Rajoy y Merkel.

AR.- Quiera Dios que me equivoque. Nada me gustaría más que equivocarme y tener que decir Diego donde dije digo, pero me barrunto lo peor en el caso de la extradición de Carles Puigdemont. Por fortuna, el sistema de enseñanza bajo el que crecí, a salvo de sofismas e inmersiones ideológicas, consolidaron en nosotros la idea central de que los españoles nos teníamos solo a nosotros mismos para resolver nuestros asuntos, y que poco o nada debíamos esperar de esos pequeños y dispersos retretes multiculturales que se hacen llamar Unión Europea.

A Carrero Blanco lo asesinaron porque era nuestro último bastión contra la pérdida de soberanía que los tecnócratas del régimen de Franco, ayudados por un amplio sector del monarquismo y de la Iglesia, querían ceder a naciones extranjeras e históricamente enemigas nuestras. No hay argumento más demoledor contra esa pérdida de soberanía, que la perspectiva que se nos presenta hoy a los españoles: la suerte procesal de quien ha intentado romper España, en estrecho consorcio con la sedición y la violencia, en manos de otros países. Tan intolerable como establecer la responsabilidad criminal de un violador en torno al criterio de si utilizó o no la suficiente fuerza contra la víctima para inmovilizarla.

Me barrunto lo peor porque dudo que quienes llevan años intentando la estrangulación de España, el país europeo más refractario a aceptar el nuevo orden mundialista, ya desde las masivas manifestaciones en la plaza de Oriente contra la ONU y contra Europa, vayan ahora a aflojar la cuerda que aprieta nuestro gaznate. Supongo que el lector será consciente de las gravísimas consecuencias que tendría para España el rechazo alemán a la extradición de Puigdemont. De entrada supondría su retorno triunfal a Bélgica, donde muy previsiblemente quedaría en libertad sin cargos, sin duda un escenario demoledor para la imagen ante el mundo de nuestras instituciones.

Cabe contemplar también un segundo escenario casi tan malo como el anterior: que Alemania acepte la extradición de Puigdemont por el delito menor; es decir, el de malversación, que implicaría penas de apenas dos años de cárcel y que cambiaría drásticamente la situación del resto de encarcelados, ya que nadie concibiría que, mientras al jefe de la banda se le encarcela por espacio de 24 meses, la exconsejera Dolors Bassá tuviese que hacer frente a una pena de 30 años de prisión.

España se encuentraría así ante uno de sus peores envites históricos. Todo depende pues de lo que decida Alemania. Los soberanistas lo saben y no es extraño que estén dedicando todos sus esfuerzos y medios económicos a la tarea de jugárselo todo a la carta de triturar la imagen de España, en coordinación con los medios subvencionados catalanes e importantes plataformas mediáticas internacionales.

En el tiempo que ya dura el conflicto catalán, hemos acusado al Gobierno de Rajoy de pusilanimería y tibieza, de ceder a los intereses económicos de los separatistas. Pensemos sin embargo en el estrecho margen de maniobra que tiene el Gobierno cuando compete a organismos internacionales la toma de decisiones que pueden terminar avalando las maniobras golpistas de los secesionistas. La última, la admisión a trámite por la ONU de una demanda de Puigdemont contra el Estado español. El gobierno, por desgracia, está atado de pies y manos. La soberanía de España, insistimos, murió con Carrero Blanco. Muchos simulan no enterarse, incluidos los que con tanto entusiasmo reclamaban en la transición la entrada de España en todos esos organismos supranacionales que hoy nos imponen sus condiciones a la hora de solucionar nuestros conflictos internos. Ahora no deberían quejarse si los órganos jurisdiccionales europeos dejan en barbecho nuestra soberanía judicial en base al principio, que nosotros siempre hemos defendido, de que las reglas de los países obedezcan a sus singularidades y particularidades históricas.

El coche de la policía que transporta a Puigdemont llega al centro de detención de Neumuenster.

Sabe el lector lo que opinamos sobre las instituciones europeas, punta de lanza de la estrategia globalista de demolición de los estados nacionales. Si tuviésemos un gobierno comprometido de verdad con el destino histórico de nuestra patria, lo primero que debería hacer es renunciar a la tutela de la Unión Europea, sobre todo si esa tutela beneficia a los que se alzan contra España, y reclamar a Rusia nuestra protección. Es lo que propone Soluciona en su programa político, justificando esta medida en base al contexto político internacional, marcado por la decadencia de Europa y la reducción de su papel al de mero comparsa de los intereses de la élite globalista.

Reclamamos que España pueda convertirse en el primer país europeo que encienda la mecha de la cooperación bilateral en la defensa de nuestros intereses comunes en el ámbito de una Europa de las patrias independiente de la Unión Europea, lo que sin duda arrastraría a otros países de nuestro entorno, donde los sentimientos antiglobalistas están bien latentes en millones de personas. Si estados extranjeros tienen el poder de cambiar nuestro destino como nación, reivindiquemos entonces nuestra alianza con un aliado natural, Rusia, frente a los injerencias de países tan repugnantes como Bélgica o Suiza, y también contra la propagación de la revolución secular y social hedonista de Occidente, de la que el separatismo catalán es una de sus piezas.

Someto a la consideración de los lectores esta reivindicación, que debería desbordar de indignación las calles españolas, en el caso de que Alemania rechazase la orden de extradición cursada por el juez Llanera para que el traidor Puigdemont pueda ser juzgado de acuerdo a las leyes del país que ha querido destruir.

Si se consuma la tragedia y la justicia alemana decide no extraditar a Puigdemont, a contrapelo de las leyes vigentes y de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales españoles, lo que al mismo tiempo se estaría produciendo es la liquidación del Estado de Derecho y del régimen del 78. La unidad nacional está por encima de las normas de otros países. El poder civil lleva años renunciando al principio de autoridad frente a los delincuentes separatistas. Este régimen estaba tan carcomido que un golpecito nos tiene a todos con el alma en vilo. Casi todos los políticos quieren premiar a los golpistas a cambio de que se contenten con saquear todavía más al Estado. El Gobierno de Rajoy, en vez de arrestar a Puigdemont, dejó que se fugara. La izquierda y Ciudadanos juegan a las encuestas en vez de afrontar el desafío con la determinación y el coraje que un país como España merece. De la extrema izquierda, nadie en sus cabales espera nada bueno. Ningún partido con representación parlamentaria pide ilegalizar a los golpistas. Un Estado que renuncia a defenderse no es Estado, es un cadáver. Por eso es imperativo que, si Puigdemont finalmente se sale con la suya, exijamos como última salida un gobierno de emergencia nacional.

Cortes de carretera en Cataluña.

Por otra parte, queremos tener esperanza en el papel de las Fuerzas Armadas ante una situación límite. Queremos creer que el principal rasgo distintivo de los militares españoles sigue siendo su patriotismo. El papel arbitral del Ejército ante esa situación límite debe ser el de restablecer el orden legal de acuerdo al mandato constitucional. Si el poder civil no lo hace, deben ser los militares los que defiendan las fórmulas legales que reglan nuestra convivencia dentro de una patria común e indivisible.

Nunca en la historia de este país, ariete de la civilización occidental, ni siquiera durante el periodo en el que fue proclamada la república catalana desde un balcón de la Generalitat, el número de traiciones al pueblo había sido tan alta. Los separatistas catalanes están arrastrando a nuestro país a una quiebra de consecuencias imprevisibles. España corre el riesgo de ser pasto de las llamas y difícilmente un pirómano, y mucho menos un traidor al servicio de la élite de Bruselas, puede tener legitimidad moral para imponer su autoridad a millones de españoles.

Solo los políticos fueron incapaces de prever lo que todos sabíamos. Confiar en los Mossos y en los dirigentes secesionistas catalanes ha sido un error de proporciones históricas. Un desatino que sumar a los que nos han llevado a este bochorno, sin precedentes en Europa.

Reiteramos la urgencia de una solución correctora que permita regenerar una situación que solo puede empeorar si continúa en las mismas manos.

Muchos españoles reconocen ya que están siendo conducidos al suicidio asistido a bordo de una democracia que se ha demostrado incapaz de resolver los grandes problemas nacionales. El régimen instalado en España entre 1939 y 1975 pudo adolecer de muchas cosas, pero no de contemporizar con quienes ya entonces pretendían reducir a escombros el país, empleando los mismos métodos eutanásicos que hoy están resultando tan efectivos.

(ABC)

La multiculturalidad ha fracasado, la violencia se dispara en las calles, aumenta el empobrecimiento de la población, se fomenta el odio antiespañol en ayuntamientos y gobiernos autónomos pagados por todos, el ensayo globalista está cubriendo de telarañas mentales las expectativas vitales de nuestros jóvenes y los políticos, entre tanto, lacayunos y cobardes, carecen de la suficiente y necesaria categoría moral para reconocer sus errores. En un ejercicio máximo de generosidad, podíamos conceder a algunos de sus miembros el beneficio de la bienintencionalidad, pero esas buenas intenciones quedan anuladas a la luz de los acontecimientos y del deliberado empeño por encubrir a sus inductores.

Por ello, ante la falta de compromiso de los principales partidos con España y su continuidad como nación, se abre ante el pueblo español una disyuntiva: o un proceso que se precipite en la traumática liquidación del sistema institucional, por el empeño de mantener una inequívoca normalidad ‘democrática’ o la instauración de un cambio a la esperanza, que pasa por la inevitable fase nacionalizadora de un sistema que debe dejar de estar a las órdenes de ese puñado de malditos eurócratas, que podrían dejar sin efecto la respuesta del Estado al golpe separatista catalán. O lo que es lo mismo, firmar el acta de defunción de la desconsolada nación española.