El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha rechazado por segunda vez la puesta en libertad del exconseller de Interior Joaquim Forn al entender que existe riesgo de reiteración delictiva aunque haya renunciado al acta de diputado que obtuvo en las pasadas elecciones del 21 de diciembre.

En un auto, el magistrado desestima el recurso de Forn, que ingresó el pasado 2 de noviembre en la cárcel de Estremera (Madrid) donde comparte celda con el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien también le denegó una vez la puesta en libertad.

Forn declaró ante el juez el pasado 11 de enero que si el nuevo Govern insistiera en la vía unilateral él “se bajaría del barco” y asumió la legalidad constitucional española; hace unos días renunció a su escaño “por motivos personales” para facilitar su defensa jurídica y su salida de prisión.

Pero el juez aprecia riesgo de reiteración delictiva por “la incerteza que existe de que la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal para lograr la aspiración de independencia que aun hoy comparte el investigado”.

Y por “la todavía cercana determinación con la que el investigado condujo su grave actuación delictiva”, aun cuando sus aportaciones tengan que ser necesariamente ajenas a la actividad parlamentaria a la que ha renunciado.

Llarena considera que hasta la fecha, la instrucción confirma la eventual responsabilidad del exconseller en la inacción de los Mossos d’Esquadra ante la convocatoria del referéndum del 1-O y para ello se apoya en la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos, coordinador de Mossos, Policía y Guardia Civil ante el 1-O.

Este último aseguró este jueves que la policía autonómica catalana fue cómplice del Govern en la celebración de la convocatoria ilegal.

Llarena recuerda que Forn fue nombrado conseller cuando otros abandonaban el proceso independentista por no estar de acuerdo con la vía unilateral, como así declararon esta semana en el Supremo Jordi Jané (Interio), Neus Munté (Presidencia); Meritxell Ruiz (Ensenyament) y Jordi Baiget (Empresa y Coneixement).

Forn se incorporó “determinando con sus planes el comportamiento de 17.000 agentes armados e impidiendo que estos hombres y mujeres cumplieran con su obligación básica de observancia de la ley”.

Lo hizo, continúa el auto, “asumiendo que su aportación estaba directamente vinculada a favorecer un estallido social y tolerar un contexto de reacción violenta que amenazó con expandirse”.

Igualmente, destaca que existe un conjunto de elementos que apuntan a que desde el poder político, ejercido por el exconseller, se aprovechó el dominio orgánico y funcional sobre los Mossos para conducir las actuaciones policiales al éxito del referéndum, en vez de cumplir las resoluciones judiciales.

Pero además el magistrado no tiene dudas de que “su ideología coexiste además con un contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de alcanzar la independencia” y que alcanza a “sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse de manera inmediata y perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales”.

Sin nombrar al expresident Carles Puigdemont, el juez explica que “esta última actitud es la que sostiene quien otorgó en día la confianza a Forn para que fuera conseller y quien encabezó la lista en la que el investigado decidió integrarse hace escasas semanas”.