El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

Por Roberto Centeno.- El grupo de profesores y economistas independientes (¹) que hemos venido cuantificando la manipulación sistemática de la contabilidad nacional desde febrero de 2008, cuando MAFO publicó un crecimiento del PIB en el cuarto trimestre del 0,8%, que comparaba con el 0,7% del tercer trimestre, cifra confirmada poco después por el INE, lo que significaba que la economía española, justo al contrario del resto de economías desarrolladas cuyo crecimiento se había desplomado, seguía creciendo, lo que permitiría a Zapatero ganar de nuevo las elecciones, analizamos hoy, utilizando las propias cifras oficiales, cómo el Gobierno ha vuelto a mentir sobre el déficit y los ingresos públicos correspondientes a 2017.

Y lo más importante, no solo que el 80% de la población se haya empobrecido desde 2008 y destruido un 12% de la clase media, no solo que la tasa de paro se haya duplicado (desde el 8,6% en 2007 al 16,5% en 2017), no solo que el riesgo de pobreza esté en máximos históricos (más de 13 millones de personas) y seamos el país con mayor desigualdad de Europa —la renta de los hogares jóvenes, aquellos cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años, cayó en un 22,5% entre 2011 y 2014, y en términos de riqueza neta la situación es aún más dramática, cayó en un 46%, solo tienen deudas, algo que no ha sucedido en ningún otro país— o que el sistema de pensiones esté quebrado.

Lo verdaderamente relevante que resume el desastre económico a que nos ha llevado el régimen del 78 —algo que todos los analistas y medios casi sin excepción están ocultando a los españoles— es que el país entero está quebrado, es decir, que lo peor está por llegar.

Montoro y Urkullu.

La deuda pública total (pasivos en circulación) —que no la falsa cifra de la deuda PDE, una convención contable de Bruselas que no recoge toda la deuda aunque la clase política y los medios la presentan como tal— es del 138% del PIB oficial, y sobre todo que por cada euro de crecimiento oficial necesitamos endeudarnos en varios euros —casi dos en 2017—, una situación en la que hasta un niño de primaria se daría cuenta de que España no camina hacia la recuperación sino hacia la suspensión de pagos, algo que sucederá en cuanto el BCE deje de comprar deuda y empiece a elevar los tipos de interés hoy negativos. Esta es la realidad y todo lo demás es simplemente negarse a contemplar los grandes agregados macroeconómicos y extrapolar las consecuencias, como ha ocurrido con las pensiones. Y sobre todo mantener el despilfarro político que supone el Estado autonómico, que es quien está llevando a la ruina a esta gran nación.

El pasado martes santo, el ministro Montoro compareció en rueda de prensa para anunciar que España había cerrado el año 2017 con un déficit del 3,07% y para presentar las cifras generales del, nuevamente optimista, proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. Se mostraba contento porque, según él, España había cumplido el objetivo de déficit con Europa, aunque se mostró molesto cuando algún periodista le preguntó las razones por las que el Gobierno no había contraído un poco más el déficit siete centésimas (cosa bastante sencilla) para llegar al 3% y de ese modo que España pudiera abandonar el dudoso honor de ser el único país que se mantendría en 2018 bajo el Protocolo de Déficit Excesivo. Una vez más, y sin que le tiemble el pulso, porque con una oposición de indocumentados y unos medios a su servicio nadie le pide la verdad, ha vuelto a mentir en todas las cifras esenciales.

En primer lugar, si tomamos las cifras publicadas por el Banco de España, la financiación de las administraciones públicas ha necesitado un endeudamiento de 36.233 millones de euros en 2017, precisamente para cubrir el déficit de tres de las cuatro AAPP. La cuarta, la Seguridad Social, ha necesitado sacar del Fondo de Reserva 6.834 millones para cubrir el déficit. En total, 43.067 millones de euros.

Por lo tanto, como mínimo, el déficit de 2017 ha sido el 3,7% del PIB (eso si hacemos como que nos creemos la cifra de PIB) y no el 3,07%. Es decir, España, a diferencia de lo que el Gobierno afirma, ha incumplido el objetivo que tenía acordado con Bruselas.

En segundo lugar, Montoro mostró en unas diapositivas a los asistentes a la rueda de prensa las cifras de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. En ellas, afirma que se recaudaron 198.000 millones de euros en 2017. Sin embargo, lo cierto es que, según los datos publicados por la Agencia Tributaria, la recaudación en 2017 fue de 193.951 millones de euros. Por lo tanto, Montoro ha vuelto a incumplir por enésimo año el objetivo de Presupuestos, ya que pronosticó una recaudación de 200.963 millones y se ha quedado más de 7.000 millones por debajo.

En tercer lugar, en esas mismas diapositivas, Montoro pronostica una recaudación ‘récord’ para 2018, nada más y nada menos, que de 210.015 millones de euros que le permita alcanzar el objetivo de déficit del 2,2% pactado con Bruselas. Esto supone una subida del 8% sobre 2017. Sin embargo, esta previsión, tanto de recaudación como de déficit, es pura ciencia ficción si tenemos en cuenta las diferentes partidas incluidas en los Presupuestos (pendientes de aprobarse en el Congreso) que reducirán la recaudación (reducción del IRPF y otras deducciones) y aumentarán el gasto (subida salarial de funcionarios, equiparación salarial, subida de pensiones, etc.). Mal empieza Montoro, ya que solo en los dos primeros meses del año la recaudación apenas ha crecido un 2,5%, mientras que los gastos de la Seguridad Social han crecido otro tanto.

En cuanto a la Seguridad Social, el agujero total en 2017 ascendió a 35.416 millones, cifra que no han visto Uds. por ningún lado pero que es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Esta cifra incluye tres partidas: la primera, las ‘Transferencias corrientes’ del Estado, 16.475 millones, para pagar fundamentalmente los complementos mínimos y las pensiones no contributivas; la segunda, “Activos financieros”, con 8.748 millones de los que casi 7.000 es lo sacado de la hucha de las pensiones, y finalmente, “Pasivos financieros”, 10.193 millones, que es la aportación directa del Estado conseguida a través de un incremento de la deuda pública en la barra libre del BCE. Cara a 2018, la situación se presenta peor aún, ya que los PGE 2018 como antes los de 2017, y como antes todos los demás, son de pura ciencia ficción. Y es que el problema de las pensiones es de sostenibilidad y no de revalorización, como erróneamente creen la mayoría de pensionistas, que una vez más se han dejado engañar por las migajas que Rajoy y la casta política al completo acaban de ofrecerles. Pronto saldrán de su error.

En conjunto, y como ya hemos explicado, la deuda total de las administraciones públicas, según los datos publicados por el Banco de España, ha alcanzado la descomunal cifra de 1,6 billones de euros, es decir, el 138% del PIB. En seis años, el Gobierno de Rajoy ha endeudado a los españoles en 646.378 millones de euros, la cifra más alta en términos de PIB de toda la historia. Solo en 2017, la deuda ha aumentado en 53.816 millones de euros. Esta evolución demuestra que el nivel de recaudación sobre la deuda hace imposible la amortización de la misma, colocando a España en una situación extremadamente grave ante el inminente cese (anunciado por Mario Draghi) de la compra de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo, lo que puede provocar el colapso de las cuentas públicas al no poder acceder al nivel de financiación requerido, con la correspondiente subida de tipos que dispararán el déficit público.

En conclusión, España ha vuelto a incumplir el objetivo de déficit con Bruselas. El Gobierno ha incumplido los Presupuestos de 2017 y ha elaborado unos Presupuestos para 2018 imposibles de cumplir, ya que no ha aplicado medidas correctoras (por ejemplo, la reducción de gastos superfluos, industria política, duplicidades e ineficiencias o reducir coste de intereses amortizando deuda) para corregir los efectos negativos de reducción de recaudación tributaria y aumento del gasto público que provocarán las nuevas medidas incluidas. Además, ha cometido el gravísimo error de considerar que podrá seguir emitiendo deuda sin problema a unos tipos de interés muy bajos durante todo 2018, cosa que no ocurrirá a partir de otoño, provocando un aumento considerable del gasto y la asfixia de las cuentas públicas, poniendo en cierto peligro el pago de las pensiones y los salarios públicos a partir de 2019.

¹Roberto Centeno, catedrático de Economía de la UPM.
Juan Laborda, profesor de Economía.
J. C. Bermejo, economista y empresario.
J. C. Barba, analista económico y empresario.