El Departamento de Asuntos Internos de los Mossos d’Esquadra ha elaborado una propuesta de sanción grave “por falta de consideración y respeto” al agente que defendió ante sus superiores su derecho a redactar las actas en castellano. Esta decisión lleva aparejada la suspensión de empleo y sueldo durante 16 días. La resolución especifica que, con su discrepancia, este policía “desprestigió” a los mandos al llevarles la contraria en presencia de otros agentes.

Los hechos se remontan al 18 de octubre de 2016, cuando el sargento responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano de Sant Andreu reprendió al agente sancionado por elaborar las actas de denuncia en castellano. El mando le recriminó que estaba incumpliendo las pautas establecidas en el comunicado interno que él mismo había elaborado en noviembre de 2009. El agente se negó a acatar la orden, salió del despacho de su jefe y pidió a tres compañeros que entraran para que fueran testigos de la directriz que se le había impuesto.

En presencia de tres compañeros explicó que la prohibición de utilizar el castellano la consideraba “arbitraria” en un tono que Asuntos Internos no duda en calificar de “desafiante”.

Esta propuesta de sanción se produce en plena vigencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, con los Mossos bajo el mando del Ministerio del Interior. Esto es, con la Generalitat bajo las órdenes del Gobierno.

El agente en cuestión ha esgrimido en su defensa, ejercida por el Sindicato de Policías de Cataluña (SPC) y sus letrados Javier Aranda y Sandra Melgar, que la orden que recibió era “ilegal e ilegítima”. Y que en lugar de reconocerle el haber “sacado a la luz una práctica ilegal por parte de un miembro del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, jugándose su dinero y su trabajo, se le ha obsequiado con un expediente” que tilda abiertamente de “montaje”.

La cuestión estriba en que por parte de la dirección del Cuerpo se estableció que los formularios de las denuncias debían ser redactados íntegramente en catalán. Y que, incluso en los supuestos en los que el denunciante es castellanoparlante, hasta los encabezamientos deben ir en catalán. Este agente planteó que “en la mayoría de los casos los denunciantes se llevan”, por citar un ejemplo, “el apartado de derechos en un idioma que no conocen”. “Por lo que cuestiones de comprensión básica sobre qué se está haciendo, qué implica esa denuncia y qué puede hacer después el ciudadano se redactan en catalán vetando al ciudadano sus derechos más elementales”.

A juicio de este policía, la mencionada orden interna “vulnera diferentes preceptos actualmente vigentes”. Es el caso del artículo 3 de la Constitución española, que establece que “el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el derecho a usarla”. Pero también la Ley Orgánica 6/2006 de 19 de julio de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que estipula que “todas las personas tienen derecho a utilizar las dos lenguas oficiales”.

En este sentido, ha recalcado que “el uso del catalán puede ser normal y habitual, incluso preferente en la Administración pública, pero nunca excluyente, como se realiza en el comunicado interno de 11 de noviembre de 2009, que excluye el castellano en el encabezado y otros apartados de las denuncias donde constan derechos o acciones que el ciudadano debe entender”.

Asimismo, ha recordado este agente que “la obediencia debida en ningún caso podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que sean contrarios a la Constitución o a las leyes”.

Frente a estos argumentos, el Departamento de Asuntos Internos de los Mossos despachó su propuesta de sanción grave subrayando que “la instructora considera que no es necesaria ningún tipo de justificación más allá del propio relato de los hechos”. Por lo que sostiene que debe ser impuesta “la sanción mínima aplicable al tipo disciplinario infringido”.