he podido ocasionar».
La mujer publicó el 13 de julio de 2016, según recoge Ep: «Pues yo soy una persona que apoyo la muerte de todos los toreros y aquellos que los defienden eso no son humanos son basura por lo cual exterminio. A quién le guste bien y a quien no también, yo de hipócrita no tengo ni el blanco de los ojos y de inhumana menos ya que esos no son humanos no sé ni como podéis lamentaros por unos asesinos en serie».
Con ello, la Fundación celebra la «victoria» porque demuestra que el supuesto anonimato en las redes sociales no impide la denuncia, la identificación y posterior acción judicial contra mensajes que sean injuriosos, calumniosos o de cualquier otra naturaleza.