Carme Forcadell votando en el referéndum del 1 de octubre

El exjefe de gabinete de la consejería de Gobernación Jordi Cabrafiga; el director del CTTI, Valentín Arroyo; el director del área TIC de ese organismo, Lluis Domingo Anaya, y dos trabajadores del Centro de Telecomunicaciones han declarado ante el juez que, cuando se percataron de que su trabajo relacionado con el 1-O era ilegal, cesaron en su actividad.

Estas cinco personas han sido citadas a declarar como investigados por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum del 1-O declarado ilegal por el Tribunal Constitucional (TC), y que abrió una causa en la que hay una treintena de imputados, muchos de ellos altos cargos de la Generalitat.

La causa está abierta en este momento por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación, desobediencia y revelación de secretos.

Al acabar las declaraciones, ninguno de estos cinco investigados han querido hacer declaraciones a los medios, si bien el abogado de la acusación popular, que ejerce VOX, Javier Ortega, ha explicado que todos ellos han coincidido en negar que participaran en la toma de decisiones relacionadas con el 1-O.

También han asegurado, según este letrado, que no recibieron órdenes políticas y que, “cuando se dieron cuenta de que lo que se hacía era ilegal, dejaron de lado el trabajo que hacían”, aunque Ortega ha considerado que estas declaraciones forman parte del legítimo derecho a defensa.

En su opinión, la investigación realizada por la Policía y la Guardia Civil confirma la participación “directa” de estas personas en la puesta en marcha de la web del referéndum del 1-O, referendum.cat, y que además intentaron “sortear los mecanismos de bloqueo que habían dictado tanto el juez instructor como la fiscalía”.

El abogado ha explicado que aún queda pendiente determinar quién pago la página web y hasta qué punto la administración participó económicamente en su puesta en marcha.

El juez ha acordado que incluirá en la causa todos los correos electrónicos de los 32 acusados, desde marzo a octubre del año pasado, con lo que, a juicio de este letrado, se podrá demostrar la participación de los investigados en la puesta en marcha de la web.

Los cinco imputados que han declarado hoy han respondido tanto a las preguntas de sus abogados, como del fiscal y del juez, quien ha intentado aclarar varios aspectos técnicos relacionados con la puesta en marcha de la web referendum.cat.

Según otras fuentes del caso, con las declaraciones de hoy el magistrado quería determinar cómo funcionaba la web referendum.cat, quién gestionaba los servidores y quién tenía responsabilidad sobre el dominio.

Jordi Cabrafiga fue el responsable de supervisar el proyecto de la web referéndum.cat, según un informe de la Guardia Civil incluido en el sumario, y de coordinar decisiones con otros departamentos de la Generalitat.

El pasado 8 de septiembre, Cabrafiga, que era jefe de gabinete de la consellería de Gobernación -dirigida entonces por Meritxell Borràs-, pidió a un informático de la consellería de Economía que le mandaran a partir de entonces mensajes a un teléfono “limpio, con SIM nueva y sin rastrear”.

Por su parte, Arroyo ha sido director del CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información), una empresa pública de la Generalitat en la que se integran todos los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la administración catalana, a la que la justicia ordenó bloquear temporalmente sus funciones de consulta de datos antes del 1-O para que no pudieran ser trasladados a otra aplicación para ser usadas durante el referéndum.

Las próximas declaraciones de esta causa están previstas para el próximo día 13, cuando están citados el juez y exsenador de ERC, Santiago Vidal, y el expresidente del Consell Nacional para la Transición Nacional, Carles Viver i Pi Sunyer.