LR.- Desde que entró en vigor la aplicación del artículo 155 en Cataluña, por acuerdo del Consejo de Ministros se han movilizado más de 1.500 millones de euros para atender la prestación de los servicios básicos, desbloquear las estructuras paralizadas, atender el pago a los empleados públicos, proveedores y ayuntamientos, e impulsar la creación de empleo. Centenares de millones también se han desbloqueado en los acuerdos entre Ministerios y Consejerías que no es necesario que pasen por Consejo de Ministros. Éste es el último balance del que el Gobierno informará este jueves en el Senado.

La Generalitat sigue bloqueada por la falta de acuerdo entre los partidos independentistas. Aunque la información que manejan en el Ejecutivo apunta en la dirección de que no habrá repetición de elecciones. El 30 de marzo se cumplen dos meses desde la intentona fallida de investidura de Puigdemont y todo sigue abierto, y a la espera, además, de que se pronuncie el Tribunal Constitucional (TC) sobre el momento en el que se debe poner en marcha el plazo legal para la nueva disolución del Parlamento catalán. Moncloa se inclina por que «in extremis» el independentismo sellará un acuerdo que les evite pasar de nuevo el examen electoral. Pero, mientras, sigue en vigor el 155 y el atasco en la aprobación de los Presupuestos de 2018.

El Gobierno de Rajoy ha optado por aplicar una intervención «de mínimos», y ésa sigue siendo la posición con la que afronta el futuro aunque el bloqueo obligará a mantener activo el 155, según confirman fuentes oficiales. Su continuidad coloca, no obstante, al Gobierno ante el reto de seguir tomando decisiones para mantener el normal funcionamiento de la Administración catalana, que tocan por calendario, y algunas de ellas son más problemáticas que otras. El principal problema es gestionar el arranque del nuevo curso escolar bajo la demanda de que utilicen la intervención para garantizar que se hace efectivo el mandato judicial de que el castellano también sea lengua vehicular, junto con el catalán. Educación está dando vueltas para no enfrentarse al problema y, de momento, la estrategia ha sido golpear el balón hacia adelante y retrasar hasta abril el proceso de matriculación.

Hasta ahora el 155 sí ha servido para revertir la paralización y normalizar el funcionamiento de la Administración catalana. El clima social ha mejorado, no ha habido altercados y esa aplicación de mínimos sí ha sido eficaz para corregir la situación en la que se había colocado la Generalitat en la última etapa del «procés». La gestión del Gobierno central de la Generalitat ha confirmado que el Ejecutivo de Puigdemont desatendió la tramitación de importantes contratos de Justicia relativos a servicios básicos como limpieza, vigilancia, seguridad o traducción. En concreto, redujo los acuerdos sobre Justicia un 46 por ciento en un año. Sobre Educación, en un 26 por ciento. En Sanidad, un 28 por ciento. En Asuntos Sociales, un 30 por ciento. En los últimos dos meses el Consejo de Gobierno de la Generalitat no aprobó ningún acuerdo sobre Seguridad. Sólo aprobó uno sobre Justicia en los últimos tres meses. Y había subvenciones pendientes de pago desde hace cuatro años, además del bloqueo de convenios y de ayudas.

Desde que el Senado aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución se han celebrado 19 Consejo de Ministros, en los que se han aprobado 172 acuerdos relativos a Cataluña, que han servido para desmovilizar los más de 1.500 millones de euros arriba referidos. Primer objetivo fue detener el desvío de dinero público para la independencia. Después, garantizar la prestación de los servicios públicos y la atención a los sectores más desfavorecidos, sostiene el discurso del Gobierno. Las cifras hablan, no obstante. Por citar algunos ejemplos, en Sanidad se han destinado mediante transferencia de créditos 5,5 millones de euros para atender la compra de servicios sanitarios «atención hospitalaria de agudos»; 1,5 millones para atender la propuesta de inversiones destinadas a asumir la actividad asistencial; y 500.000 euros para mejoras en el Hospital de La Vall d’Ara. El Consejo de Ministros también ha autorizado el gasto de 2,9 millones de euros para la contratación de servicios de visitas médicas especializadas y pruebas complementarias. Y se ha iniciado el procedimiento para la contratación de los servicios de cocina y cafetería en hospitales por importe de 40,6 millones.

Asimismo, han convocado 2.000 plazas para maestros y profesores después de siete años sin ninguna convocatoria de acceso a la función pública docente en Cataluña. Se ha resuelto la concesión de subvenciones por una cuantía global de 107,7 millones de euros; se han destinado mediante transferencia de créditos 8,2 millones de euros para las universidades públicas catalanas; o se ha autorizado el gasto para el funcionamiento de centros educativos de titularidad municipal por 7,2 millones de euros.

En materia de servicios sociales, entre otras decisiones el Consejo de Ministros ha tramitado de forma urgente la renta garantizada de ciudadanía, por la que cada mes se dedican 19 millones de euros para 26.000 personas en situación de vulnerabilidad, y 1,7 millones de euros para prestaciones mensuales a 4.155 menores en situación de riesgo. También se ha autorizado la adjudicación de tres contratos para gestionar plazas residenciales y servicios asistenciales destinados a niños y adolescentes tutelados por la Administración autonómica, con un presupuesto de 2 millones de euros.

Y otras tantas cantidades han sido desmovilizadas en empleo, justicia o seguridad. Por ejemplo, el Consejo de Ministros ha modificado la oferta parcial de empleo público del cuerpo de Mossos para 2017 con la finalidad de incluir 455 plazas de nuevo ingreso. Para impulsar las infraestructuras públicas han aprobado distintas ampliaciones y regularizaciones presupuestarias por importe de 18 millones de euros para infraestructuras deportivas destinadas a los Juegos del Mediterráneo de Tarragona. Mientras que para atender las necesidades de los ayuntamientos se abonaron 1.100 millones de euros entre septiembre a diciembre a ayuntamientos y diputaciones. Estos abonos se han hecho puntualmente, frente al histórico retraso que tenían estos municipios para cobrar de la Generalitat. En la función pública, por citar otro capítulo, el Consejo de Ministros ha autorizado el gasto de 10 millones de euros para el vestuario del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat y de 1 millón de euros para el mantenimiento de las instalaciones de los centros de trabajo de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. También ha autorizado el gasto de 20 millones de euros para financiar el suministro centralizado de vehículos para atender a las necesidades de distintos departamentos de la Generalitat.

Éstas son algunas de las cifras que recoge el último balance del Gobierno sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución con vistas a la comparecencia de esta semana en la Cámara Alta. En paralelo, el Gobierno ha medido al milímetro su presencia en Cataluña durante estos meses para contribuir también a rebajar la percepción social de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la capacidad independentista de «manipular» su significado y alcance. Dentro del PP ha habido partidarios de forzar más la máquina y aprovechar la situación para corregir «desviaciones» de la utilización independentista de la autonomía, pero Rajoy las ha parado y no se ha movido hasta ahora de una «gestión estrictamente administrativa».