Jordi Turull

La Generalitat de Cataluña malversó al menos 1.602.001,57 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum del 1 de octubre. De ellos, unos 1.400.000 fueron gestionados por Presidencia, la consejería que dirigía el candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Turull.

Esta es una de las conclusiones que figuran en el informe final remitido al juez de Tribunal Supremo Pablo Llarena, al que ha tenido acceso Efe, en el que la Guardia Civil detalla el gasto público acreditado y cuantificado para financiar el 1-0 aunque precisa que faltan aun por cuantificar otras partidas vinculadas al referéndum.

Hasta la fecha, el gasto público que podría considerarse malversación de caudales públicos, acreditado y cuantificado por la Guardia Civil y que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, es de 1.602.001,57 euros, divididos en cuatro grandes partidas.

La campaña de publicidad impulsada desde la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), con los dos anuncios de las vías, el que no aparece y en el que sí aparece la palabra referéndum 1-O y las emisiones con las instrucciones para votar costó 277.804,36 euros, financiados y gestionados por el departamento de Presidencia que dirigía el actual candidato a la presidencia, Jordi Turull.

De hecho, el exconsejero en un correo enviado al exvicepresidente Oriol Junqueras solicitó una aportación extraordinaria de 3.430.000 euros para una campaña de contenido cívico, un gasto que fue autorizado por Vicepresidencia puesto que dicha licitación salió a concurso, aunque finalmente no se adjudicó.

Sucedió así cuando “las empresas licitadoras (FOCUS, CARAT) se dieron cuenta de que no se trataba de una campaña de civismo sino de una campaña política que estaba siendo ocultada bajo el término de CIVIE”.

Es por ello que los investigadores creen que si bien la campaña no fue adjudicada a ninguna empresa y se declaró desierta, ésta se llevó a cabo de forma parcial, a través del anuncio de las vías en en TV3 y en algunos medios de prensa escrita y digital.

Presidencia también estuvo detrás de la campaña “SI o NO” de registro de catalanes en el exterior para realizar el voto en el referéndum que fue de 224.835 euros.

El contrato con Unipost para las papeletas, el censo electoral y las citaciones de las mesas electorales fue de 979.661,96 euros, aunque “la Generalitat asumió el gasto repartido en cinco departamentos, de forma que permitiese de una mejor ocultación del gasto destinado al referéndum” que fueron Vicepresidencia, Cultura, Trabajo, Salud y Presidencia.

Por último está la investigación en torno a Diplocat, por su presunta actuación en la contratación de los observadores internacionales que según la Guardia Civil fue de 119.700 euros.

La herramienta diplomática del Govern firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studieses, cuyos “servicios prestados son realizados en el marco del asesoramiento que se pretendía de esa institución para el desarrollo del 1-O, como observadores internacionales”.

Diplocat realizó dos trasferencias desde sus cuentas en Bruselas a esta institución los días 21 de septiembre y 9 de octubre en concepto “contrato de servicios”.

Las líneas de investigación acerca de que la Generalitat había ordenado o autorizado, que los costes vinculados con la logística del referéndum se financiaran con dinero público, se han visto reforzadas con la localización del correo remitido por el número dos de Trabajo, Josep Ginesta Vicente, a la exconsejeroa Dolors Bassa.

En este correo, “se demuestra que el Govern mediante un acuerdo tomado por todos los miembros de mismo aprueban el gasto y las acciones necesarias para hacer efectiva la celebración del referéndum” mediante “una votación que pretenda gozar de cierta legitimidad” el 1-O.

Al margen de estas cifras, la Guardia Civil destaca que hay otros aspectos logísticos que se recogen en este correo que se han financiado por la Generalitat para la celebración del referéndum, pero que todavía no se ha podido acreditar la cuantía económica.

Hasta ahora “se tiene el conocimiento fehaciente” de que la Generalitat participó en la confección, impresión y aprovisionamiento de material electoral así como en la elaboración del censo electoral y en el registro de catalanes en el exterior.

Pero también en la elaboración de la página web referéndum.cat y la reserva de dominios y servicios de hosting; en el registro de voluntarios para el 1-O; y en la creación e instalación de un call center.