Trapero (en el centro) tendrá que declarar este viernes como investigado

La Fiscalía ha pedido ampliar la investigación por sedición en relación al 1-O a la cúpula de los Mossos que entonces integraba, además del mayor Josep Lluis Trapero, su superior, el director Pere Soler, y el ex secretario general de Interior César Puig.

En un escrito remitido a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que ya ha citado para este viernes como investigado a Trapero por un delito de sedición en relación al 1-O y que pudiera sumarse a otro de organización criminal, la Fiscalía reclama imputar a Soler y Puig, segundo del exconseller Joaquim Forn, por su “decisiva actuación en los hechos objeto del procedimiento” que hasta ahora se había ceñido al asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre.

La Fiscalía, tras recabar informes, constata ahora que la inacción de los Mossos el 1-O “siguió la pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquín Forn -exconsejero de Interior que se encuentra en prisión-, Pere Soler Campins, director de los Mossos, y en la medida correspondiente César Puig”.

“No consta que ninguno de ellos llevase a cabo actuación alguna para evitar el referéndum, sino más bien al contrario”, asegura en su escrito de 30 folios el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que apunta a la inexistencia de “un verdadero dispositivo orientado a impedir la celebración del referéndum”.

La Fiscalía, que enumera 22 actos concretos de esa inacción, considera que ello fue “clave para el logro de los fines del proceso independentista” y obligó a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “en un marco de oposición y resistencia perfectamente organizado, que dificultó sobremanera el cumplimiento de las órdenes” dadas por el TSJC para impedir la votación.

“Estos hechos sólo podían ser consecuencia de una actuación policial coordinada y sujeta a previas instrucciones de los Jefes de Mossos d’ Esquadra y por ende de los responsables de la Consejería de Interior de la Generalitat, en última instancia responsable de la convocatoria del referéndum ilegal, como el Director de los Mossos y el Secretario de Interior”.

A su juicio, todo formaba parte de “una premeditada estrategia perfectamente coordinada, con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, incluidas las policiales parlamentarias y civiles, principalmente a través de asociaciones independentistas, como ANC y Ómnium” y recuerda el relevo que hubo en julio en la cúpula de Interior y de los Mossos ante el abandono de altos cargos reticentes con ese plan.

De este modo “el concurso de voluntades entre todas las personas que integran dicha organización” permitió la celebración del 1-O y la posterior declaración de independencia el 27 de octubre.

Siendo de “especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos d’Esquadra”, ya que “su capacidad investigadora e ‘intimidatoria’ al servicio de la organización y de los fines independentistas era, y fue, imprescindible para proteger las acciones dirigidas a la celebración del referéndum”.

Así, mientras Soler y Trapero “se vieron en la obligación de transmitir la sensación” de que acatarían la orden de cerrar los centros de votación, “en realidad no tenían la más mínima intención de hacerlo”.

Realmente actuaron de “correa de transmisión de las instrucciones” de los responsables políticos “ordenando ejecutar o abstenerse de las órdenes judiciales y del cumplimiento de la Ley”, sostiene el fiscal.

Por eso algunos de los comportamientos de los Mossos pueden calificarse “como auténticos actos de ‘colaboración’ real y efectiva con el referéndum ilegal”, que pasaban por la obstrucción de la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado, el control de sus movimientos y la “connivencia con los responsables de las mesas electorales” para su constitución “y la recogida de las urnas”.

Y considera aún “de mayor gravedad” las actuaciones en las que los Mossos, “de paisano y con vehículos camuflados, controlaron los dispositivos de la Policía (…) alertando a los responsables de las mesas electorales”.

La Fiscalía cree que el dispositivo de los Mossos “contaba con varios objetivos claramente definidos”: “mantener un control total” sobre “las dotaciones policiales”, evitar que se captaran imágenes de los Mossos “durante las intervenciones policiales” o que hubiera contacto físico con las personas en los puntos de votación y saber dónde “había presencia de medios de comunicación u observadores internacionales”.

En este mismo escrito, la Fiscalía solicita a la juez la incorporación a la causa del informe policial sobre las actuaciones y registros del Departamento de Vicepresidencia de las Consellerías de Economía y Hacienda efectuados el 20 y 21 de septiembre del años pasado y documentación relativa al 1-O.

Y pide además, tal y como ayer hizo ante el Supremo, que la causa se declare compleja, lo que implica que la investigación puede prolongarse más allá de los seis meses hasta un máximo de 18.