La investigación por financiación ilegal acorrala al PSPV y a Compromís
Ximo Puig este martes en Valencia.
La investigación abierta por cuatro juzgados (dos de Madrid, uno de Gandía y otro de Benidorm) por la presunta financiación irregular del PSPV-PSOE y el Bloc (principal partido de la coalición Compromís) entre los años 2007 y 2011, han situado al Gobierno que forman ambos partidos en la situación más delicada de la legislatura, con sus socios de Podemos amenazando con una posible ruptura y en puertas de una comisión de investigación parlamentaria.
La documentación revelada, en la que figuran facturas y correos que revelarían los supuestos pagos por parte de empresas para sufragar gastos electorales o adjudicaciones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a una empresa vinculada a los socialistas valencianos, ha provocado las primeras consecuencias políticas una vez finalizada la Semana Santa.
Este martes, Ciudadanos ha registrado en la Mesa de las Cortes Valencianas la solicitud de creación de una comisión de investigación. El objetivo de la formación naranja pasa por citar, entre otros, al propio Zapatero y a la exministra de Medio Ambiente y actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
Ximo Puig promete un «estriptís» contable
La supuesta trama de corrupción, según los documentos a los que ha tenido acceso ABC, habría operado de forma similar a otras como Gürtel. Sin embargo, Puig negó este martes cualquier parecido respecto a la organización delictiva que trabajaba con el PP a pesar de los documentos que investigan los juzgados y muestran que los gastos electorales de los partidos se acababan facturando a diversas empresas. La marca ejecutora fue, en este caso, Crespo Gomar, una sociedad constituida en 2001 y extinta desde 2011.
La sociedad también recibió contratos del Gobierno central durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, quien el próximo miércoles, en plena investigación judicial y con la tormenta política instalada en el Parlamento autonómico, dictará una conferencia en Valencia bajo el título de «Democracia y convivencia».
Zapatero, quien también participó en actos de campaña pagados por donantes del PSPV, será presentado por Ximo Puig, quien goza de la «confianza y apoyo para esclarecer las dudas» que hay sobre una presunta financiación ilegal del PSPV por parte del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien le ha dado vía libre para «actuar con total contundencia» si las sospechas se confirman.
Contratos en la etapa de Zapatero y Narbona
Imagen de Sánchez, Zapatero y Narbona tomada en Madrid.
Los citados contratos se analizan en dos juzgados de Madrid. En total, se trataría de seis por más de un millón de euros. Entre ellos, tal como publicó este periódico en 2009, se encuentran dos del Ministerio de Medio Ambiente en la etapa que lo dirigía Cristina Narbona: uno de AquaMed para la campaña de la desalinizadora de Torrevieja por 600.000 euros y otro de Aguas del Júcar por 234.700 euros para un plan de comunicación sobre infraestructuras hidráulicas en 2005.
El propio presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha recogido el guante de Ciudadanos y se ha mostrado favorable a la comisión de investigación. De hecho, ha constituido una comisión interna en su partido para analizar el caso y ha prometido un «estriptís» de las cuentas de una formación que, ha recalcado, «tiene problemas económicos por luchar contra la corrupción».
Ni estos argumentos ni los esgrimidos por la vicepresidenta de la Generalitat y cooportavoz de Compromís, Mónica Oltra han convencido a Podemos.
Imagen de una de las facturas que obran en poder de los investigadores.
La formación morada se inclina inicialmente por aceptar la comisión de investigación que pide Ciudadanos y, al tiempo, ha reclamado una reunión urgente a sus socios parlamentarios. El Ejecutivo de socialistas y nacionalistas se sustenta gracias al apoyo de Podemos, que ha advertido de que habrá «consecuencias» si se confirman los extremos de la investigación que apuntan a la presunta financiación irregular de PSPV y Bloc. «A nosotros nos interesa que quien la haya hecho que la pague sea quien sea», según ha advertido el secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ.
Los cuatro juzgados encargados del caso tras la inhibición parte dela titular de Instrucción número 21 de Valencia investigan la comisión de los los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación, malversación y delito electoral -aunque este último habría prescrito-
