Joaquín Ramírez*.- El recurso al Tribunal Constitucional planteado por el Gobierno contra la candidatura de Puigdemont y las dudas acerca de su admisión a trámite por el Alto Tribunal ponen el acento en la suficiencia o no de mecanismos legales del Estado para proteger sus instituciones y su ser. Hasta ahora el impulso gubernamental para neutralizar los ataques e incumplimientos de los golpistas contra el Estado de Derecho ha sido una suerte de carrera de obstáculos. La acción compleja de atajar los abusos, la ilegalidad e inmoralidad de los protagonistas del ‘prusés’ ha sido ardua, imaginativa y posibilista. En suma, y a diferencia de la actitud e instrumentos de los que han hecho uso y alarde estos contendientes sin causa, el Estado ha defendido sus posiciones -léase interés general, bien común y máxima representación de la defensa de los ciudadanos- con el debido rigor y exquisito respeto a la ley, la libertad, la democracia y sus garantías. Una lucha desigual que, más allá de la habitual entre la ley y el delincuente, ha puesto de manifiesto que nuestra democracia precisa de la aprobación y existencia de algún que otro resorte para preservar con una mayor agilidad la casa común de los ataques de desalmados, pandilleros y supremacistas del golpismo.

Todos entendemos bien que la Justicia persiga a quien roba, extorsiona, lesiona o mata. Es hora de hacernos cargo de la inmensa gravedad que tienen las acciones que ponen en peligro, rompen la convivencia o socavan los cimientos de la Comunidad. La Nación Española es el producto de siglos de aciertos, batallas épicas, esfuerzo, sacrificio y errores; no es fruto de una casualidad temporal ni la consecuencia de una o varias circunstancias temporales ni recientes. La historia nos lo explica todo ello, la Ciencia de la Historia, que es el resultado de códices, documentos e investigación, una disciplina fundamental que no puede ser derribada con cuatro ni con ciento treinta mentiras, perpetradas por oportunistas voceros que, con mezquindad, debilidad mental y ausencia de escrúpulos intelectuales, han venido a intentar producir una estafa de tamaño sideral.

A veces, a lo largo del tiempo, hay generaciones que no se conforman con atender su importante responsabilidad de afrontar su protagonista papel temporal como titulares de los bienes morales y materiales testados por sus mayores. Más allá de ello, henchidos de soberbia y con una actitud realmente adolescente, pretenden remover, reinterpretar, modificar en profundidad e incluso anular, el legado recibido, hasta llegar a la peligrosa circunstancia de poder destruirlo. Atender a la mera necesidad de un grito o una demanda recién sobrevenidos, despreciando el conocimiento, la objetividad y la amplitud de miras, llegando a comprometer el todo, es la combinación perfecta entre la ignorancia, la soberbia y el populismo más injusto y atroz. No somos un estado plurinacional, porque no pueden improvisarse definiciones ni mucho menos realidades. No somos 200 pueblos, ni 19, ni 17. No tenemos culturas diferentes, ni siquiera por el hecho de la existencia de varias lenguas; los que lo afirman sólo son los aseverantes de una simpleza excluyente más. No somos compartimentos estancos y no podemos establecernos en cantones, pequeñas repúblicas o estados federales, sin comprometer los derechos y la libertad. No podemos darle gusto a un niño comprándole un algodón de azúcar si para ello hay que derribar una torre o lesionar a una multitud. Horas son de que el buenismo dé paso al necesario compromiso de proteger a la comunidad, la convivencia, el respeto y la igualdad. Horas son de despreciar la trampa y la mentira para identificar a sus autores y hacerlos afrontar su responsabilidad.

Siempre ha habido bufones de la corte, su papel es probablemente necesario, pues es bueno saber que somos insignificantes. Puigdemont Casamajó, nieto de andaluces, fanático independentista, iluminado recipiente de cuatro paparruchas y tres chacotas, no tiene empaque ni suficientes corifeos para poner en jaque a la historia, la nación y la democracia españolas. Este nefasto político fugado es sólo el fruto del egoísmo y la supremacía más infundada, amén de la carencia de formación, solvencia intelectual y escrúpulos democráticos más elementales.

La valla con fondo azul y gran policromía dice: «If Catalonia is not Spain, Tabarnia is not Catalonia, because Tabarnia is Spain». (1) Por poco que parezca, en democracia tenemos el derecho y la palabra.

(1) «Si Cataluña no es España, Tabarnia no es Cataluña, porque Tabarnia es España».

*Senador del PP por Málaga